Greenpeace presenta una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la falta de información de la Secretaría General de Pesca
Greenpeace ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la Secretaría General de Pesca por no responder, en el plazo previsto por la ley, a un requerimiento de información sobre la actividad ilícita de un pesquero gallego en alta mar.
El pasado 8 de junio, Greenpeace denunció públicamente que el buque Naboeiro había cometido infracciones graves contra la normativa europea, como la captura y subida a bordo de tres ejemplares de una especie de tiburón no permitida, el tiburón zorro ojón (Alopias supercilious), y el cercenamiento de aletas de tiburón a bordo, una pŕactica ilegal que amenaza a la fauna marina.
Ese mismo día se presentó una solicitud formal de información a la Secretaría General de Pesca respecto a la actividad del palangrero gallego Naboeiro, para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido, así como determinar si el buque había registrado dichas capturas accidentales en el Diario Electrónico de Abordo (DEA). Dicha solicitud incluía información esencial como el registro electrónico de la actividad del barco, su localización por satélite durante esa jornada, los datos oficiales de la descarga y venta de la pesca y los informes de las inspecciones realizadas al llegar a puerto.
Ha transcurrido el mes de plazo legal del que disponía la Administración para responder sin haber obtenido ninguna notificación o resolución expresa, lo que se traduce legalmente en una denegación por silencio administrativo. Ante esta falta de transparencia y respuesta por parte de las autoridades, desde Greenpeace hemos presentado una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). No podemos permitir que el silencio institucional obstaculice el derecho a la información ambiental ni que favorezca a la industria frente a la protección de los océanos. Este es un claro ejemplo de cómo la Secretaría General de Pesca, lejos de garantizar la transparencia necesaria para proteger nuestros mares y asegurar una pesca responsable, actúa como un muro que bloquea el acceso a la información y protege la opacidad.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dispone, desde el día siguiente a la presentación de la reclamación, de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar la resolución. En caso de no obtener respuesta en plazo, se aplica el silencio administrativo negativo, es decir, la reclamación habría sido desestimada, pudiendo abrir otras vías para recurrir por lo contencioso-administrativo
