Greenpeace responsabiliza de las sanciones anunciadas por la UE a los gobiernos que anteponen los coches a la salud

La Comisión Europea acaba de confirmar que reactiva el procedimiento sancionador contra España por incumplir los niveles de contaminación en las ciudades de Barcelona y Madrid. España se suma así al grupo de países que serán llevados al Tribunal de Justicia Europeo, enfrentándose a un proceso sancionador que podría acarrear multas de hasta 1.600 millones de euros.

La decisión confirmada hoy acaba con la paralización del expediente que, desde hace más de un año, permanecía en suspenso gracias a las medidas aprobadas por ambas ciudades, como las zonas de bajas emisiones (ZBE) o los protocolos anticontaminación. En su comunicado, la Comisión Europea afirma que la decisión está motivada por el incumplimiento reiterado de los límites legales de NO2 en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat.

“No hay más tiempo para excusas, es hora de actuar” ha afirmado hoy el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, quien ha añadido que España ha incumplido sistemáticamente los niveles de NO2 desde 2010.” Preguntado sobre Madrid Central, ha respondido “aunque nosotros no trabajamos sobre medidas concretas, pedimos a las administraciones que implanten medidas efectivas -nacionales, regionales y locales- para cumplir con la directiva que, al fin y al cabo, beneficia a la población”.

Sanción por diez años respirando un aire ilegal

Greenpeace responsabiliza a los gobiernos de Madrid y Barcelona, que ignoraron el problema de la contaminación negándose a tomar medidas contra los vehículos contaminantes. Pese a que la Directiva 2008/50/UE entró en vigor en 2010, Madrid no implantó su Protocolo Anticontaminación hasta 2015 y Barcelona no lo hizo hasta 2017. En cuanto a las medidas estructurales, la ZBE de ‘Madrid Central’ anunciada en 2014 no vio la luz hasta finales de 2018, mientras que la ZBE de Barcelona entrará en vigor en enero de 2020. Medidas que, pese a su tardanza, se han demostrado efectivas, tal y como demuestran los resultados de Madrid Central, que ha reducido la contaminación a su valor más bajo en 10 años.

Antes de estas medidas, los gobiernos habían ignorado los reiterados avisos de la Unión Europea en materia de contaminación. Durante los episodios de contaminación de 2011, la Delegada de Medioambiente en Madrid, y posterior alcaldesa, Ana Botella, llegó a afirmar que “la contaminación nunca es un problema sanitario” y que “lo que de verdad asfixia es el paro”. Madrid no limitó los vehículos contaminantes hasta el año 2015, cuando entró en vigor el primer protocolo anticontaminación.

Igualmente preocupante es la tendencia en Barcelona. Medidas necesarias como la unión del tranvía, el proyecto de supermanzanas o la extensión de la red de carriles bici han sido fuertemente criticadas por quienes defienden que el diseño urbano siga priorizando al automóvil frente al resto de modos de transporte. A juicio de Greenpeace, la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor en 2020 es necesaria pero insuficiente, motivo por el que se insiste en la necesidad de establecer un peaje urbano y medidas contra la saturación marítima y aérea que sufre la ciudad.

La suspensión de Madrid Central, detonante para la reactivación

Fuentes europeas han confirmado que los recientes hechos relacionados con la suspensión de Madrid Central han sido determinantes para reactivar las sanciones. El nuevo Ayuntamiento de Madrid llegó a paralizar las multas en el área de Madrid Central el 1 de julio, una decisión fuertemente contestada por la ciudadanía, que finalmente tumbó la justicia, gracias al recurso judicial interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en Acción cuatro días después.

“Ya advertimos que la incertidumbre generada por el Ayuntamiento de Madrid, que llegó al poder prometiendo acabar con Madrid Central, podría acarrear graves sanciones de Bruselas” afirma Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace. “Los recientes hechos han minado la confianza de los comisarios europeos, quienes no se fían de un Ayuntamiento que, a día de hoy, todavía no ha presentado un plan alternativo“. Sobre este aspecto, Fernández defiende que “no hay ninguna receta contra la contaminación que no pase por reducir el número de automóviles“.

Hasta 1.600 millones de euros en sanciones

A partir de ahora, el expediente queda en manos del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que estudiará los resultados trasladados por la Comisión Europea. Se trata de un largo procedimiento que podría demorarse varios años y que está condicionado a las medidas que se tomen en las áreas afectadas.

Por este motivo, Greenpeace considera que Madrid y Barcelona tienen la responsabilidad legal de cumplir con todos los programas acordados para garantizar la calidad del aire, sin admitir rebajas sobre las medidas ya en marcha. La organización ecologista recuerda que el 75% del dióxido de nitrógeno (NO2) en las ciudades lo causa el tráfico rodado, por lo que solo a través de medidas que restrinjan el tráfico se podrá cumplir con los niveles que marca Europa. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al NO2 casi 9000 muertes prematuras anuales.