La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el futuro de Almaraz cumple con la normativa pero no con la seguridad nuclear

• Hoy se ha publicado el acta del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, celebrado el pasado 23 de julio, donde se aprobaron las condiciones obligatorias a las propietarias Iberdrola, Endesa y Naturgy en el caso de extender la vida de la central de Almaraz, cuyos reactores deben cerrar en 2027 y 2028, respectivamente
• La abstención formulada por un consejero evidencia que es una prórroga evaluada “a ciegas”, sin Revisión Periódica de Seguridad desde 2018, lo que suscita dudas legítimas dentro del propio organismo regulador
• Aunque el CSN ha emitido una valoración favorable apoyada en 29 documentos técnicos, el propio informe impone condiciones extraordinarias que revelan incumplimientos de condiciones fijadas en la autorización de 2020

Tras la publicación, hoy mismo, del acta del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la justificación formulada por el consejero Francisco Castejón sobre su abstención en el dictamen sobre la Central Nuclear de Almaraz, Greenpeace quiere manifestar que dicha abstención destapa un déficit estructural en la tramitación de este expediente.

Según ha podido analizar la organización, en dicha justificación de abstención de Francisco Castejón, uno de los cuatro miembros consejeros del CSN, se expresa que la solicitud de extensión se ha tramitado sin realizar una nueva Revisión Periódica de Seguridad (RPS), dándose por válida la evaluación anterior cuyo periodo de análisis concluyó en junio de 2018. El CSN ha avalado técnicamente la prórroga sin haber examinado de forma sistemática el estado de la central ni lo acontecido en sus instalaciones en los últimos 8 años (julio de 2018 a 2026). La premura en la tramitación y las deficiencias normativas de la solicitud han obligado al CSN a aplicar un “método gradual”, dejando áreas sin analizar y limitándose a revisar únicamente los aspectos que se consideraron más relevantes.

Además, el dictamen del consejero revela que las propietarias Iberdrola, Endesa y Naurgy han venido incumpliendo reiteradamente compromisos y requisitos de seguridad dictados en la autorización de explotación de 2020 como:

• Independencia organizativa anulada: La propietarias se opusieron a garantizar la independencia entre las unidades de Seguridad y de Licenciamiento (ITC Condición 7, ap. 4.7). Pese a ser un factor crítico para priorizar la seguridad, el CSN cedió ante las empresas y admitió el incumplimiento en contra del criterio de sus propios técnicos.
• Deficiencias en iluminación y válvulas de emergencia: No se han completado las mejoras exigidas en la iluminación de emergencia para acciones humanas críticas, ni se ha realizado el análisis total de los dispositivos de posición de válvulas esenciales de seguridad.
• Falta de rigor en análisis de incendios y factores humanos: Se ha dado por satisfecho el Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) de incendios mediante meras promesas de inclusión en planes futuros. Además, se ha derivado la revisión de factores humanos a un grupo mixto con patronales del sector en lugar de ser evaluado directamente por el regulador.
• Inversiones a la baja y plantillas en el límite: El análisis del Plan Quinquenal de Inversiones de la propietarias evidencia un desplazamiento y reducción de las partidas presupuestarias en seguridad a medida que se acerca la fecha de cierre. Asimismo, la planificación de recursos humanos muestra un cumplimiento “demasiado justo”, obligando a asumir riesgos operativos que requerirán un estrecho control.

Francisco del Pozo Campos responsable de la campaña de energía Nuclear de Greenpeace españa ha declarado que “Todo indica que este informe del CSN responde a criterios más políticos que técnicos, al reflejar la alineación de la mayoría de los consejeros por encima del criterio estricto de los técnicos cualificados del organismo. La quiebra de la unanimidad, los parches procedimentales y la falta de una Revisión Periódica de Seguridad actualizada dejan al descubierto las debilidades de este expediente. El aval condicionado del CSN, marcado por la abstención en su Pleno y por exigencias críticas sobre personal e inversiones pospuestas, no oculta la realidad: la central se encamina de forma inexorable al final de su vida útil. Corresponde ahora al Ejecutivo actuar con coherencia y mantener de forma firme el compromiso con el cese ordenado de los reactores de Almaraz en 2027 y 2028”.