Las principales ONG ecologistas rechazan las presiones de Berkeley, promotor de la mina de uranio de Salamanca, sobre el Consejo de Seguridad Nuclear

Madrid, 29 de enero de 2021- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF piden al Consejo de Seguridad Nuclear que cumpla su cometido y garantice con total independencia la protección radiológica de la población y el medio ambiente en el caso de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).

Las ONG rechazan y condenan las presiones que la compañía Berkeley Minera de España está realizando sobre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El objetivo de la empresa es que se resuelva lo más rápido posible el expediente de solicitud de autorización de explotación de una mina de uranio a cielo abierto y la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca).

Estas organizaciones, que han denunciado en innumerables ocasiones este peligroso proyecto y las constantes irregularidades en su tramitación, han mantenido en todo momento un escrupuloso respeto hacia las decisiones del CSN. Por eso, rechazan las prácticas de esta empresa privada y piden al CSN que mantenga su total independencia ante estas maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial.

Las ONG han apuntado que la misión del CSN es “proteger a los trabajadores y trabajadoras, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen” y es esencial que se garantice su credibilidad en todo momento.

Por eso, las organizaciones ecologistas reclaman al presidente del CSN que haga caso omiso a las inadmisibles presiones de Berkeley y tome la decisión sobre este proyecto con total independencia. Para ello, debe aplicar el máximo rigor técnico y tomarse todo el tiempo que sea necesario, sin atender a los intereses económicos y las prisas que pretende imprimir el promotor a través de las diferentes cartas que ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan las amenazas de Berkeley de emprender acciones judiciales si el Parlamento Español, en el ejercicio de sus funciones, toma la decisión de prohibir la peligrosa minería de uranio en nuestro país. Una prohibición que sería lógica en un contexto de transición energética hacia otras fuentes renovables y no contaminantes y en una estrategia de abandono de la energía nuclear.

Además, la futura Ley de Cambio Climático incluye la prohibición de la minería de uranio, lo que recoge una de las reivindicaciones de las entidades ecologistas, porque la energía nuclear no forma parte del futuro modelo energético.  Este es uno de los asuntos que preocupa a Berkeley y, por ello, amenaza con emprender acciones judiciales.

Las organizaciones ecologistas aseguran que es inaceptable que Berkeley, usando técnicas de intimidación más propias de estados no democráticos, trate de amedrentar al Gobierno y a diputadas y diputados del Congreso. Todo ello,  ante la posibilidad de que España, mediante una ley aprobada con todas las garantías en la sede de la soberanía popular, decida apostar por un sistema energético libre de la amenaza para el medio ambiente y la salud pública que supone la minería de uranio y su legado de residuos radiactivos.

Las ONG reiteran que el proyecto de mina de uranio a cielo abierto de Retortillo y la planta de fabricación de concentrados de uranio asociada conllevan riesgos ambientales, sociales y sobre la salud inaceptables.

Asimismo, recuerdan que, desde un principio, la autorización de este proyecto de alto riesgo ha estado rodeada de graves irregularidades, enorme polémica y una gran oposición local. Así, el proyecto obtuvo inexplicablemente una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 8 de octubre de 2013) pese a que la Evaluación de Impacto Ambiental no valoraba la mayor parte de los graves riesgos ambientales asociados ni, aún más grave, los impactos sobre el medio y las personas dedicadas a la producción y almacenamiento de residuos radiactivos.

Las organizaciones ambientales consideran que el proyecto de Berkeley conlleva impactos que el promotor no ha sido capaz de resolver y por ello han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica el archivo definitivo del procedimiento.