Madrid se consolida como ‘la región del atasco’, según Greenpeace

El uso del vehículo privado se ha disparado en la Comunidad de Madrid desde el año 2004, especialmente en los municipios de la periferia. Así lo confirma la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2018 (EDM’18), elaborada por el Consorcio Regional de Transportes y presentada hoy en Madrid, un documento básico para conocer con detalle cómo se mueven la ciudadanía madrileña de toda la región. 

Los resultados, que se publican con varios años de retraso, confirman una preocupante tendencia en los patrones de movilidad, donde aumenta la dependencia del coche (del 34% al 39%) mientras que el uso del transporte público se desploma del 32% al 24%. Unas cifras que suponen más emisiones a la atmósfera, peor calidad del aire y mayor desigualdad social.

Frente a la tendencia negativa en la región, los datos en la ciudad de Madrid son bastante más optimistas. Los viajeros recuperados tras la crisis económica se han dirigido fundamentalmente hacia el transporte colectivo (+4%) mientras que el uso del coche se ha reducido paulatinamente desde 2015, al contrario que en el resto de la región.

“Al igual que las grandes ciudades europeas, Madrid capital ha promovido el transporte público mientras limitaba el tráfico privado. Es la única receta que funciona, tal y como muestran los datos”, afirma Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace: “La ambigüedad del actual Gobierno municipal pone en riesgo esta tendencia. Primero intentaron revertir Madrid Central mediante una moratoria ilegal, para posteriormente rebajar sus criterios y su perímetro. Si queremos contener el abuso del automóvil hay que lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: más prioridad al transporte colectivo y menos macroparkings en El Retiro”. 

Fracasan las ampliaciones del metro en la periferia

El periodo abarcado por la EDM (de 2004 a 2018) también coincide con la mayor ampliación en la historia de Metro de Madrid, cuyas líneas salieron de los límites de la ciudad para cubrir el Cinturón Sur (MetroSur, abierto en 2003) y ya en 2007 los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Coslada y San Fernando de Henares. Hoy, estas líneas periféricas son las menos utilizadas de la red, y en algunos casos suponen un lastre como la concesión privada de Metro Ligero Oeste (con una subvención de casi 10€ por viajero) o el túnel de MetroEste, nuevamente cerrado por importantes defectos en su construcción.

Greenpeace denuncia que dichas ampliaciones de Metro se hicieron con fines electorales durante la época de Esperanza Aguirre (2003-2012), dando la espalda a las necesidades de la población. “La demografía de los municipios de la periferia no es igual que la del centro de Madrid, fruto de una Ley de Urbanismo y Suelo que impulsó un modelo disperso donde el coche es el rey”, explica Fernández. En paralelo, se amplió la red de autopistas [1] y se recortó drásticamente la oferta de metro y autobús. La EDM’18 confirma el resultado de una política de transporte que prioriza al coche, empujando a los habitantes a usarlo cada vez más.

Greenpeace denuncia, además, que estas políticas obsoletas se siguen hoy promoviendo desde la administración pública. Actualmente se encuentra en licitación la ampliación de la autopista M-607 (Tres Cantos-Colmenar) y se insiste en una variante para la A-1. Unas autopistas que contribuirán a seguir promoviendo el coche para acceder a la ciudad de Madrid, que no admite más tráfico en sus calles.

Frente a este modelo desfasado de transporte, Greenpeace exige a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Transportes (MITMA) un cambio en sus inversiones para invertir la tendencia negativa del transporte público. La organización ecologista insiste en la necesidad de habilitar carriles bus vao en todas las autopistas de acceso, la ejecución inmediata del ‘Plan de Choque’ en Cercanías Madrid y un billete intermodal que permita el libre transbordo a todos los usuarios. 

Son medidas imprescindibles para promover el transporte público en la periferia y reducir así el uso de combustibles fósiles. En un reciente estudio, Greenpeace calculó en más de 23.000 millones los costes de la contaminación atmosférica solo en España.[2]