Organizaciones ecologistas solicitan a la Unión Europea que no financie la macrocelulosa de Altri 

18-04-2024

    • Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace se reunieron en Bruselas con representantes de partidos políticos para alertar del grave impacto socioambiental que acarrearía la macrocelulosa de Palas de Rei

    • También informaron por carta a las comisarías europeas del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia sobre las consecuencias ambientales del proyecto

    • Las tres ONG presentaron alegaciones conjuntas y reclaman a la Xunta de Galicia que prorrogue el plazo de admisión ante la incapacidad de la Administración de gestionar la avalancha de alegaciones

Galicia, jueves 18 de abril de 2024-. Una delegación de las organizaciones ecologistas gallegas Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace estuvo esta semana en Bruselas reuniéndose con europarlamentarios españoles para informarles de los graves impactos ambientales y sociales que acarrearía la instalación del proyecto GAMA, una macrocelulosa que la empresa portuguesa Altri pretende instalar en Palas de Rei, a través de la sociedad mercantil que constituyó en Galicia denominada Greenfiber S.L. La delegación viajó junto a la Plataforma Ulloa Viva gracias a la facilitación de Ana Miranda (BNG) y prolongó la agenda reuniéndose también con Nicolás González Casares (PSOE) y María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos).

Según las entidades ecologistas, lo que en un principio el presidente de la Xunta anunció como “un proyecto ecológico”, se reveló, con la presentación de la documentación, como lo que realmente es, una industria para producir hasta 400.000 toneladas celulosa soluble y 200.000 de Lyocell, además de otros subproductos como biomasa y yeso. Es decir, una nueva pastera a base de madera de eucalipto. Esto requerirá una captación de 46.000 m³/día de agua –tanto como consume toda la provincia de Lugo– y un permiso de vertido industrial al río Ulla de 30.000 m³/día de aguas residuales. También emitirá azufre reducido total, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado. Al mismo tiempo, supone una afectación directa sobre la red Natura y sus proyectos de ampliación.

Por eso, las representantes de Amigas da Terra, Ecologistas en Acción y Greenpeace le solicitaron a los europarlamentarios que se opongan a la posible asignación de los fondos Next Generation para financiar este proyecto, ya que la propia empresa, firmemente apoyada por la Xunta de Galicia, manifestó que necesita optar al menos a un cuarto de su inversión –unos 250 millones de euros de los 900 que dice invertirá– de dinero público de entrada, centrando actualmente sus miradas en los fondos Next Generation y el PERTE de descarbonización de la industria.

Carta a comisarías europeas
Además de estos contactos con los representantes de las fuerzas políticas, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, junto con SEO/Birdlife y WWF, se dirigieron por carta a la Sra. Céline Gauer, a la Sra. María Teresa Fábregas Fernández y al Sr. Giulio Federico,  responsable, directora y jefe de unidad del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Task Force) respectivamente, teniendo también en Bruselas una reunión con parte del mismo grupo de traballo.

Las cinco organizaciones ecologistas le trasladaron a los comisarios europeos que el proyecto GAMA de Altri-Greenfiber tendrá impactos ambientales irreparables y acelerará los efectos del cambio climático sobre esta área de especial protección y de biodiversidad. En las cartas a la Comisión Europea resaltan lo incomprensible que sería conceder fondos públicos a una actividad tan destructiva, con afectaciones directas a la Red Natura 2000 y varias especies amenazadas y en peligro de extinción, y que en absoluto cumple el Principio DNSH (Do No Significant Harm), condicionante indispensable para vigilar que el destino del dinero no afecte a cuestiones tan vitales como la “protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas”, el “uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos”, o la “mitigación y adaptación al cambio climático”.

Alegaciones al proyecto de celulosa
Por otra parte, el pasado miércoles 17 de abril, Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace registraron alegaciones al proyecto GAMA, realizadas conjuntamente por las tres organizaciones ecologistas gallegas. Entre los muchos impactos negativos que detectaron destacan el emplazamiento de la instalación. Sus más de 360 hectáreas, diez veces el tamaño de la celulosa Ence en la ría de Pontevedra, distan cero metros del ZEC Serra del Careón (ES1110014) y el punto de vertido muy cerca –río arriba–  del ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza (ES1140001). Además, se ponen también en riesgo el ZEC Sobreirais del Arnego (ES1140015), igualmente situado en la cuenca del río Ulla, y los ecosistemas marinos de la ría de Arousa. En este territorio desemboca el río Ulla y se ubica la Isla de Cortegada, integrante del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, y en un radio de menos de 30 Km de distancia se sitúan las Reservas de la Biosfera Terras do Miño y Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo.

En las alegaciones señalan que la puesta en marcha de semejante industria tendría también un enorme impacto en el tejido socioeconómico tanto de la comarca de A Ulloa, eminentemente rural, agroganadera y paso obligado del Camino de Santiago, como de la Ría de Arousa, sus bancos marisqueros y su pesca tradicional. Al mismo tiempo, argumentan que Galicia no puede soportar otra industria que lleve implícita una mayor eucaliptización del territorio, que está directamente relacionada con el abandono del rural, la pérdida de biodiversidad, la deficiente integridad ecológica del país, la inflamabilidad del paisaje e incluso con las limitaciones a la hora de mitigar el cambio climático.

Por último, Amigas da Terra, Ecologistas en Acción y Greenpeace pudieron entregar sus alegaciones por registro digital, pero denuncian que multitud de vecinas y vecinos no pudieron entregar físicamente sus alegaciones particulares por la incapacidad de las administraciones de gestionar su recogida. Demandan a la Xunta de Galicia que amplíe el plazo al menos 15 días más, ya que no hacerlo sería vulnerar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental de la ciudadanía.


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