El acuerdo para limitar el precio de la luz demuestra que es posible actuar sobre un mercado eléctrico que necesita una reforma profunda

Ante el acuerdo anunciado ayer entre los gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea para limitar el impacto del precio del gas sobre la factura eléctrica en la Península Ibérica, y a la espera de conocer en detalle el contenido del acuerdo en el próximo Consejo de Ministros, Greenpeace considera que esta intervención demuestra que es posible, además de necesario, actuar sobre el mercado eléctrico para que se ponga al servicio de las necesidades de la sociedad y deje de estar en manos de un oligopolio empresarial que lastra la transición energética.

Greenpeace pide una reforma estructural y celebra que se abra el debate político y social sobre la necesidad de  modificar el mercado eléctrico en respuesta a sus manifiestas carencias.

La organización advierte que el acuerdo no aborda los problemas estructurales del mercado eléctrico como nuestra dependencia del gas y un mercado eléctrico incapaz tanto de expulsar a las energías contaminantes por sí solo como de remunerar adecuadamente un sistema 100% renovable. A estos elementos se suma que el acuerdo alcanzado con Bruselas no aborda la concentración de poder del mercado eléctrico en pocas empresas, especialmente de aquellas que controlan las centrales que suelen fijar el precio del mercado mayorista (gas e hidráulica).

El acuerdo alcanzado prevé, previsiblemente, topar el precio medio del gas en el mercado eléctrico mayorista en 50 euros por megavatio hora (MWh) durante los próximos 12 meses. A pesar de que esta medida está pensada para ayudar a reducir el importe de la factura eléctrica a los consumidores acogidos a la tarifa regulada -el denominado PVPC-, es esencial conocer quién y con qué mecanismos tendrá que asumir el sobrecoste del gas que las empresas dejarían de percibir vía mercado eléctrico. Greenpeace recuerda que esta medida no puede acabar siendo una nueva subvención al gas fósil ni una medida para mantener el enriquecimiento ilícito de las eléctricas a costa del dinero público o de las personas usuarias, especialmente de las más vulnerables.

En palabras de María Prado, portavoz de Greenpeace: “La oportunidad que se ha generado de debate público en torno al precio de la luz es absolutamente única y tenemos que aprovecharla como sociedad. Es el momento para exigir cambios reales y estructurales que nos permitan diseñar y participar en un mercado energético dominado históricamente por 5 empresas del oligopolio energético que han especulado, abusado de beneficios políticos y legales y que se han enriquecido a costa de empobrecer a la sociedad y contaminar el planeta. La energía es un servicio básico e instrumental para demasiados derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, etc.) y con graves impactos sobre el clima como para que no sea tratada desde la justicia social y ambiental”.

“A falta de conocer el detalle, alcance y articulación del mecanismo propuesto, la medida demuestra que sí se puede actuar sobre un mercado eléctrico disfuncional que vincula el precio de la electricidad al precio del gas, pero es todavía un tímido avance, temporal e insuficiente, que no aborda la verdadera y necesaria reforma:  una profunda reforma del mercado eléctrico que aporte transparencia y justicia social, ambiental y económica para que el precio resultante recoja los costes reales de cada  tecnología y remunere a cada una según el valor que aportan, incluyendo los costes y valores ambientales. Bien diseñada, esa reforma debe ayudar a acabar con la dependencia del gas y viabilizar una rápida transición hacia un sistema 100% renovable, participado también por la ciudadanía, basado en la eficiencia y ahorro”, declara Prado.

Greenpeace entiende que es obligación de todos los gobiernos y los reguladores facilitar el debate ciudadano sobre cómo diseñar un mercado eléctrico capaz de poner en el epicentro del sistema al planeta y a las personas, y llevarlo a una nueva normativa.

La organización ya envió recientemente a la ministra Teresa Ribera una batería de propuestas para revertir la subida de precios derivada de la dependencia de los combustibles fósiles agravada por la guerra de Putin y proteger a la población más vulnerable. Recuerda que es urgente iniciar una reforma del mercado eléctrico yendo ḿas allá de medidas cortoplacistas y revisar las políticas de formación de los precios de la electricidad para desvincularlos del precio del gas y, al mismo tiempo, prepararlos para la elevada penetración de energías renovables que necesitamos. Precios que reflejen así el coste real y el valor de su producción, trasladándolo a un precio justo para las personas usuarias, de manera que estas se beneficien del abaratamiento y estabilidad de precios que aportan las energías renovables. En este sentido Greenpeace propone un mercado eléctrico dual en el que energías renovables variables y la flexibilidad se negocian de forma separada, debido a que cada una de ellas es de distinta naturaleza (en cuanto a costes de capital y marginal) y ofrecen servicios muy diferentes al sistema eléctrico.

Además, Greenpeace pide, como primer paso urgente para dar respuesta inmediata a la escalada de precios, vincular el precio de la electricidad para las personas vulnerables (PVPC) a la compra de electricidad renovable a largo plazo, más barata que el gas (vía subasta).

Por otro lado, la organización pide al Gobierno romper el oligopolio eléctrico y su poder sobre el mercado eléctrico gracias a que estas empresas controlan la casi totalidad de las centrales de generación que suelen fijar el precio de la luz. Además de un plan de inversión a gran escala para la descarbonización de los hogares para 2035 basado en el autoconsumo fotovoltaico individual y colectivo, cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables y una inversión sin precedentes en ahorro y eficiencia energética en viviendas y edificios.