Piden pena de cárcel para los activistas de Greenpeace que protestaron en el hotel ilegal de El Algarrobico en 2014

Este próximo viernes, 17 de mayo, comienza en Almería el juicio contra 28 activistas de Greenpeace que se enfrentan a un total de 28 años de cárcel (un año cada uno) por una acción en el hotel ilegal de El Algarrobico hace diez años. Ante esta cita judicial, Greenpeace señala que dicho hotel se levantó hace más de 18 años y que la organización lleva desde entonces luchando para su derribo.

A pesar de que el Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento y archivo del caso por no apreciar delito alguno por parte de los activistas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Vera ha seguido adelante con el procedimiento judicial. Esta decisión ha impulsado que 28 personas lleven una década con sus vidas en suspenso a la espera de saber si serán condenados por un posible delito de daños en el inmueble ilegal. 

Azata del Sol, la promotora del hotel ilegal, es la única que se ha personado en la acusación, reclamando un delito de daños y otro delito de desobediencia para cada una de las personas acusadas. 

“La misma empresa que ejecutó el símbolo de la destrucción de la costa y del agotamiento de un modelo turístico que nos está asfixiando, es la que pide que se juzgue a quienes defienden la legalidad. Es el mundo al revés. La Justicia no puede ser cómplice de este desatino”, ha declarado Eva Saldaña, directora de Greenpeace. “Son las administraciones públicas quienes deben llevar a Azata a los tribunales y reclamarle los ocho millones de euros que costará la desaparición del mamotreto ilegal y la restauración de la zona”, añadió Saldaña (1).

El 11 de mayo de 2014, activistas señalaban con un enorme punto negro el hotel ilegal, situado en el paraje de El Algarrobico, a 14 metros del mar y dentro de una zona de especial protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Han tenido que transcurrir diez interminables años para que las 28 personas acusadas afronten el juicio que dirimirá si defender la legalidad tiene un coste (2).

La actividad se realizó en un espacio público según la Orden Ministerial de 2005 que estableció que, según la Ley de Costas, el hotel se asienta sobre la llamada servidumbre de protección. Esta Orden Ministerial fue declarada legal por el Tribunal Supremo. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se avisó, tanto a la constructora, Azata del Sol SL, como al Ayuntamiento de Carboneras, que no se podía construir el hotel. Ambos optaron por ignorar la legalidad y conceder las licencias para levantar el hotel en espacio protegido.

¿Qué pide Azata?

• Por el delito de daños, reclama veinticuatro meses de multa, a razón de una cuota de 6 € diarios, total 1.080 €. En total 30.240 €.
• Por el delito de desobediencia, demanda la pena de prisión de un año a cada persona acusada
• En concepto de responsabilidad para satisfacer entre todos los acusados, solicita 186.703 €, por los desperfectos causados en el hotel.