Reactivo a la tramitación en el Congreso de los Diputados del decreto ley de medidas consecuencia de la Guerra de Irán

🗣️ Audio de Carlos García Paret, Coordinador de Incidencia de Greenpeace

Desde Greenpeace lamentamos que se pierda una oportunidad histórica para cerrar el grifo a los combustibles fósiles, que solo traen más inflación, inseguridad económica y cambio climático. España consolida así el mayor «rescate fósil» del continente, sumando casi dos mil millones de euros más de ayudas a los 2.300 millones aprobados en marzo, cuando hay alternativas más justas y sostenibles. Como demostramos en el informe Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz, nuestro país es el que más ha incidido en medidas generalistas y regresivas en la UE, dañando las cuentas públicas y beneficiando a las corporaciones fósiles. 

Con el presente decreto, se vuelve a tropezar en la misma piedra desoyendo las recomendaciones de personas expertas y organismos económicos [1]. Es cierto que hay medidas positivas, como una primera señal fiscal en favor de la electricidad frente al gas, el almacenamiento verde en las islas, Ceuta y Melilla, la interconexión eléctrica de Ceuta o los recursos para la adaptación al cambio climático de centros educativos, pero quedan totalmente eclipsadas por el abrumador e inexplicable volumen de recursos destinado a perpetuar la dependencia fósil. Especialmente, cuando España es ya el país que más ha demostrado los beneficios económicos del salto a las energías renovables en los últimos años. 

Frente a la mayor crisis energética de la historia, exigimos medidas coherentes y estructurales para dar un salto cualitativo para el abandono de los combustibles fósiles. Instamos al Ejecutivo a presentar un plan de soberanía energética y resiliencia basado en una transición verde ciudadana. Esto debe incluir un Fondo Soberano Verde e incentivos fiscales para democratizar la rehabilitación energética, la movilidad sostenible, el autoconsumo y la protección permanente contra la pobreza energética más allá de 2026. A su vez, pedimos acabar con el poder de empresas fósiles, prohibiendo sus patrocinios y estableciendo impuestos como la tasa a los vuelos VIP y a los beneficios extraordinarios. Estos recursos podrán mejorar el transporte público o ayudar al campo a liberarse de la dependencia de fertilizantes sintéticos y favorecer su transición hacia un modelo de agricultura más soberano y justo.

Con un 70% de la energía consumida de origen fósil y 22.000 millones de euros dedicados a importaciones de petróleo y gas, la pregunta es clara: ¿queremos seguir condenando a familias y sectores económicos a la volatilidad del gas y el petróleo, o apostamos por las alternativas que ya están disponibles, son más baratas, sostenibles y justas? [2] Tras Ucrania e Irán, esperamos no necesitar una nueva sacudida geopolítica para aprender la lección. La prioridad absoluta nacional debe ser que cada euro público garantice un futuro seguro y sin cambio climático y no permanecer atados a la trampa de Ormuz.