Sin retorno no hay reutilización: Organizaciones exigen al MITECO cerrar el vacío legal de los vasos en los festivales

25-06-2026

  • Más de 130 organizaciones denuncian la falta de concreción normativa que permite la distribución indiscriminada de falsos vasos "reutilizables"
  • Exigen al Ministerio para la Transición Ecológica que aproveche la inminente reforma del Real Decreto de Envases para obligar a implantar sistemas efectivos de recogida, lavado y trazabilidad

Las más de 130 organizaciones sociales, ambientales, vecinales y de consumidores que integran la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYA, y de la que forma parte Greenpeace, han reclamado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que cierre de forma urgente el vacío legal que rodea a los vasos utilizados en festivales, conciertos y eventos multitudinarios.

Aunque la normativa estatal obliga desde julio de 2023 a implantar alternativas a los envases de un solo uso, las organizaciones alertan de que, en la práctica, el vaso reutilizable se ha convertido en un mero producto de merchandising que se cobra o vende a los asistentes, pero que carece de un sistema real de recogida y puesta en circulación. Al no articularse un retorno efectivo, miles de estos vasos terminan abandonados en los recintos o en el contenedor de fracción resto, perdiendo por completo la función ambiental para la que fueron concebidos.

«Un vaso no es reutilizable porque sea de plástico más grueso o porque lleve impreso un mensaje sostenible. Lo es únicamente si retorna, se lava y vuelve a circular de forma sistemática. Sin un circuito de retorno real, estamos ante un residuo de un solo uso más, disfrazado de verde», ha declarado Julio Barea responsable de residuos de Greenpeace.

Las organizaciones señalan que la Ley 7/2022 de residuos y el Real Decreto 1055/2022 ya exigen a los promotores de eventos garantizar alternativas reutilizables que cumplan con la norma UNE-EN 13429:2005. Sin embargo, la falta de desarrollo operativo y de inspecciones facilita la elusión del espíritu de la ley. La inminente adaptación del marco jurídico estatal al nuevo Reglamento Europeo 2025/40 sobre envases, aplicable a partir de agosto de 2026,  representa la oportunidad idónea para corregir esta anomalía.

«Los grandes festivales y eventos no pueden seguir lavando su imagen de sostenibilidad a costa del bolsillo de los consumidores. Cobrar un euro por un vaso, sin ofrecer la opción real y accesible de devolverlo al finalizar el evento, es un fraude climático. El ministerio debe establecer por ley que la reutilización no es un objeto, sino un sistema logístico obligatorio, auditable y con tasas de devolución garantizadas», ha añadido Barea.

Exigencias clave para un modelo circular real

Para evitar que proliferen zonas grises en la gestión de residuos de eventos públicos y privados, la Alianza Residuo Cero y la Plataforma #LeydeResiduosYA demandan que el nuevo texto del Real Decreto de Envases incorpore de manera estricta los siguientes puntos:

  • Definición legal del sistema: Ningún envase podrá computar ni presentarse como reutilizable si no está explícitamente vinculado a un circuito de recogida separada, logística de transporte, lavado higiénico y nueva puesta en mercado.
  • Obligatoriedad del retorno: Los eventos deberán disponer de puntos de devolución de depósitos que sean visibles, accesibles, suficientes y plenamente operativos hasta el cierre absoluto del recinto.
  • Transparencia e información clara: Se prohibirá camuflar como «reutilización» lo que comercialmente opera como una venta masiva de plástico duro. El consumidor debe conocer con claridad qué cuantía corresponde al depósito retornable.
  • Trazabilidad y datos verificables: Los promotores deberán auditar e informar públicamente sobre cuántos vasos se introducen, cuántos se recuperan efectivamente, las tasas de lavado y el número total de ciclos de uso reales.
  • Régimen sancionador y condicionalidad: Activación de inspecciones públicas y vinculación de las autorizaciones, patrocinios o subvenciones institucionales a la correcta implantación de estos sistemas auditados, protegiendo así a los operadores que sí realizan inversiones logísticas reales frente a la competencia desleal.


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