Un Consejo Superior de Movilidad Sostenible sin la voz de la movilidad activa y del ecologismo

• Ante la nula representación de la movilidad activa en el Consejo Superior y en el Foro Territorial de Movilidad Sostenible, organizaciones sociales, ecologistas y ciclistas reclamamos una participación real y efectiva en los órganos de gobernanza
  

Desde las organizaciones de ConBici, Promoció del Transport Públic, Ecologistas en Acción, Greenpeace, UGT, Andando y CCOO manifestamos nuestra preocupación por la composición prevista para los nuevos órganos de gobernanza de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, en la que desaparecen todas las organizaciones sociales que han contribuido en su redacción.

La aprobación de esta Ley abrió una oportunidad histórica para situar la movilidad activa, saludable y descarbonizada en el centro de las políticas públicas. Sin embargo, los borradores de los reales decretos que desarrollan el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, el Foro Territorial y del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) reflejan una realidad que contradice los objetivos y principios que la propia norma dice defender. 

Es alarmante e inaceptable que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pretenda poner en marcha unos órganos de gobernanza donde las infraestructuras tradicionales y motorizadas concentran más del 70% del poder de decisión, otorgando un sonrojante 0% de representación directa a la movilidad activa, sostenible y descarbonizada. Del mismo modo, quedan fuera buena parte de las realidades sociales a las que las políticas de movilidad deberían atender: infancia, personas mayores, quienes asumen tareas de cuidados o personas con menos recursos. Así mismo, tampoco se contempla la presencia de las organizaciones que trabajan por la salud pública, la protección ambiental o el derecho a una movilidad más centrada en las personas.

Esta exclusión demuestra que la Administración continúa reproduciendo un modelo centrado en el asfalto y el vehículo motorizado, relegando a un papel invisible e irrelevante a los modos de transporte que la propia legislación considera prioritarios.

Consideramos imprescindible enmendar esta profunda asimetría. La movilidad activa y sostenible (ciclista y peatonal), tanto en su vertiente social como empresarial, debe contar con representación directa, voz y voto dentro del Consejo Superior de Movilidad Sostenible y del Foro Territorial. Para ello, es necesario establecer Secciones y grupos de trabajo especializados en movilidad y transporte activo, y en Intermodalidad, de carácter permanente que garanticen una participación efectiva y mantenida. Sin la presencia estable de estos modos prioritarios, el nuevo marco de gobernanza corre el riesgo de perder su carácter transformador, convirtiendo los objetivos de sostenibilidad de la propia Ley en una declaración de intenciones sin herramientas reales para su ejecución.

En la misma línea hemos presentado alegaciones al Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), ayer mismo presentado y en el que aquejamos las mismas inaceptables deficiencias.

Todo lo anterior, pone de manifiesto una preocupación más amplia sobre el funcionamiento de los procesos de participación pública. Las organizaciones firmantes participamos regularmente en numerosos procesos de consulta pública, convencidas de que es imprescindible impulsar medidas que promuevan la descarbonización, la salud, la protección de la biodiversidad, la movilidad activa, la reducción de las desigualdades, la accesibilidad, la cohesión territorial, la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles y la defensa de los colectivos más vulnerabilizados.

Sin embargo, detectamos con preocupación una tendencia a considerar estos procesos participativos como meros trámites administrativos desprovistos de contenido, más allá del cumplimiento formal de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015 y en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997. La participación pública solo cumple su función si las aportaciones realizadas por la sociedad civil a través de sus organizaciones son analizadas y consideradas. 

Por ello, desde las organizaciones firmantes solicitamos que las alegaciones y propuestas presentadas sean tenidas en cuenta de una manera real y transparente, que las Administraciones Públicas informen sobre el tratamiento dado a las alegaciones recibidas, justificando su aceptación o rechazo y que las decisiones adoptadas reflejen las contribuciones realizadas por la sociedad civil organizada, otorgándoles el valor que merecen. 

La participación pública no es una concesión, sino una herramienta para mejorar las políticas públicas, y solo cumple su función cuando existe una consideración efectiva y trazable de las aportaciones realizadas.