Una ley de pesca tan necesaria como insuficiente

Las negociaciones de la ley de pesca en el Congreso entran en su recta final y los partidos están a tiempo de acordar una norma a la altura de los retos ambientales y pesqueros de nuestro tiempo. 

Si bien esta ley es imprescindible y presenta avances con respecto a la ley de pesca de 2001, actualmente vigente, en su redacción actual carece de algunas herramientas clave para su adecuada aplicación que permitan un cambio de rumbo de la pesca que asegure su sostenibilidad. “Afortunadamente”, declaran las organizaciones ecologistas, “las diputadas y diputados tienen la posibilidad de mejorar significativamente la ley a través de varias enmiendas”, presentadas por Compromís, EH Bildu, Esquerra Republicana, PSOE y Unidas Podemos.

Aunque la ley incluye el enfoque ecosistémico no prevé los mecanismos para aplicarlo adecuadamente lo que le resta aplicabilidad e imposibilita una visión estratégica a largo plazo. En particular, no apuesta con claridad por la gestión de las pesquerías mediante planes de gestión que tengan en cuenta los ecosistemas y se puedan diseñar de manera participativa a escala local.

Una ley que no llega a la ambición de la Política Pesquera Común 

Las organizaciones ambientales consideran inaceptable que, en plena crisis de pérdida de biodiversidad y emergencia climática, la ley sea menos ambiciosa en términos de conservación que la propia Política Pesquera Común (y reglamentos asociados), de obligado cumplimiento y con casi una década de antigüedad. Por ello, consideran imprescindible que la ley establezca la obligación de no pescar por encima del rendimiento máximo sostenible o, en el caso de no disponer de datos suficientes, garantizar que se aplica el principio de precaución. De la misma manera, la ley debe asegurar que se minimicen, y en la medida de lo posible se eliminen las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas y tiburones.

“En la ley se menciona el calentamiento global pero no incluye un plan de descarbonización de la flota ni un plan de adaptación de la pesca al mismo. Además, lo que en el reglamento de pesca europeo son objetivos en esta ley se queda tan solo en principios generales”, afirma Juan Carlos Atienza, responsable del Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife. “Puede parecer que estos detalles de redacción carecen de importancia. Sin embargo, generan ambigüedad y podrían menoscabar el cumplimiento del mínimo obligatorio para acabar con la sobrepesca y mitigar las capturas accidentales”, añade Atienza.

Otra de las preocupaciones de las organizaciones ambientales es que el Proyecto de Ley apenas avance en una gestión más transparente y participativa, que reconozca la cogestión o “gestión local participativa” como mecanismo de demostrada eficacia en la gestión de pesquerías.

“Algo incomprensible, ya que España cuenta con alguno de los marcos de cogestión con mayor reconocimiento internacional”, recuerda Raúl García, coordinador de pesquerías de WWF.  “No es una varita mágica, pero ha demostrado que puede facilitar la transición ecológica justa de la pesca. El diseño de los planes de gestión de las pesquerías o el de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de manera participativa, incluyendo al sector, administraciones, comunidad científica y a las organizaciones ambientales, fomenta la cultura del cumplimiento, la corresponsabilidad de los actores y la toma de datos. Lo vemos por ejemplo, en la gestión exitosa del sonso en Catalunya o del percebe en Asturias o en Reservas Marinas como en Os Miñarzos en A Coruña”, recalca García.

Por último, las organizaciones ecologistas apuestan por limitar el peso de derechos históricos de pesca en el reparto al 50 % en aras de aplicar también criterios ambientales y sociales en el reparto. A esto se oponen grandes empresas pesqueras que se han visto beneficiadas en el reparto en el pasado sin que se haya aplicado el artículo 17 de la Política Pesquera Común. “Estamos convencidos que un diseño ambicioso de estos criterios incentivará una pesca más ambiental, más justa y más social”, declara Àlex Bartolí, consultor en pesquerías. 

Por ejemplo, hay que promover que, si un arte de pesca es más respetuoso con el fondo marino, o si un armador o armadora mejora la selectividad de su aparejo, reciba un incentivo en forma de derechos de pesca. Asimismo, la implementación de estos criterios puede incentivar también las buenas prácticas sociolaborales y el impacto económico de las comunidades dependientes de la pesca. Esto daría acceso a las flotas de bajo impacto a los recursos suficientes para sobrevivir económicamente y estaría en coherencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.b de la Agenda 2030.

“Queremos una pesca que respete y se entienda con la biodiversidad y los ecosistemas. El armador o armadora dispone de una licencia para extraer recursos marinos, pero ninguna empresa es propietaria de los hábitats marinos ni de la fauna que lo habitan. Los recursos del mar son bienes públicos, y han de gestionarse no solo para que sean rentables a corto plazo, también para que se conserven en el tiempo”, concluye Cecilia del Castillo, responsable de pesca de Ecologistas en Acción.

En las negociaciones de la ley en el Congreso, que entran en su recta final, los partidos están a tiempo de acordar una norma a la altura de los retos ambientales y pesqueros de nuestro tiempo. Las organizaciones ambientales llaman a la responsabilidad de las diputadas y diputados y les instan a acordar una ley del siglo XXI, apoyando las enmiendas que van en la línea de la conservación de los ecosistemas, el reparto justo de las oportunidades de pesca y la gobernanza participativa.