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13-02-2019

Propuestas para un horizonte sin nucleares

Ante la ausencia de un diálogo social sobre el apagón nuclear, y a partir de las decisiones anunciadas por el Gobierno que posponen la fecha de cierre de las centrales nucleares, Greenpeace y la Fundación Renovables organizaron un encuentro para que se escuche la voz de todos los agentes implicados en el proceso hacia un nuevo modelo energético. A través del análisis de la situación actual se han establecido seis criterios para el cierre nuclear

Criterios para el cierre nuclear

1- Precio de la electricidad: se mantenga y/o baje 
Las renovables abaratan el precio y la reforma del mercado eléctrico es imprescindible

2- Participación social: el cierre nuclear programado no es solo una decisión empresarial.

“Las personas son el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable, y la consulta pública es obligatoria en materia nuclear”

3- Economía y empleo local: el cierre debe favorecer el empleo sostenible y justo y la economía local

El desarrollo de planes de inversión local, la transición energética prioritaria en estas comarcas, junto con el cierre nuclear es una oportunidad única”

4- Disminuir el CO2: global, sistema energético y eléctrico

Cierre del carbón y nuevas inversiones en renovables

5- Costes: los costes de los residuos radiactivos, y de los riesgos de accidente, los deben pagar las empresas no la sociedad.

Independientemente de si están funcionando o no las eléctricas deben pagar los costes, y  se tienen que aumentar los ingresos de Enresa”.

“Los operadores de las centrales nucleares deben afrontar una responsabilidad ilimitada, en caso de accidente nuclear”

6-  La seguridad nuclear objetivo prioritario

“Los reglamentos y los protocolos de seguridad deben ser respetados, y deberían restituirse todos aquellos que se han modificado.”

“El trabajo transparente e independiente de los técnicos debe ser garante de la seguridad nuclear, tanto  de los cierres como las ampliaciones de licencias.”

“La politización y falta de control de organismos  y empresas públicas como riesgo añadido”

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