Se avanza (lentamente) hacia una movilidad sostenible
El AVE se lleva la mayor partida presupuestaria mientras que el apoyo al coche eléctrico es irrisorio
En la actualidad el sistema de movilidad de nuestro país implica un consumo energético demasiado elevado y muy dependiente de los combustibles fósiles. De hecho, el transporte es el sector que actualmente más contribuye en España al cambio climático, con aproximadamente un tercio de todas las emisiones. Además, el uso abusivo de vehículos con motor de combustión, y sobre todo automóviles, es una de las principales causas de contaminación ambiental, ruido e insostenibilidad en las áreas urbanas y metropolitanas.
El fomento de la electrificación del transporte y de la promoción de vehículos eléctricos (en especial de mercancías y colectivos) es fundamental para reducir las emisiones y favorecer la transición energética.
El transporte es el sector que actualmente más contribuye en España al cambio climático, con aproximadamente un tercio de todas las emisiones.
![](https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/GPES20180504PB2651-500x0-c-default.jpg)
![](https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/GPES20110208JLR0006-500x0-c-default.jpg)
El Ministerio de Transición Energética destina 50 millones (igual que en 2018) a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) a la promoción del vehículo eléctrico. Una de las principales novedades de estas nuevas ayudas respecto a los años anteriores es la eliminación de subvenciones a turismos propulsados por las distintas versiones de gas (GNC, GLP o bifuel) y el presupuesto irá a incentivar los vehículos eléctricos en sus diferentes modalidades de cero emisiones y ECO.
Por su parte, el Ministerio de Industria en su programa para el desarrollo industrial destina 17 millones (16,6 millones en 2018) al fomento de la movilidad sostenible de los que transfiere: 80.000 a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del sector público estatal, otros 80.000 euros a Comunidades Autónomas, 1,1 millones a entidades locales, 6,8 millones a familias e instituciones sin fines de lucro y 20,29 millones a empresas privadas. Esta última partida es la que más ha aumentado con respecto a 2018. Lamentablemente las ayudas de este ministerio (Plan MOVEA) siguen considerando las subvenciones a las distintas versiones de gas.
![](https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/renfe-2400812_12801-500x0-c-default.jpg)
![](https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/3834297501_39a477694f_b1-500x0-c-default.jpg)
![](https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/Tranvía_en_Zaragoza_Z241-500x0-c-default.jpg)
Movilidad sostenible
El análisis de las inversiones de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado demuestra un cambio gradual en la política de infraestructuras, incrementando la apuesta por la mejora del ferrocarril convencional y la conservación de carreteras, frente a las políticas anteriores que priorizaron la construcción de nuevas infraestructuras.
Para 2019 el presupuesto dedicado a inversión en Cercanías es de 1.353 millones de euros, casi el triple que en 2018, una inversión imprescindible para paliar la situación de abandono de los servicios que más viajeros desplazan a diario. Se contiene la inversión en nuevas líneas de Alta Velocidad dedicando 2.660 millones de euros para finalizar mayormente obras ya en marcha. Respecto a los presupuestos destinados a los modos de transporte menos sostenibles, se reduce un 7,8% en el caso del aéreo mientras que en el transporte por carretera acapara 2.328 millones de euros, aumentando un 32,2% la conservación y mantenimiento la red de carreteras existente.
Sin embargo, la apuesta por el transporte ferroviario en las grandes ciudades no se traduce en una mayor aportación estatal para el transporte urbano, congelándose toda la financiación a entidades de transporte locales y metropolitanas (excepto Barcelona, que sube un 37%) pese al aumento en 2018 de los usuarios del transporte público. Esta congelación pone de manifiesto una vez más la necesidad de una Ley Estatal de Financiación del Transporte Público que regule legalmente la asignación de recursos estatales, cuya propuesta de Ley está actualmente pendiente de redacción por parte del Ministerio de Fomento.