Sin perspectiva de género a la vista
Los programas analizados no incluyen indicadores que incorporen la perspectiva de género
Desde Greenpeace se considera fundamental tener en cuenta la perspectiva de género para asegurar un mundo más justo y equitativo. Por este motivo, se analiza la incorporación efectiva de esta cuestión en los Presupuestos Generales del Estado.
Los PGE pueden parecer “neutros” al género. Sin embargo, dado que determinan dónde se pone el foco económico de las prioridades políticas, no puede haber tal neutralidad o “ceguera”. Por ello, los presupuestos con enfoque de género deben analizar el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres para detectar y abordar desigualdades. Tal y como recoge la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículo 15: “Es de obligado cumplimiento integrar el principio de igualdad en la presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”).
Los presupuestos con enfoque de género deben analizar el impacto diferenciado sobre mujeres y hombres para detectar y abordar desigualdades.
El impacto de género está recogido en los presupuestos desde el año 2011, cuando se elabora una memoria que incorpora medidas (recogidas también en el Plan Estratégico de Oportunidades, PEIO, de 2014-2016) como la perspectiva de género, la conciliación y corresponsabilidad, el principio de igualdad, de trato y de oportunidades, la formación en igualdad y prevención de violencia de género, también incluye datos desagregados por sexo e indicadores de productividad y de presencia equilibrada.
Al analizar la Memoria de Impacto de Género 2019 se constata que únicamente 137 programas (sobre un total de 218) gestionados por los distintos departamentos ministeriales tienen impacto de género. Solo seis de ellos coinciden con los que han sido analizados por Greenpeace: cuatro son de investigación, desarrollo e innovación (Investigación Sanitaria; Oceanográfica y pesquera; Geológico-minera y medioambiental; y Energética, medioambiental y tecnológica) y el otro es el programa Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Normativa y Desarrollo Energético. Ninguno de ellos incluye en su descripción del programa de 2019 indicadores de seguimiento desglosados por sexo, ni indicadores que incorporen la perspectiva de género.
Por último, señalar que el Congreso de los Diputados aprobó en el año 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo contemplaba un total de 1.000 millones a lo largo de cinco años, lo que significa una inversión de un mínimo de 200 millones cada año. Este año los presupuestos contemplan 20 millones de euros adicionales a los que se presupuestaron en el anterior ejercicio. Estos 220 millones, que se reparten de forma transversal a lo largo de varios ministerios.