La mejor herramienta que conocemos para trabajar por un futuro sostenible y pacífico es una democracia abierta e inclusiva, con capacidad para escuchar propuestas y canalizar toda la energía que se encuentra en nuestras sociedades. Sin embargo, en muchas ocasiones los gobiernos y organismos internacionales actúan al servicio de las grandes corporaciones, las instituciones financieras o las élites económicas, desoyendo el interés mayoritario al que se deben. Es entonces cuando el papel de la sociedad civil cobra un protagonismo fundamental para corregir ese desequilibrio: como decía Hannah Arendt, “los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos a los políticos”.
Por ello Greenpeace apuesta por una campaña específica de Democracia y Cultura de Paz:
- Porque de la misma manera que el deterioro global del planeta y el de la calidad democrática son procesos que se acompañan, hoy la defensa del medioambiente y de la democracia han de ir de la mano.
- Porque acallar la protesta es encerrar la conciencia de la democracia: necesitamos un marco legal que garantice el derecho a la protesta, la contestación social y la libertad de expresión para poder defender el medio ambiente y la paz.
- Porque, ahora más que nunca, necesitamos una sociedad civil consciente y un tejido social fortalecido, con capacidad de movilización ante las injusticias y generación de pensamiento crítico.
- Porque necesitamos fomentar el diálogo social y la cultura de paz, frente a la lógica de la polarización social y el discurso de odio, como base para la convivencia pacífica en el presente y el futuro.
40 años de ecologismo y pacifismo
A lo largo de las últimas cuatro décadas, innumerables movilizaciones han profundizado en la conformación de nuestro panorama democrático: muchas de ellas alcanzaron el fin para el que nacieron; pero incluso las que no lo lograron han dejado tras de sí alianzas, experiencias y espacios de deliberación ciudadana que han contribuido a fortalecer el tejido social de pueblos y ciudades en toda nuestra geografía. Rememorando algunas de ellas, este espacio pretende rendir homenaje a esas iniciativas protagonizadas por personas y organizaciones comprometidas, que con su empeño han escrito en primera persona la historia de nuestros territorios.
Desde la convicción de que la democracia no es un proceso dado, sino una construcción paulatina que cristaliza a través de prácticas reivindicativas, echamos a continuación un vistazo a las grandes áreas que han movilizado al ecologismo y el pacifismo en estos cuarenta años. Porque los sistemas de garantías se construyen, en ocasiones, transgrediendo los marcos preestablecidos, sirva este apartado de reconocimiento a todos los espacios de desobediencia civil y a todas las acciones directas noviolentas llevadas a cabo para profundizar en el ecosistema humano más exitoso que conocemos: la democracia.
Energía nuclear
La oposición a la energía nuclear ha sido la lucha clave sobre la que se ha articulado, junto a otras asociaciones vecinales, el movimiento ecologista en todo el Estado. Fruto de la presión de sucesivas campañas a lo largo de varias décadas, muchas de las centrales programadas no llegaron a entrar en funcionamiento y, de las que lo hicieron, algunas han cesado su actividad.
Algunos de los principales espacios de oposición han sido, desde las protestas por los vertidos nucleares en el mar: hasta su prohibición en 1982, se lanzaron a la Fosa Atlántica 140.000 toneladas de residuos nucleares. La primera acción de Greenpeace en España se realizó precisamente frente a esas descargas, cerca de la costa gallega. Posteriormente, la presión para el cierre de las centrales nucleares de Vandellós I, Zorita o Garoña, y con las luchas, todavía en marcha, contra la de Almaraz (Cáceres), Cofrentes (Valencia), Ascó y Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara). Y más recientemente, las protestas contra el ATC (Almacén Temporal Centralizado) para residuos nucleares de alta actividad, proyectado en Villar de Cañas (Cuenca) en 2009, cuyo proyecto de construcción está paralizado, entre otras.
Contaminación industrial
La industrias contaminantes han movilizado en ocasiones a pueblos enteros, afectados directamente por los impactos de su actividad. Tres tipos de instalaciones han suscitado numerosas protestas por parte de la población colindante:
- Las cementeras, que cuentan con una gran oposición social por sus emisiones de gases de efecto invernadero y de mercurio, debido a la quema de residuos que emplean como combustible. En los últimos años se han desarrollado protestas frente a CEMEX en Buñol y Alicante, y Lafarge-Asland en Sagunto; Cementera Cosmos, en Toral de los Vados; Portland Valderrivas, en Morata de Tajuña; Lafarge Cementos, en Montcada i Reixac y Cementera Cosmos, en Córdoba.
- Las incineradoras, entre las que cabe resaltar la exitosa lucha contra la de Valdemingómez, cuyo cierre ha sido anunciado en junio de este mismo año; mientras, las campañas contra la de Son Reus (Mallorca), la de Zubieta (Gipuzkoa) o la de Zabalgarbi (Bizkaia), todavía están en activo.
- Las refinerías, entre las que destacan el fin en 2012 del proyecto de refinería de Balboa, en Los Santos de Maimona (Badajoz) y la oposición activa de Muskiz (Bizkaia) contra la refinería de petróleo de Petronor desde 2007.
Vertidos y desastres ambientales
Entre las grandes catástrofes medioambientales de las últimas décadas, ocupan un lugar destacado los vertidos de productos tóxicos y contaminantes a las aguas continentales y en la costa, que recibieron una importante contestación social, como el tristemente inolvidable hundimiento del Prestige en 2002 (que dio lugar al nacimiento de la plataforma Nunca Máis, reflejado en el siguiente capítulo).
También ha sido alarmante el vertido continuado de la bahía de Portmán, en Cartagena, por la empresa minera Peñarroya, que entre 1957 y 1987 vertió 315 millones de toneladas de residuos mineros al Mediterráneo.
Igualmente, cabe destacar las denuncias vecinales y ecologistas en torno a la rotura, el 25 de abril de 1998, de la presa de contención de la mina de pirita de Aznalcóllar (Sevilla), gestionada por la empresa sueca Boliden-Apirsa, que vertió agua ácida y lodos tóxicos en la zona externa del Parque Nacional de Doñana.
Y también en el sur se encuentran las polémicas balsas de fosfoyesos radiactivos de Fertiberia en Huelva, situación denunciada en numerosas ocasiones por la Mesa de la Ría.
Infraestructuras de transporte
La construcción de grandes infraestructuras ha contado en muchas ocasiones con la oposición de las comunidades afectadas, por los enormes impactos que generan en el territorio:
- Macropuertos: como el de Granadilla de Abona (Tenerife) que, pese a la persistente denuncia de organizaciones sociales y vecinales, ha sido inaugurado en marzo de 2018. También ha seguido adelante la ampliación del puerto de Valencia, que la plataforma “Horta és futur. No a la ZAL” recurrió en 2017.
- Aeropuertos: como el aeropuerto fantasma de Ciudad Real, que exigió una recalificación urbanística y que ha incumplido reiteradamente la legislación medioambiental. Más recientemente, en noviembre de 2018 se ha constituido la Plataforma “No Aeropuerto” de Casarrubios-El Álamo, frente a la intención de Air City Madrid Sur de convertir el actual aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) en un aeropuerto centrado en servicios para compañías aéreas low-cost.
- Carreteras: donde destacan el caso de la construcción de una variante a la CV 311 en Valencia, que afectaría a cuarenta y cinco municipios de la huerta valenciana. El proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501, que atraviesa una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) del suroeste de Madrid, contó con una fuerte oposición ecologista y vecinal, que finalmente no impidió que siguiera adelante.
- Tren de Alta Velocidad: esta derrochadora infraestructura, de gran impacto en el territorio, ha sido especialmente contestada en Euskadi y Navarra, donde destacan las campañas desarrolladas por AHT gelditu Elkarlana y Mugitu AHT Gelditzeko contra la denominada “Y vasca”.
Especulación a toda costa
El modelo desarrollo inmobiliario del litoral español es el ejemplo paradigmático de gestión insostenible del territorio. Entre los muchos ámbitos que han generado oposición, en especial de grupos ecologistas, es digna de reseñar la batalla legal y mediática contra el complejo hotelero de El Algarrobico, construido en el corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) e icono del modelo de especulación inmobiliaria asociado al turismo masivo de sol y playa de la costa. También cabe mencionar, entre otras muchas, las infatigables denuncias que el GOB (Grupo Ornitológico Balear) lleva emitiendo desde los años 70 contra operaciones urbanísticas residenciales y hoteleras en el archipiélago. Los vertidos ilegales al mar -sin depurar- provenientes de la urbanización masiva también han sido denunciados en numerosas ocasiones por las asociaciones vecinales y ecologistas canarias.
Minería y prospecciones
Los proyectos de minería suponen un impacto elevado en los territorios de explotación, y conectan con la habitual fórmula de extracción de recursos naturales, que enriquece a las empresas y empobrece el futuro de las poblaciones donde se instalan. Sus planteamientos más agresivos han producido resistencias en las comunidades afectadas:
- La extracción de gas de esquisto mediante fractura hidráulica (técnica conocida como fracking) en Armentia (Álava), Arquetu (Cantabria), Maestrat y Els Ports (Castellón), los proyectos Sedano y Urraca (Burgos) o Porcuna (Jaén), por citar algunos.
- La minería a cielo abierto, como las minas de carbón del Feixolín en el valle de Laciana (León), explotadas de forma irregular por el conocido empresario del carbón Victorino Alonso, cuyo movimiento de denuncia contó con apoyo de colectivos de otras regiones del país.
- La minería de oro y uranio: como las movilizaciones por el proyecto de exploración minera en Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña) o en Retortillo (Salamanca), cuyos permisos han sido recientemente paralizados.
- Las prospecciones marinas de hidrocarburos, como la oposición al proyecto Castor, hoy paralizado: el depósito artificial de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona, fue denunciado por la Plataforma en defensa de les Terres del Sénia, por tratar de eludir los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Otro ejemplo son las protestas que movilizaron a gran parte de la población canaria contra el proyecto petrolífero de Repsol que preveía extraer hidrocarburos frente a su costa, y que finalmente renunció a las mismas en 2015.
Agua: embalses y trasvases
La conservación y el manejo racional de las aguas interiores ha suscitado una gran implicación de las poblaciones donde se proyectaban embalses o trasvases. En el ámbito de la gestión de los recursos hídricos, el trasvase del Tajo-Segura ha planteado una férrea oposición de los grupos ecologistas y otros, frente a los intereses de la agroindustria y el insostenible modelo de gestión territorial. Entre las protestas contra la construcción de embalses, cabe destacar las que tuvieron lugar ante la creación del embalse de Riaño (León), que sepultó ocho pueblos del valle: treinta años después, la Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño reclama el vaciado del embalse y la devolución de viviendas y terrenos. Destacables fueron también las luchas contra la construcción del pantano de Itoiz (Navarra) en los años noventa; y las actuales movilizaciones ecologistas y vecinales que ponen el foco en el recrecimiento del embalse de Yesa (Aragón).
Biodiversidad y conservación de ecosistemas
En varias ocasiones han tenido lugar movilizaciones para solicitar la protección de espacios naturales, como las ocurridas en el Parque Nacional de Cabañeros (entre Ciudad Real y Toledo) entre 1983 y 1996, donde se consiguió paralizar la construcción de un polígono de tiro. O las de las Tablas de Daimiel (también en Castilla-La Mancha), Parque Nacional desde 1973 y reserva de la biosfera desde 1981, en continuo riesgo de descatalogación como tal, por su progresiva degradación debido a la actividad humana y al abandono institucional. La protección de especies vulnerables ha observado también movilizaciones, especialmente en defensa del lobo ibérico, solicitando la inclusión en el Catálogo de Especies Amenazadas, la denuncia de la caza furtiva y la implementación de medidas de recuperación y protección de la especie.
Agricultura y ganadería
En este ámbito cabe mencionar las históricas reivindicaciones ecologistas y de colectivos agrarios contra los cultivos transgénicos y la defensa de la agroecología y la soberanía alimentaria, o las más recientes movilizaciones vecinales contra proyectos de ganadería industrial como las macrogranjas, en las que la recién formada Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial ha emergido con fuerza para aglutinar la oposición a dichos proyectos.
Ciudades y modelos de consumo
En la última década, la emergencia de estrategias de transformación social y ambiental a través de las formas de movilidad y consumo ha encontrado gran aceptación por una parte de una ciudadanía consciente del poder de transformación de los actos cotidianos convirtiéndolos en actos reivindicativos y políticos. El uso de la bicicleta como medio de transporte urbano ha sido impulsado también a través de iniciativas como la Bicicrítica que, mediante la irrupción reivindicativa en las pautas de tráfico rodado de las grandes ciudades, contribuyó a abrir un debate ciudadano que hoy está en el centro de las políticas de movilidad sostenible. Otra área con gran`potencial de transformación es la del abastecimiento responsable de alimentos a través de grupos de consumo agroecológico, proyectos autoorganizados que apuestan por consumo ecológico, local y de temporada y basado en una relación directa y de confianza entre las personas consumidoras y las personas productoras, una demostración real de que otro modelo agroalimentario es posible.
Antimilitarismo y la industria de la guerra
El fuerte vínculo de las reivindicaciones antimilitaristas y ecologistas a lo largo de estas cuatro décadas ha dejado un rico legado de resistencia civil noviolenta. Desde las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN en la década de los ochenta; a la campaña de insumisión al servicio militar obligatorio en los noventa; las movilizaciones contra la segunda guerra de Irak a comienzos de siglo; y la actuales protestas contra la venta de armas a países en conflicto o que vulneran los derechos humanos, nacida de los movimientos de solidaridad con las personas refugiadas, en muchas ocasiones por motivos geopolíticos relacionados con las guerras alimentadas con esas armas.