#1
Condicionar las ayudas económicas a la agenda climática y ambiental
Tanto las ayudas públicas como los rescates del Estado a empresas deben estar condicionadas al cumplimiento de la hoja de ruta de la descarbonización de la economía española, en línea con las recomendaciones científicas para no superar el 1,5 ºC de aumento de la temperatura global. También es fundamental instaurar una fiscalidad verde que fomente las prácticas beneficiosas con el medio ambiente, así como premiar aquellas opciones que cuiden a los trabajadores y trabajadoras. Por último, las ayudas del Fondo de Recuperación europeo también deben estar vinculadas a objetivos de economía verde y circular, así como al principio de “no hacer daño”, es decir, que no puedan ser usadas en ningún caso para actividades que contribuyan al cambio climático y causen daños a la biodiversidad.
#2
Evitar el greenwashing en materia de cambio climático
Es fundamental que la futura Ley de Cambio Climático de la UE prohíba expresamente el lobby, la publicidad y el patrocinio de las empresas de combustibles fósiles. Además es necesaria una modificación de la Ley General de Publicidad para evitar la publicidad engañosa de productos, bienes y servicios emisores de gases de efecto invernadero.
#3
Más reglas para el sector empresarial
Hay que avanzar en la obligatoriedad del reporte sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y/o el cálculo de la huella de carbono, además de medir correctamente las emisiones de la actividad financiera. Se hace también necesaria una ley de diligencia debida que obligue a las empresas transnacionales a cumplir con los acuerdos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente, además de un Tratado vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Por último, en el ámbito del control de la actividad energética necesitamos organismos independientes al servicio del interés público, así como legislar para evitar los oligopolios.
#4
Alinear los objetivos de reducción de emisiones con las recomendaciones científicas
Tanto a nivel europeo como estatal, las leyes de cambio climático deben establecer un objetivo de reducción de emisiones más ambicioso. A nivel nacional, este objetivo debe elevarse hasta al menos el 55% de reducción de las emisiones para 2030 respecto a 1990. Tanto en la UE como en España es necesaria la creación de un órgano científico independiente que asesore a las instituciones a la hora de diseñar planes y políticas. Por último, la mejora, restauración y protección de los sumideros de carbono (bosques, humedales, costas) debe ser simultánea y adicional a los recortes rápidos y profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero. En ningún caso pueden ser sustitutivos de la reducción de emisiones.
Para conocer en detalle las propuestas de Greenpeace para frenar las trampas al clima, lee el informe completo “Haciendo trampas al clima” (capítulo 4).