Acabamos de desplegar un mensaje de más de 300 metros cuadrados en el puente de la Barqueta, en Sevilla, sobre el Guadalquivir, para denunciar la amenaza de reabrir la mina de Aznalcóllar: AZNALCÓLLAR, OTRA VEZ NO. 

Esta vez, no vamos a permitir que la historia se repita. 

Si lo viviste, seguro que un escalofrío te recorre el cuerpo al recordar las imágenes. Si no lo viviste, déjame que te cuente cómo la negligencia corporativa y la ceguera administrativa pueden quebrar el futuro de una región entera de la noche a la mañana.

La rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar sobre el río Guadiamar en 1998 fuE la crónica de un desastre anunciado y advertido durante años por diferentes grupos ecologistas. El resultado: 80 kms del río afectado, 4.600 hectáreas de cultivo envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación, siete millones metros cúbicos de lodos tóxicos retirados y almacenados en las cortas mineras, 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, unas 5.000 personas perdieron sus empleos y las pérdidas económicas alcanzaron casi los 11 millones de euros. La empresa que gestionaba la mina, Boliden se fue sin pagar ni un solo euro de los cientos de millones que costó la limpieza y restauración de la zona. 

Hoy, con la sombra de este desastre en nuestra memoria, nos enfrentamos a la reapertura de la Mina Los Frailes en Aznalcóllar. Una reapertura que tendrá como consecuencia la contaminación por metales pesados del río Guadalquivir, columna vertebral hídrica de Andalucía. 

MÁS INFO: Greenpeace documenta con imágenes exclusivas la contaminación de los ríos cercanos a la mina de Aznalcóllar por los vertidos de hace casi 30 años

Vergüenza por un tubo a las puertas de Sevilla

El proyecto, que ya cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía, prevé la construcción de una tubería de 30 kilómetros desde el recinto minero de Aznalcóllar hasta el Estuario del Guadalquivir, a escasos metros del término municipal de la ciudad de Sevilla. Por esta infraestructura se pretenden verter 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante un periodo de más de 18 años. Para colmo de la ironía, una parte sustancial de estas aguas procederá del vaciado de los recintos donde hoy siguen confinados los lodos tóxicos del desastre de 1998.

La empresa promotora y la administración se escudan en que el agua pasará por un proceso de depuración previo. Sin embargo, la física y la química no entienden de promesas políticas: los metales pesados no desaparecen por arte de magia. El caudal que llegará al Guadalquivir contendrá un cóctel letal de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, agravando de forma irreversible la situación de un estuario que ya fue utilizado como «cloaca minera» en 2009 por los vertidos de otra explotación (Cobre Las Cruces).

«La física y la química no entienden de promesas políticas (…) El caudal que llegará al Guadalquivir contendrá un cóctel letal de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc»

Este vertido afectaría a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HICs) de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir que están en Red Natura 2000 y sobre el Parque Nacional de Doñana, el cual sumará una amenaza más al listado que desgraciadamente ya tiene. Por otro lado, el vertido tendría graves consecuencias sobre la seguridad alimentaria, puesto que afectaría tanto a los  agricultores del bajo Guadalquivir como a las cofradías de pescadores de Sanlúcar de Barrameda, cuya actividad depende del buen estado de conservación de la desembocadura del río Guadalquivir. 

Si supieran cómo funciona el estuario, no verterían metales pesados

El estuario del Guadalquivir tiene una dinámica hidrológica muy particular: no expulsa el agua de manera inmediata al mar. La marea del océano Atlántico penetra por la desembocadura dos veces al día, invirtiendo la corriente natural del río y empujando el agua y los sedimentos tierra adentro hasta chocar con la presa de Alcalá del Río, que se comporta como un “fondo de saco”. Si a esto le sumamos el fenómeno del “tapón salino” en la desembocadura, que frena la salida de las aguas interiores, nos encontramos ante un río que no expulsa el agua de manera inmediata. Tampoco los metales pesados, que decantan, se depositan de forma acumulativa en los lodos del lecho fluvial y pasan a la red trófica. Por eso este vertido afecta de forma directa al aprovechamiento agrícola y pone en peligro la actividad pesquera de los pueblos ribereños y de la desembocadura. Dos pilares fundamentales en la economía local de los pueblos de la zona y un peligro para la imagen turística asociada al marisco, tan famosa en los pueblos de la desembocadura del Guadalquivir. 

Es hora de actuar

Desde Greenpeace, en alianza con Ecologistas en Acción y la plataforma SOS Guadalquivir, llevamos tiempo denunciando que este nuevo proyecto minero es una auténtica «bomba de relojería» ambiental. A las voces de la sociedad civil y de grupos ecologistas, se han unido organizaciones agrarias y pesqueras, así como ayuntamientos de los pueblos ribereños y de la desembocadura de Guadalquivir. El clamor empieza a ser unánime. 

«No podemos permitir que el beneficio económico a corto plazo de unos pocos convierta nuestro río en una alcantarilla minera»

No podemos permitir que el beneficio económico a corto plazo de unos pocos convierta nuestro río en una alcantarilla minera. La protección del agua y de nuestra salud es una cuestión de pura supervivencia, no de rentabilidad financiera.

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Aznalcóllar, otra vez no.