En plena crisis originada por la Covid-19 hacemos balance de la actuación ambiental de un Gobierno que comenzó con la Declaración de Emergencia Climática y llega a sus primeros 100 días con un país paralizado por una crisis sin precedentes. En estos momentos, la prioridad pasa por el cuidado de las personas y superar la actual crisis sanitaria. Desde Greenpeace nos solidarizamos con todas las personas que, de una forma u otra, se están viendo afectadas por el virus y recordamos la urgencia de acometer acciones concretas y contundentes ante la crisis ambiental y climática. La reconstrucción económica y social del país presenta un gran oportunidad para darle respuesta.

Medidas prioritarias que no han visto la luz

Parece ya muy lejano cuando tras dos elecciones generales se formó un gobierno que tenía que dar respuesta a las evidencias científicas y a la movilización sin precedentes de la sociedad civil que durante 2019 había exigido medidas concretas, ambiciosas y urgentes para afrontar la crisis climática y ambiental. El Gobierno comenzó creando una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a las pocas semanas el Consejo de Ministros aprobó la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental: un documento con 30 medidas que incluían 3 nuevos planes, 5 nuevas leyes y 8 estrategias y señalaba cinco de ellas para llevar a cabo antes de los 100 primeros días de Gobierno.

De las cinco medidas prioritarias que no se han podido llevar a cabo en este periodo la ausencia más destacada es la presentación en el Parlamento de la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sabemos que estaba en camino ya que el pasado mes de febrero el Ministerio presentó al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) un borrador que, aunque en la buena dirección, contaba con unos objetivos de reducción de emisiones insuficientes y no incorporaba sectores clave como: agricultura, forestal, residuos, industria o turismo a pesar de su importante contribución a las emisiones nacionales y sus altos costes en materia de adaptación. La Estrategia de Descarbonización a largo plazo, la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático son otras de las medidas que no han visto la luz.

La transición ecológica justa, la quinta medida comprometida, empieza a dar algunos pasos en especial en los convenios de transición del carbón. Es muy importante seguir avanzando en este sentido y ahora, más que nunca, no dar ningún paso atrás en otros sectores como el de la automoción estableciendo un calendario que ponga el fin al uso de motores de combustión.

Los pasos del Ejecutivo a nivel europeo y nacional

En estos 100 días de gobierno valoramos de forma positiva la posición española en las negociaciones europeas para aumentar la ambición climática y la reciente petición a la Comisión Europea para utilizar el Pacto Verde Europeo en la salida a la crisis económica ocasionada por la Covid-19. En este sentido pedimos al Gobierno que siga la misma línea en nuestro país y empleen los paquetes económicos para la reconstrucción para impulsar con fuerza la transición ecológica justa. De momento, la presentación precipitada a la Comisión Europea del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) en pleno estado de alarma, además de no haber respetado los procesos de participación pública, no presenta grandes cambios y cuenta con unos objetivos de reducción insuficientes para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París.

Valoramos positivamente algunos pasos del Ejecutivo como: el apoyo al Tratado Global de los Océanos para proteger al menos el 30% de los mares para 2030, los avances planteados en fiscalidad verde para crear impuestos al uso del transporte aéreo y a los envases de plástico de un solo uso, la decisión del Gobierno de abandonar la construcción del Almacén para Residuos Nucleares (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca), el anuncio realizado por la Vicepresidencia sobre la actualización de la Ley de Costas ante los impactos del cambio climático, así como las medidas aprobadas en el estado de alarma para que los colectivos vulnerables no se queden sin suministros básicos como agua y luz.

En términos de calidad democrática, el proceso de derogación de la conocida como «Ley Mordaza» sigue siendo la gran asignatura pendiente, y se hace cada vez más necesaria la definitiva desaparición de este texto legal que limita de forma preocupante los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Qué hacer una vez superada la crisis sanitaria

Una vez controlada la crisis sanitaria, el Gobierno tiene que volver a poner en agenda su compromiso con la emergencia climática y ambiental. La pandemia muestra que hay grandes lecciones que aprender sobre la importancia de escuchar a la ciencia y la necesidad de una acción global urgente.

No se trata de elegir entre emergencia climática o emergencia sanitaria. La reconstrucción económica y social del país puede ser una gran oportunidad y por ello es importante que los paquetes de estímulo económico se destinen a actividades que estén alineadas con el Convenio de París, protejan la biodiversidad, sean socialmente justas e incorporen la perspectiva de género. Es necesario crear empleos de calidad en sectores como: las energías renovables, la rehabilitación energética de edificios y construcción de viviendas sostenibles, la agricultura, pesca y ganadería ecológica o el mantenimiento y el desarrollo de las redes de transporte público.

Lo que hagamos ahora y cómo los gobiernos aborden la reconstrucción moldeará nuestra sociedad en los próximos años y sin duda tendrá su reflejo en las próximas generaciones. Estamos ante un gran reto, es importante avanzar en la dirección correcta para prevenir futuras emergencias.