El gas fósil es el paradigma de todas las burbujas. La historia de la industria gasista española es la historia de las infraestructuras faraónicas, mucho más de lo que se necesitaba y que acabas pagando tú.

Hemos construido más de medio centenar de centrales eléctricas de gas, que apenas funcionan un 12% de lo que podrían; seis regasificadoras, que se han usado de media desde 2008 a 2018 a un 22% de su capacidad, además de otra en Gijón que se encuentra parada, y el almacén submarino de gas Castor, clausurado y con una gran deuda pagada por los consumidores. A pesar de ello, Enagás insiste en resucitar proyectos como Granadilla (regasificadora en Canarias) o El Musel y pedir más infraestructuras esta vez para impulsar el uso del hidrógeno. Castor, Midcat, Granadilla o Musel, son nombres que ejemplifican el agujero negro que se ha creado artificialmente en torno al gas en nuestro país.

¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que se planifiquen inversiones multimillonarias, que luego resulta que no eran necesarias y que acabamos pagando quienes no lo decidimos?

Los tentáculos del gas

Esto es posible porque los que toman las decisiones son los mismos que se benefician de ellas. Como lo oyes. La empresa-que-ya-no-es-pública Enagás, es la que le dice al gobierno qué infraestructuras de gas van a ser necesarias, de acuerdo con sus (obviamente interesadas) previsiones. Pero no solo eso, Enagás forma parte de la asociación Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas (ENTSOG), que es la encargada de hacer las previsiones de consumo de gas para Europa y, ¡oh, sorpresa! se ha demostrado que las sobreestimó reiteradamente, poniendo en entredicho el cumplimiento de los compromisos climáticos y usando dinero público para financiar proyectos innecesarios y dañinos para el medio ambiente: las estimaciones para el periodo 2013-2019 fueron entre un 5% y un 21% más altas que la demanda real y en el período 2010-2013 un 22%.

No contentos con lo ya conseguido, estos poderosos lobbies del gas tienen ahora sus ojos fijos en la próxima presa: los suculentos fondos Next Generation que Europa va a destinar a recuperarnos de la crisis de la COVID-19. Hay 750.000 millones de euros en juego. Para ello, además de inflar las previsiones de demanda de gas, cuentan con nuevas estrategias para enmascarar sus intenciones: el hidrógeno. Piden dinero para hidrógeno “verde” (producido con energías renovables), pero como todavía es caro lo mezclan con el suyo, hidrógeno “azul” (producido con gas fósil) o incluso directamente con el propio gas fósil.

Y de momento no les va mal con esa estrategia: justo hace un año, la Comisión Europea presentó una estrategia de hidrógeno para producir 40 GW de hidrógeno verde para 2020, pero dejó la puerta abierta para el uso de gas fósil, sin ninguna fecha límite para eliminarlo gradualmente, y poco después el plenario del Parlamento Europeo acordó incluir proyectos de gas fósil en el Fondo de Transición Justa. Por el momento, la Comisión ha aplazado la decisión y va a reevaluar la clasificación del gas fósil como inversión sostenible. Para finales de 2021 se tomará una decisión sobre el gas. En paralelo, el viernes 11 de junio el Consejo europeo de Ministros de Energía suspendió en su primer gran test para revisar las infraestructura energéticas, dejando la puerta abierta a apoyar nuevos gasoductos y la mezcla de hidrógeno en la red de gas fósil, sin definir ni el porcentaje ni si deberá ser solo hidrógeno renovable. A pesar de los votos en contra de cuatro países incluido España y la abstención de otros cuantos, con esta postura, nos demuestran una vez más, cómo la industria del gas mantiene su influencia en los procesos de toma de decisiones cruciales.

¿Habremos aprendido las lecciones? ¿Volveremos a financiar con dinero público proyectos innecesarios para alimentar el crecimiento de la industria del gas fósil? ¿Habrá valentía política para pinchar la burbuja del gas antes de que nos estalle?

#MentirasATodoGas

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