El pasado 14 de febrero, el Tribunal de Distrito de Dakota del Norte (EE.UU.) emitió una sentencia histórica al desestimar todas las reclamaciones contra los acusados en la demanda presentada por la empresa Energy Transfer contra Greenpeace y otras ONG por valor de 900 millones de dólares.

La decisión de desestimar esta demanda, que acusaba a Greenpeace de extorsión y difamación en relación al caso de los oleoductos, envía un fuerte mensaje a todo el sector empresarial que intenta silenciar a la sociedad civil. En el escrito en el que desestima la demanda, el juez afirma que «publicar artículos escritos por personas que piensan de la misma forma no supone formar parte de una organización creada para chantajear y extorsionar» y que «donar dinero a personas que respaldan tus ideas no crea una organización criminal».

Ante esta decisión, el Consejero General de Greenpeace USA, Tom Wetterer, valoró la decisión de manera positiva: “Se ha hecho justicia. Esta es una gran victoria, no solo para Greenpeace, sino también para cualquiera que haya luchado contra los poderosos intereses corporativos. La decisión de desestimar la demanda sin fundamento de Energy Transfer contra Greenpeace y otras ONG envía un mensaje claro a las empresas que intentan sofocar a la sociedad civil de que no se tolerarán los excesos”.

La empresa demandante, Energy Transfer, es un cliente de la entidad financiera española BBVA. Por este motivo, Greenpeace se ha dirigido al BBVA en varias ocasiones durante 2018 para pedirle que adopte una política más ambiciosa de desinversión en el sector de las energías sucias como forma de avanzar en su alineamiento con el Acuerdo de París. De manera especial, Greenpeace espera que el BBVA incluya expresamente los proyectos de oleoductos de arenas bituminosas dentro de su nueva política de exclusión de inversiones.

“Debemos y continuaremos responsabilizando a Energy Transfer por su comportamiento empresarial en proyectos de oleoductos de alto riesgo como los actuales de Bayou Bridge, donde la compañía continúa utilizando seguridad privada para intimidar a los manifestantes y ha utilizado de manera agresiva la legislación para proteger con violencia la propiedad privada”, dijo Tom Wetterer.

La decisión de desestimar este caso se produce en un momento clave en el movimiento de resistencia global contra los oleoductos. En el último año, hemos visto cómo más de 400.000 personas en todo el mundo apoyaron la petición de Greenpeace a los principales bancos internacionales de que no financien los proyectos de arenas bituminosas de Energy Transfer ante las amenazas que representan para los derechos humanos, la soberanía indígena y el clima.

Esta demanda, en la que se acusaba a las organizaciones de la sociedad civil de constituir un “grupo de extorsión organizado”, es el segundo caso presentado por el despacho de abogados de Trump, Kasowitz Benson Torres, contra Greenpeace en nombre de los intereses corporativos. En 2016, Resolute Forests Products presentó una demanda estratégica similar contra la participación pública (SLAPP) en la que reclamaba 300 millones de dólares, pero también fue desestimada el mes pasado por el juez Tigar.

La libertad de expresión y reunión son derechos a los que Greenpeace no va a renunciar. Son esenciales para una sociedad democrática, pacífica y verde.