Greenpeace está comprometida con los derechos de los trabajadores y trabajadoras que tanto ha costado lograr, y apoya una transición socialmente justa y alejada de las industrias contaminantes.

Por qué celebramos el 1 de mayo

Hoy celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. Los trabajadores, trabajadoras y sindicatos han desempeñado un papel fundamental en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy. En muchas ocasiones han demostrado una perseverancia admirable y una resistencia a toda prueba. Y si hoy disfrutas de los fines de semana libres, de la baja por enfermedad o del permiso de maternidad o paternidad, es gracias a ese compromiso.

El poder popular está en el alma de Greenpeace, y el movimiento obrero tiene mucho que enseñarnos en este sentido. La capacidad de la negociación colectiva y la fuerza de la lucha sindical son la mejor prueba de que las personas pueden trabajar unidas para cambiar el mundo a mejor. Nuestro máximo respeto por ello.

¿Cómo afecta la crisis ambiental a la clase trabajadora?

Por un lado, el sustento de muchas personas está ligado a modelos de producción contaminantes. Pensemos en los trabajadores de las refinerías, de la aviación o de las fábricas de automóviles de motor de combustión interna. El declive de estas industrias es inevitable a medida que reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto afectará a la personas trabajadoras y a sus familias. Muchos de ellos están buscando una salida o una reconversión profesional.

Por otro lado, hay mucho trabajo por delante para lograr una movilidad sostenible, en el impulso de las energías renovables, la rehabilitación energética o en preservar ecosistemas resilientes. Todos estos son sectores que van a seguir creciendo. Y con la inversión, la formación y el apoyo adecuados, un amplio abanico de oportunidades podría reemplazar los puestos de trabajo perdidos en sectores contaminantes y de altas emisiones.

Esta es la esencia del concepto de transición justa: pasar a una economía más sostenible de forma justa para todas las personas, sin excepción. Si se hace bien, la transformación necesaria para reducir las emisiones o restaurar los ecosistemas puede ser también una oportunidad para abordar muchas de las demás injusticias de nuestras sociedades. Pero si se hace mal, podría empeorarlas. En definitiva, no puede haber justicia medioambiental sin justicia social.

¿Qué hay que hacer?

Una transición justa no se va a dar por sí misma. Debemos trabajar de forma conjunta para asegurar que se da toda la inversión y apoyo necesarios.

Muchos sindicatos, trabajadores y trabajadoras en todo el mundo llevan años planteando esta cuestión. El término transición justa nació del movimiento obrero y de las comunidades afectadas. Sus exigencias incluyen aspectos como la financiación de la reconversión profesional, garantías de empleo cuando las industrias contaminantes cierren, condiciones laborales dignas en las industrias verdes en expansión, acceso a la organización sindical y medidas para la reubicación cuando sea necesario.

Por otro lado, es imprescindible generar una sólida red de protección social extendida a comunidades enteras y planes de desarrollo para las regiones afectadas. Las experiencias del pasado nos enseñan que las reconversiones industriales pueden tener un enorme efecto dominó y que no todo el mundo puede o quiere deslocalizarse. Además, cualquier plan de reconversión hacia una economía más verde debe observar criterios de cohesión y equilibrio territorial, priorizando la revitalización de nuestro medio rural y fortaleciendo el tejido social de esa España vaciada durante décadas de inversiones justas y sostenibles.

Quizá lo más urgente sea la demanda de inversiones y políticas para fortalecer la transición energética y un tejido industrial verde que genere empleo de calidad. Los fondos europeos de recuperación van a tener aquí un papel fundamental para lograr una auténtica recuperación verde y justa. Habrá que prestar especial atención a la asignación de fondos europeos y la medición de su impacto en el empleo (también desde una perspectiva de género), así como la existencia de procesos de participación entre los que es obligado el diálogo social con los sindicatos y demás agentes sociales, para asegurar que esta lluvia de millones realmente se traduzca en beneficios para la sociedad en forma de empleos y potencien una transición justa que no deje a nadie atrás, tampoco a los trabajadores y trabajadoras de las industrias en declive.

Y estas reformas no pueden demorarse más: estas últimas semanas estamos asistiendo a movilizaciones de trabajadores en las refinerías de A Coruña y de Puertollano -por poner solo un ejemplo- que necesitan soluciones alternativas ya, y no falsas promesas a corto plazo basadas en un modelo energético que no tiene futuro. No hay una solución única para todos los casos, y por eso el diseño de transiciones adaptadas a cada situación debe incluir de forma irrenunciable la participación activa de los trabajadores, los sindicatos y otros agentes sociales afectados.

¿Quién debe pagar la factura?

Ya sabemos que una serie de grandes empresas y élites llevan décadas beneficiándose de la expansión de las industrias contaminantes. Por eso, tenemos claro que son estas mismas corporaciones las que deberían pagar una parte sustancial de la factura de esta transición.

Cuando las empresas de combustibles fósiles siembran dudas sobre la evidencia científica en relación a la emergencia climática, utilizan trucos de contabilidad de emisiones para negar la magnitud del cambio que se avecina, realizan promesas de puestos de trabajo que no van a pueden cumplir o utilizan el cambio climático como excusa para hacer recortes de plantilla, no están haciendo ningún favor a sus trabajadores. Por el contrario, los arrastran aún más hacia el agujero que ellos mismos están cavando.

Así que hoy, en el Día Internacional de los Trabajadores, a todos las personas que nos preocupamos por un futuro verde y pacífico nos toca pensar en lo que podemos hacer para impulsar una transición justa hacia una economía descarbonizada y que respete los límites del planeta. No sólo con palabras, sino con acciones y exigencias políticas.

Reiteramos nuestra convicción en el poder de los trabajadores y trabajadoras unidos para cambiar el mundo a mejor. Necesitamos esa fuerza ahora mismo, quizás más que nunca.

28/08/2001. Ringkobing, Dinamarca.
La compañía danesa Vestas Wind Systems fabrica aerogeneradores completos incluyendo la producción de palas de rotores para la instalación de parques eólicos nacionales en tierra y en mar (offshore) y para su exportación en todo el mundo. ©Greenpeace/Paul Langrock/ZENIT

Post escrito por Sophie Allain, Senior Strategist & Portfolio Manager de la campaña de Combustibles Fósiles en Internacional y traducido por Javier Raboso, campaigner de Paz, Democracia, Derechos Humanos y Contrapoder en Greenpeace España.