Mañana se cumplen 5 años de la entrada en vigor del Reglamento de la Madera, también conocido como Reglamento EUTR (European Union Timber Regulation).

Esta norma europea, de obligado cumplimiento, fue aprobada en 2010 y entró en vigor el 3 de marzo de 2013, y tenía como objetivo establecer las obligaciones de las empresas que comercializan productos forestales para evitar la entrada en la Unión Europea de madera procedente de talas ilegales. Aplicar esta norma es fundamental para evitar la desaparición de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático.

Pero nuestros responsables políticos decidieron no asumir esta responsabilidad.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente publicó, el año pasado, un informe en el que se concluía que la tala ilegal es el primer delito medioambiental a escala global. Este delito movió en 2016 entre 50,7 y 152 mil millones de dólares estadounidenses, frente a los 30 y 100 billones de 2014, y supone entre el 50-90% del conjunto de actividades forestales en zonas tropicales que son grandes productoras para el mercado global.

El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal. El problema es grave y tenemos los instrumentos jurídicos para evitarlo ¿Lo estamos haciendo? No…

En el momento en que se cumple el 5º aniversario de la entrada en vigor del Reglamento EUTR hemos elaborado un documento donde valoramos los escasos avances en la aplicación de este reglamento.

La primera y contundente conclusión a la que llegamos es que el Gobierno del Partido Popular y los gobiernos de las Comunidades Autónomas han hecho poco o nada para combatir el grave problema de la tala ilegal y el comercio de productos forestales derivados. Estas administraciones son corresponsables de la enorme permisividad del mercado español con la madera procedente de talas ilegales.

Es difícil describir lo que fueron los 3 primeros años de (no) aplicación del reglamento. Dudas, eternos procesos de consultas entre instancias ministeriales, más demoras, falta de interés…. El Reglamento EUTR tardó 3 años en tener una norma de adaptación al marco jurídico estatal y un poco menos en tener un régimen sancionador en la reforma de la Ley de Montes de 2015. El nombramiento de las autoridades competentes EUTR también provocó más demoras y la falta de interés de las comunidades autónomas ha hecho el resto.

Dentro de nuestra valoración negativa destaca el problema de la falta de información y opacidad. A fecha de hoy, no es posible conocer el número de controles realizados a las empresas, los expedientes abiertos o las medidas correctoras impuestas por incumplir los requerimientos del Reglamento EUTR.

Como resultado de estos cinco años de inacción, reina la sensación de impunidad en un sector, el de los importadores de productos forestales, que saben que una parte considerable de la administración autonómica se está inhibiendo a la hora de aplicar la legislación europea. Barra libre.

Un único dato positivo. Recientemente, este mismo mes de marzo, la Generalitat de Catalunya ha impuesto medidas correctoras tras abrir un expediente a una empresa catalana por insuficiencias en el sistema de diligencia a la que están obligadas las empresas para evitar importar madera de origen ilegal.

Es un paso adelante pero el balance es claramente pobre. Las medidas correctivas impuestas a esta empresa (prohibición temporal del comercio de madera y de productos de la madera procedente de Myanmar hasta que la empresa subsane la deficiencia), lanza un mensaje de debilidad. Ante el bajo carácter ejemplarizante de las medidas tomadas debemos concluir que comerciar con madera ilegal en el estado español sale barato, y que el actual régimen sancionador contemplado en la Ley de Montes (multas e incautación de madera) va a tardar en ser aplicado, si es que llegar a ser aplicado alguna vez.

Gracias a esta demora e ineficiencia en la aplicación de la ley y a este régimen de permisividad las fronteras del estado español van a seguir siendo permeables a la madera de origen ilegal.

Y serán estas administraciones públicas (y no el sector importador de productos forestales) quienes deban responder antes los consumidores por hacerles partícipes de un problema global que ha sido definido por Naciones Unidas como el primer delito medioambiental a escala global.