Sin lugar a dudas, la forma en que la Unión Europea y sus Estados miembros, entre ellos España, afrontaron la crisis derivada de la COVID-19 y sus efectos, supuso un cambio de paradigma. Pasamos de las estrictas políticas de austeridad y las descalificaciones a los países del sur de Europa durante la crisis de 2008 a los Fondos Next Generation, el paquete de estímulo financiero más relevante de los últimos tiempos. El mecanismo de mutualización de la deuda para hacer frente a estas inversiones, la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad que permite superar umbrales relativos al déficit fiscal (ahora en debate, ya que volverá a estar activa en 2024), y el hecho de que el primer tramo de los fondos sean transferencias no reembolsables, han sido algunos de los cambios significativos frente a la crisis anterior. 

Era muy necesario ya que en Europa nos encontramos en un contexto global realmente complejo con una sucesión de hechos como la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación, la crisis energética que no han hecho más que ahondar en los límites de nuestro modelo económico marcados por una creciente desigualdad y una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes. Necesitamos recuperarnos pero también transformar el sistema.

Con esta mirada y transcurrido ya un año desde que fueron transferidos a España los primeros fondos Next Generation podemos extraer ya algunas conclusiones a través de la Lupa Verde, -el observatorio ambiental y social de Greenpeace- sobre cómo va avanzando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia alimentado con dichos fondos.

En un primer vistazo la concesión de inversiones va lenta, en especial las destinadas a la transición ecológica. El total de las inversiones (de los 70.000 millones de euros de subvenciones que nos corresponden del primer tramo) se han cerrado convocatorias hasta noviembre de 2022 por un valor que alcanza el 31%, pero en lo que respecta a la parte destinada a transición ecológica sólo se llega al 17%. La parte más positiva es que el 95% de estas inversiones en transición ecológica contribuyen a la misma, solo un 4% generan incertidumbre, y apenas el 1% son contrarias claramente a dicha transición. Si nos centramos en aspectos más específicos como las Zonas Bajas de Emisiones vemos que el 92% de las inversiones destinadas se están usando para inversiones verdes.

Pero no todo son buenas noticias. Y el gran pero del Plan se presenta cuando tratamos de medir la transformación: es decir este cambio de modelo en el medio plazo al que nos tendrían que llevar las inversiones y reformas del plan. Analizarlo es difícil porque no existen marcadores en el propio Plan, pero basta con poner algunos ejemplos para entender qué la transformación es la gran asignatura pendiente como es el caso del sector agrícola cuyas inversiones tan solo van dirigidas a mejorar la eficiencia y no a abordar la necesaria transformación del modelo agrícola. 

Otro buen ejemplo de lo comentado hasta ahora es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico, dotado económicamente con la nada despreciable inversión de 24.000 millones de euros (en dinero público y privado). El vehículo eléctrico es una pieza de la movilidad sostenible por sus ventajas para la salud y para la lucha contra el cambio climático. Pero el objetivo estratégico del Plan tendría que ser transformar el modelo de movilidad para hacerlo más sostenible, lo que implica hacer una apuesta clara por el transporte colectivo y público y reconfigurar un urbanismo, hasta ahora más pensado para los coches que para las personas. Este PERTE, sin embargo, no cuestiona la hegemonía del vehículo particular en la movilidad y no tiene en cuenta sus consecuencias.

Transformar hoy implica hacer propuestas que tengan un buen impacto en lo económico, pero también en lo social y en lo ambiental. Por eso también analizamos el Plan de Recuperación y Resiliencia desde la perspectiva de Futuro en Común que es una plataforma de organizaciones de sociedad civil de la que formamos parte y que representa a más de 50 entidades entre sindicatos, ONG y organizaciones ecologistas. Desde tan diversas miradas llegamos a la misma conclusión: la aplicación de los Fondos Next Generation recupera (un modelo que ya se ha demostrado obsoleto), pero no transforma (para caminar hacia un nuevo modelo resiliente, sostenible y justo).

Es tiempo de pedir deseos y, sobre todo, ahora que el gobierno está preparando la Adenda al Plan reclamamos reformas transformadoras, más nivel de participación y mejores mecanismos de seguimiento. #NextTransformation