¿Qué pasará con la nueva normalidad, esa de la que tanto se habla para cuando superemos la crisis de la COVID-19? Pues en materia ambiental, algunas de las últimas propuestas para esa nueva normalidad suenan a vieja normalidad, a no haber aprendido nada.

Aquí van dos afirmaciones de nuestros políticos y políticas en los últimos días:

“La construcción es probablemente el único sector que pueda absorber a todos estos trabajadores”, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, en referencia a la pérdida de empleo por la crisis sanitaria.

Para salir de esta crisis hay que «liberar suelo» porque «parte de la recuperación vendrá por la construcción», Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aunque la pandemia actual ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto del daño al medio ambiente, parece que los gobernantes no extraen ninguna lección aprendida del pasado. Además, con el Mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del COVID-19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria.

Y la realidad es que hasta en ocho comunidades autónomas se están proponiendo viejas prácticas para incentivar de nuevo el motor económico. En algunas de ellas, supeditando las políticas urbanísticas por encima de gestionar adecuadamente el impacto ambiental. Otras, si bien están en proceso de elaboración, podrían repercutir sobre el medio ambiente por su filosofía. Veamos los titulares de la prensa estos días:

Diario El Mundo, 30 de abril de 2020

Diario El Mundo, 5 de mayo de 2020

La Verdad de Murcia, 8 de mayo de 2020

El Periódico, 27 de abril de 2020

El Día, 5 de mayo de 2020

Podríamos seguir así indefinidamente, repitiendo un mantra que ya se ha utilizado en nuestro país. Se utiliza de excusa la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus para avanzar en el progreso, aunque las reformas propuestas no supondrán mejora social alguna. Más bien al contrario, aumentará la creación de empleos cortoplacistas y de bajo perfil, disminuirá la transparencia en la participación pública y se antepondrá el beneficio de unos pocos que, como siempre, sí saldrán beneficiados de la crisis.

Y, de nuevo, aquí van algunas propuestas para gestionar el suelo y el territorio de una manera sostenible:

• Debe ser prioritario rescatar el uso público del suelo, recuperar los suelos aptos para el cultivo, preservar la tierra, potenciar la biodiversidad, ordenar el uso del territorio desde el convencimiento de que el suelo que pisamos es garantía de beneficio económico y defensa para futuras pandemias.
• Preservar los usos sostenibles del territorio, fomentando la soberanía alimentaria como política pública encaminada, única y exclusivamente, a alimentar a la población en condiciones de igualdad y dignidad. Hasta ahora hemos usado el suelo para preservar el mercado de la construcción.
• Recuperar la gestión integral de los servicios públicos esenciales: el agua, las energías limpias o los residuos, apostando por la independencia energética y recuperando la cultura del agua.
• Blindar el suelo turístico “no edificado”. Eliminar la dependencia del monocultivo hotelero, reduciendo drásticamente el número de nuevas camas, elevando la calidad de los establecimientos que existen en la actualidad. Que los núcleos turísticos tengan áreas de esparcimiento, con dotaciones sanitarias y deportivas suficientes, dotando de seguridad a los destinos y apostando por el transporte público.
• Promocionar las obras de reconstrucción, transformación y modificación de la planta turística y de vivienda actual, con todas las garantías ambientales.

No queremos volver a esa vieja normalidad. Cambiemos.