La luz por las nubes (II): Cómo se traslada el precio a quien consume la energía
El mercado minorista de la electricidad es el mercado de la comercialización de esta, donde las comercializadoras nos venden al cliente final (ya sea con el precio que ellas elijan o el regulado por el gobierno -la única tarifa que nos protege, la PVPC-).
Un símil muy sencillo de entender: si fueran tomates el mercado minorista sería el de los tomates de tu tienda de barrio, al cliente final, mientras que el mayorista sería el gran mercado entre productores, donde acude tu tendero pero tú no. Y luego dentro de tu tienda te podrías encontrar con tomates de precio libre (puesto por tu tendero y más caro lógicamente que al que él compró) o de precio protegido por el gobierno -si existiera, con el fin de proteger a la población (en el caso de la electricidad sí existe, refleja el precio del mercado mayorista, más los cargos y peajes fijados por ley, y se llama PVPC -Precio Voluntario al Pequeño Consumidor-, la antigua TUR).
En la factura de la luz pagamos, además de la generación de la electricidad, los impuestos, el margen para la comercializadora, el alquiler del equipo, y los peajes y cargos (que son los costes de las redes de transporte y distribución y otros costes regulados que tienen que asumir las comercializadoras).
Además del elevado precio del mercado mayorista, como ya explicamos en nuestro anterior blog, el comportamiento del mercado minorista como consecuencia de lo anterior, y debido a la desinformación, interesadamente o no, puede exacerbar todavía más si cabe el problema. Pero por otra parte, también existen medidas en el mercado minorista que atenúan y podrían atenuar más el problema creado por el mercado mayorista.
Las comercializadoras
Sobre la comercialización, algunas grandes compañías comercializadoras (y otras no tan grandes) en el mercado libre ofrecen tarifas planas, y sobre todo están aprovechando a hacerlo en estos momentos en que los consumidores estamos viendo esta escalada de precios brutal. La trampa está en que nos están “mal ofertando” precios que pueden parecer baratos en esta situación excepcional de precios desorbitados, pero que podrán ser altísimos cuando la situación vuelva a la normalidad. Un engaño en toda regla aprovechando nuestra vulnerabilidad.
Pero hay que tener en cuenta que, tanto en el mercado libre (el de las tarifas planas) como en el regulado por el gobierno (el del precio PVPC -Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor- que es el único que protege al consumidor), las comercializadoras (y por tanto, quienes les compran y consumen la electricidad) tienen los mismos costes. Todos deben pagar los peajes por el uso de las redes eléctricas de transporte y distribución y compran la energía en el mismo mercado mayorista (salvo que compren la energía a plazo con contratos bilaterales, opción libre para ambos tipos de comercializadores). Pero en el caso del mercado libre, si las comercializadoras ofrecen tarifas “planas” o similares, además deben cubrirse con seguros ante las variaciones del mercado mayorista para obtener siempre beneficios. Por lo tanto, en la inmensa mayoría de los casos, la tarifa regulada es la mejor opción, aunque algunas compañías estén abusando, desinformando, aprovechando esta situación y, en definitiva, engañando, con el fin de captar clientes para sus comercializadoras en el mercado libre para, si cabe, cobrar más todavía por la electricidad.
El gobierno
Hasta el momento, lo que ha hecho el Gobierno es reducir los impuestos y adoptar algunas medidas sociales interesantes pero de manera coyuntural (reducción temporal del IVA de un 21% al 10% y el impuesto de electricidad del 5,1% al 0,5%). Esta medida sobre impuestos tiene ventajas e inconvenientes: reduce de manera directa la factura, pero no discrimina entre rentas o servicios que proporciona la electricidad; reduce los ingresos del Estado en un momento en el que la recuperación económica es exigente con los gastos, y, por otra parte, no actúa sobre la causa principal, que es el mercado mayorista. Aunque pensando en la electrificación que exige la transición energética, y que la energía satisface derechos fundamentales en algunos de sus usos, la bajada de la carga impositiva debe ser permanente y no coyuntural, atendiendo y discriminando esta bajada de impuestos coherentemente a estas dos situaciones.
Resumen de lo que se paga en la factura eléctrica de un hogar medio y cómo se reparten los diferentes costes del sistema en ella
Tanto los peajes de acceso como los cargos varían a lo largo del día en tres tramos horarios: valle (más barato), llano y pico (más caro). Los fines de semana y festivos se consideran periodos valle. Esto significa que, tendencialmente, el precio que se paga por la energía usada será diferente según el horario y el día de consumo. Esto será aún más evidente si también el precio final de producción de la electricidad varía a lo largo del día.
En este enlace de Red Eléctrica (REE) o en su app redOS puedes consultar, desde las 8 de la tarde del día anterior, el precio al que se paga la electricidad a cada hora si tu contrato es el de referencia (PVPC) (precio de producción de electricidad + cargos y peajes asociados al término de energía) .
Si tu contrato no es PVPC y estás en mercado libre, entonces el precio de la electricidad dependerá del contrato que tengas con la comercializadora, que normalmente incrementará un margen sobre el precio al que compra la electricidad en el mercado mayorista, (que casi coincide con el PVPC).
⇒ Recomendación: pásate a la tarifa regulada PVPC y planifica tus consumos/horarios. (Super útil-interesante si te descargas la app de REE redOS o miras su web).
Los costes del mercado minorista que frenan la transición.
Lo que está ocurriendo es una subida sin precedentes del coste de producción de la electricidad (columna en rojo), y lo que ha modificado la nueva tarifa de la luz a partir de junio de 2021 es la distribución de los costes regulados (columna amarilla), así como la reducción de los impuestos (columna azul). Por lo tanto, revisando o reduciendo estos últimos, peajes y cargos, así como los impuestos, no vamos a solucionar completamente el problema, tal y como explicamos al principio, pero sí podemos aprovechar y reflexionar sobre quién y en qué cuantía se pagan, y si es necesario que sea así.
- El consumidor electrointensivo, aquel consumidor (normalmente industrial) con un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y con un consumo estable y predecible, está subvencionado y no debería estarlo. En el proyecto de PGE presentado para 2022 hay ayudas a través de compensaciones al sector industrial -son los principales consumidores electrointensivos-, sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 270 millones de euros dirigidos principalmente a compensar a determinadas industrias por los costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos, que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable.
- Las primas a la cogeneración y la quema de residuos para producir electricidad deben finalizar, y hay que replantear los incentivos a la cogeneración en el actual contexto industrial y energético para considerar su contribución a la transición energética, pues no tiene sentido primar sistemas de transformación energética basados en la quema de combustibles fósiles, aunque lo hagan de manera más eficiente que la quema convencional, en todos aquellos casos en que sea factible la sustitución de combustibles fósiles por alternativas basadas en energías renovables, que es lo que habría que incentivar.
- Los mecanismos por capacidad (antes llamados pagos por capacidad) a las centrales de gas solo se deberían establecer como último recurso si y sólo si, junto con una evaluación transparente, realizada por los operadores de red a escala europea y teniendo en cuenta todos los recursos energéticos disponibles (incluida la agregación de recursos energéticos distribuidos), se demuestra que hay un problema de seguridad de suministro. En este caso, se deberá asegurar que los criterios para la participación en estos mercados de capacidad sean adecuados, no discriminatorios y abiertos en igualdad de condiciones a todos los tipos de sistemas de energía, incluyendo fuentes renovables, gestión de la demanda y almacenamiento, así como a los recursos distribuidos (agregados). Y, por supuesto, es necesaria la transparencia y el acceso a la información detallada de los pagos otorgados a las centrales y al tipo de pago por capacidad que ya han sido asignados y que se asignen a partir de ahora. Todo, para restringir los mecanismos de capacidad y garantizar que las grandes empresas energéticas no puedan abusar de ellos.
- La retribución adicional extrapeninsular, es decir, la financiación del sobrecoste de generación eléctrica en las islas que está incluida en los cargos que se pagan en la factura, debería trasladarse en su totalidad a los PGE y se debería poner en marcha un sistema de bonificación a los consumidores extrapeninsulares, similar al que ya tienen para los vuelos o al de la pobreza energética. Un sistema por el que los consumidores insulares tengan acceso en su factura al precio que realmente cobran los generadores en base a sus costes y el descuento aplicado por “extrapeninsularidad”. De esta manera, el sobrecoste no se oculta, pero la persona usuaria se ve compensada de manera que el precio final es el mismo que en el resto del territorio. Al mismo tiempo, hay que acelerar la transición hacia las renovables en estos territorios, en los que la diferencia de costes entre la generación fósil y la renovable, a favor de esta última, es mayor aún que en la Península.
- El coste de las primas a las renovables: ya se ha propuesto por el Gobierno la creación de un fondo (proyecto de ley para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o FNSSE) para sacar del recibo en los próximos cinco años el coste de las primas a las renovables, cogeneración y residuos, y repartirlo entre todos los comercializadores energéticos, incluidos los de gas e hidrocarburos. Sin embargo, esta propuesta ha tropezado con el rechazo frontal del sector petrolero y gasista.
Por otra parte, estamos viendo que algunas de las propuestas que se hacen en estos momentos de convulsión económica, social y política derivada del comportamiento del diseño del mercado eléctrico no mejoran la situación estructural, ni tampoco la coyuntural, como dar marcha atrás con la nueva estructura de tarifas del Gobierno u ofrecer tarifas planas tal y como están proponiendo algunas compañías.
En algunos países europeos las tarifas reguladas se fijan tomado como referencia los mercados a plazo en vez del mercado mayorista, pero esto impide que los consumidores puedan beneficiarse del abaratamiento que implica la participación de las renovables, que “bajan” el precio en el actual sistema de mercado. Pero lo que es, si cabe, peor, evita la participación de la demanda (es decir de los consumidores) en el sistema. Nos referimos a la gestión de la demanda (nuestra capacidad para desplazar en el tiempo nuestro consumo y optimizar así el del sistema energético; el cuándo ponemos la lavadora p.e), a través de la nueva figura del agregador energético, que se vería truncada con tarifas que no reciben las señales de precio derivadas de la flexibilidad que la gestión de la demanda puede ofrecer.
Para que los consumidores puedan responder adecuadamente a la señal de los precios, la información que reciban tiene que ser transparente y veraz, y por tanto, el precio final tiene que reflejar lo más fielmente posible el coste que tuvo la adquisición de la energía para las comercializadoras, tanto si se ha adquirido hora a hora en el mercado mayorista o a largo plazo a través de contratos bilaterales para un periodo determinado Y sobre todo se ha de reflejar el origen de esa electricidad.
Por otra parte, ofrecer tarifas planas implica que las compañías integradas verticalmente, las que conforman el oligopolio, obtienen un precio fijo que asegura sus costes de producción sobradamente, pero a su vez también se aseguran un retorno mayor cuando los precios sean menores, porque las renovables bajan los precios en el actual sistema de mercado, y cuantas más se incorporen más bajarán. De esta manera, ganan ahora y ganarán cuando la electricidad tenga costes menores y precios menores; y estas ganancias serán a costa de los consumidores atrapados en “su tarifa fija”. Y además, en el caso de que los consumidores contraten sus tarifas fijas, miles de comercializadoras independientes podrían ir a la quiebra por su imposibilidad para competir con estos productos de tarifa plana de las grandes compañías, cosa que ya empieza a dibujarse en el horizonte inmediato. Éxito para el oligopolio que afianza su hegemonía.
Sin embargo, hay otras medidas que de manera indirecta son muy necesarias y sí acabarían teniendo influencia para conseguir un sistema eléctrico sostenible y universal, como son la implementación y el despliegue de la gestión de la demanda¹, y la revisión de la utilidad del contador inteligente, asuntos que requieren urgente atención y que han sido ignorados recurrentemente. Y existen otras que de manera directa e inmediata podrían paliar y corregir los desajustes e injusticias del actual sistema, como ajustar la potencia contratada, la mejora del bono social o la exigencia de devolución de los CTCs cobrados indebidamente por las eléctricas.
Blog del equipo de Clima y Energía de Greenpeace.
¹ En breve: La gestión de la demanda consiste en modificar la demanda de electricidad para que se desplace a los momentos en los que es máxima la producción de energías renovables (y no consumir así energías contaminantes) o bien para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y evitar consumos innecesarios.
En menos breve: La gestión de la demanda agrupa un conjunto de diferentes medidas que persiguen influir en el consumidor para que modifique «cuanto y cuando» consume, con el fin de lograr no sólo el ahorro neto de energía , sino también un uso más eficiente de la misma. Por ejemplo, dentro del nivel más básico podemos hablar de los programas de ahorro y eficiencia que son conocidos por todos, también programas mediante tarificación; es decir el precio de la electricidad es distinto según las horas del día, y pueden ser tarifas por bloques, o tarifas de momento crítico, o tarifas de precio real. Otro tipo son programas mediante contratos e incentivos, los clientes se comprometen (por contrato o por incentivo económico) a reducir su consumo cuando el operador se lo pide, por ello reciben una retribución. Más ejemplos los encontramos en programas de control directo de cargas, es decir el operador está en contacto directo con los equipos (electrodomésticos, vehículos eléctricos, etc..) y establecen secuencias de conexión y desconexión y, a cambio, los clientes reciben una remuneración o rebaja en su tarifa. Asimismo programas de mercados de gestión, es decir los clientes ofertan la reducción de su consumo o el cambio del momento de su consumo, a un determinado precio. Este tipo de programas se realizan entre agrupaciones, cooperativas, agregadores de clientes
Comentarios
¿Y que pasa con la potencia eléctrica contratada?
La potencia contratada es la unidad que limita el número de aparatos que podemos conectar de manera simultánea a la red eléctrica de una vivienda o local sin que salte el Interruptor de Control de Potencia (ICP).
Naturalmente, este dato suele obtenerse según los metros cuadrados de cada vivienda, en lugar del número de personas que la ocupan.
Y aquí está el fallo, mis estimadas personas.
¿Se debería aumentar la cuota fija a las potencias contratadas por encima de los 3.3 KW?
Lo dejo a vuestra elección.
ustedes mismos-mismas..!!
Confío que se lo piensen, sin egos.