Greenpeace denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia la falta de controles que eviten la entrada de madera ilegal en España

(EN GALEGO, AQUÍ)

Greenpeace ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia una denuncia en la que solicita que se investigue el incumplimiento por parte de la Xunta y de empresas del sector forestal gallego de la legislación que obliga a verificar que la madera que entra en el mercado de la UE a través de empresas de Galicia es legal y no procede de la violación de derechos humanos o del desacato de las leyes ambientales.

De manera especial, la denuncia se centra en el caso de la entrada de madera de teca de Myanmar (la antigua Birmania) que fue utilizada para la fabricación de la cubierta instalada en el crucero que construía el astillero vigués Hijos de J. Barreras para la compañía de yates de lujo The Ritz-Carlton. La organización ecologista ya expuso este hecho el pasado mes de octubre y vuelve a recordar que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recomienda no importar madera de teca (1) de Myanmar por el elevado riesgo de incumplir con las exigencias establecidas por el Reglamento de la Madera de la EU (2).

“Galicia es una de las principales puertas de entrada de madera de origen ilegal al mercado español y europeo”, ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Y es obvio que quien está al cargo de hacer cumplir la legislación no está muy interesado en establecer los controles necesarios para garantizar que las empresas están realizando una vigilancia debida sobre sus proveedores para evitar comerciar con este tipo de madera”.  

Según la legislación europea, nacional  y gallega (2, 3 y 4), la Xunta de Galicia está obligada a establecer controles periódicos a las empresas del sector forestal que importan madera desde terceros países para verificar que disponen de un sistema de Diligencia Debida a través del cual se evalúa y minimizan los riesgos de importar madera procedente de actividades forestales ilícitas.

Greenpeace también señala en su escrito a la Fiscalía la preocupación expresada por la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, referida al año fiscal de 2017, donde dice que a pesar de las leyes que obligan a las administraciones públicas a llevar a cabo controles sobre los agentes que introducen madera en la Unión Europea “ni la administración central estaba llevando control alguno ni las comunidades autónomas tenían en ese momento estructura alguna ni se habían establecido criterios para realizar dicha tarea”.

A lo largo de 2018 Greenpeace presentó tres reclamaciones ante la Xunta de Galicia solicitando que se establezcan controles a las empresas importadoras de madera ante las evidencias de que a través de puertos gallegos está entrando madera sin las debidas garantías procedente de Brasil y Myanmar o directamente relacionada con la violencia en Brasil, lo que se conoce como “madera de sangre”. Sin embargo, pese a las pruebas aportadas por la organización, la Xunta de Galicia no ha contestado a las solicitudes de información de la organización sobre el estado de los procedimientos y expedientes abiertos por sus denuncias. A principios de este mes de febrero se cumplió un año desde la presentación de la primera reclamación que denunciaba la entrada por el Puerto de Vigo de madera procedente de una maderera brasileña directamente relacionada con la masacre de Colniza, suceso violento en el que el propietario de un aserradero asesinó a nueve colonos que se oponían a la tala ilegal de sus tierras.

“Los casos denunciados en 2018 son la punta del iceberg. Existe una evidente complicidad de una parte del sector forestal gallego con el comercio de madera ilegal y la Xunta de Galicia está haciendo una completa dejación de su responsabilidad para que se cumpla la legislación”, ha concluido Soto.

Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la tala ilegal era en 2017 el primer delito medioambiental a escala global. Solo en 2016, movió entre 50.700 y 152.000 millones de dólares estadounidenses, frente a los 30.000 y 100.000 millones estimados en 2014. Además, supone entre el 50% y el 90% del conjunto de actividades forestales en zonas forestales tropicales que son productoras clave. El 30% de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal.