Greenpeace denuncia violaciones de derechos humanos en la extracción del carbón que España importa de Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica

“Este carbón que se extrae aquí llega a Europa, yo lo he visto llegar a Gijón. Se han perdido las explotaciones agrícolas, unos 5.000 niños han muerto de desnutrición», explica Diego Alejandro Rojas, del colectivo Arbelaez (La Guajira, Colombia). 

Desplazamientos forzados, contaminación, restricción del acceso al agua, persecución, criminalización o represión del derecho a la protesta son algunas de las violaciones de derechos humanos que se repiten en zonas de extracción de carbón en Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra mañana 10 de diciembre, Greenpeace, en colaboración con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, ha presentado el informe ‘Las heridas del carbón. Violaciones de derechos humanos en las importaciones españolas’ en rueda de prensa en la COP25 para denunciar que el carbón no solo provoca daños al medio ambiente (su combustión es la principal responsable mundial de cambio climático por sus emisiones de CO2), sino también a las personas. 

“La quema de carbón es la principal responsable de cambio climático en el mundo y causa serios impactos en nuestra salud, mientras que la extracción conlleva costes muy elevados en el medio ambiente y los derechos humanos de las personas que habitan en las zonas mineras. La crisis del clima es una crisis de derechos humanos y el carbón provoca directamente ambas”, ha asegurado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace. 

En Colombia, por ejemplo, el caso más significativo es el de la minera Cerrejón, la empresa de carbón en La Guajira. Aquí se encuentra la mina abierta más grande del mundo, que ocupa 69.000 hectáreas, extrae 108.000 toneladas de carbón al día para la exportación y ha desplazado a más de 20.000 personas en todo el territorio. “Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras la gente se está muriendo de sed”, asegura Rojas.  

En los últimos 15 años, la producción de carbón en Indonesia ha aumentado exponencialmente y se ha convertido en uno de los mayores exportadores de carbón en el mundo. Esto ha desencadenado un crecimiento caótico en la concesión de licencias. Aproximadamente el 43% de la superficie de la región de Kalimantan Oriental, en Borneo, ha sido entregada a las empresas mineras, según JATAM, una organización medioambiental con sede en Jakarta. 

En Rusia, el informe destaca que las compañías mineras rusas explotan intencionadamente el carbón cerca de los centros de población existentes, en lugar de en áreas menos pobladas. Esto reduce los costes de infraestructuras y facilita la mano de obra disponible. “Hay casos como el de la localidad de Kiseliovsk, en la que la mina ha entrado en la ciudad, una mina a cielo abierto. En esta localidad ha llegado a nevar nieve negra. Parece difícil de creer, pero la gente vive ahí”, asegura Vladimir Slivyak, de la organización rusa Ecodefense.

En Sudáfrica, donde el carbón es la segunda mayor fuente de ingresos del país, las violaciones de derechos humanos se repiten sistemáticamente. Especialmente en la provincia de Mpumalanga, al noreste de Sudáfrica, una región tradicionalmente rica en carbón de la que se extrae el 83% del total producido en el país.  

Violencia contra las mujeres

En todos los casos, las mujeres suelen sufrir de manera diferenciada los impactos de la extracción. Greenpeace señala que se debe combatir su invisibilización en los procesos de negociación sobre asuntos de tierras y de compensaciones, reconocer su rol como piedra angular para el mantenimiento de los tejidos sociales y garantizar su protección tanto física como psicológica de las dinámicas sociales que perpetúan los abusos contra ellas.

“Yo he tenido varias amenazas. En 2013 me vinieron a buscar a casa, mis perras me alertaron y pude esconderme. Me esperaron toda la noche y mataron a mis perras antes de irse. Recurrentemente me tiran piedras sobre la casa porque quieren que me vaya”, explica María Cristina Figueroa Bouriyu, consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia. 

Las centrales térmicas aún continúan funcionando en España; de hecho, en 2018, el 14,1% de la producción eléctrica se produjo con la combustión de carbón, que generó casi 40 millones de toneladas de CO2 (cuatro veces las emisiones anuales de toda la ciudad de Madrid). En total, la importación de carbón en España ascendió a 16,5 millones de toneladas de este mineral. Las comunidades de Asturias y Galicia son las que mayor cantidad de toneladas de carbón importaron. Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica han sido los principales proveedores de carbón a España desde 2010 y están entre los primeros también a nivel europeo y mundial. 

Las empresas eléctricas que compran el carbón para quemar en sus térmicas son responsables de identificar y prevenir cualquier impacto sobre los derechos humanos en toda su cadena de suministro. Sin embargo, ninguna de las cinco grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy) consultadas para la investigación aportó los datos sobre la procedencia y volúmenes de carbón importado usado en sus centrales térmicas.

Con este informe, Greenpeace exige al Gobierno que concrete una fecha de cierre para no más tarde del año 2025 de las térmicas de carbón en España y aumente el compromiso de reducción de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero al 55% en 2030 respecto a 1990 para alcanzar el cero neto en 2040. Además demanda que se implemente un modelo energético 100 % renovable y democrático, que no viole los derechos humanos y respete los principios de justicia social y ambiental. El Gobierno debe establecer mecanismos efectivos para asegurar su deber de vigilancia y control que obligue a las empresas a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en toda su cadena de suministro.