Greenpeace presenta alegaciones al Real Decreto de ordenación de explotaciones bovinas

La COP26, que se celebra estos días en Glasgow, ha vuelto a poner en la agenda mundial la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la urgencia de frenar la crisis climática planetaria. A día de hoy, la ganadería es una de sus principales responsables y, por eso, Greenpeace ha enviado, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sus comentarios y aportaciones al proyecto de Real Decreto, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones bovinas. Ante el escenario de emergencia climática y de una crisis ambiental de escala planetaria, la principal reivindicación de la organización ecologista que se adopte una moratoria a la ganadería industrial y que se reduzca de forma progresiva el número de animales en intensivo.

Sin embargo, Greenpeace ve en este proyecto de Real Decreto una gran oportunidad para, no solo limitar la capacidad máxima de las explotaciones bovinas, sino para que esta futura normativa sea también un pilar fundamental de un nuevo modelo ganadero, un modelo que respeta los límites planetarios, la salud de las personas, el bienestar animal y que contribuye a mantener un mundo rural vivo. En definitiva, que sea una normativa que permita poner en valor la producción de pequeña y mediana escala y los buenos productos de España, no la producción industrial que puede hacer cualquiera.

El borrador presentado genera varias preocupaciones a Greenpeace, de las que la organización destaca dos: la capacidad máxima propuesta de 850 unidades de ganado mayor sigue siendo muy elevada, impediría la instalación de explotaciones exageradamente grandes pero permitiría la instalación de explotaciones bastante grandes que, sumadas, seguirían representando un gran impacto ambiental, algo que el borrador tampoco tiene en consideración, el efecto acumulado de las futuras explotaciones. Por este motivo, desde Greenpeace proponemos que la capacidad máxima sea de 180 unidades de ganado mayor y que, en paralelo a esta normativa, se desarrolle un plan estratégico de ganadería que permita tener una visión de conjunto. Por otro lado, la “Disposición transitoria primera. Resolución de expedientes en tramitación”, con su redacción actual, permitiría la puesta en marcha de los proyectos ya en trámites, como el de Noviercas, donde se pretende explotar hasta 23.520 vacas, más de 20 veces la capacidad máxima establecida en el borrador de este Real Decreto. Por este motivo es primordial cambiar su redacción y no dejar ninguna puerta abierta para este tipo de proyectos. Es más, con la actual redacción se podría generar que, de forma masiva, antes de la aprobación de este Real Decreto, se presenten nuevos proyectos de grandes dimensiones, y de esta forma eludir la aplicación de la nueva normativa.

“El planeta está al borde del colapso y la futura normativa sobre explotaciones bovinas debe impedir la implantación de más macrogranjas y establecer la base para la reconversión de las actuales”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “Basta de jugar con la sociedad. Estos días no dejamos de oír cómo nos afectará el cambio climático si no actuamos con urgencia y sería incomprensible que, después de que se aprobara una normativa que limita la capacidad de las explotaciones bovinas, se pusiera en marcha una fábrica de cambio climático como la macrogranja de Noviercas. Algo que puede pasar si no cambia el actual borrador del Ministerio de Agricultura”.

La futura normativa debe ser una muestra clara de que el compromiso asumido por más de 100 países en la COP 26, entre ellos toda la UE y por lo tanto España, de reducir un 30% las emisiones de metano para 2030 va en serio, ya que la ganadería, tanto en el mundo, en la UE y en España, es la principal responsable de la emisión de este gas de efecto invernadero, 28 veces más potente que el CO2.

Es también necesario recordar que el rechazo social a la ganadería industrial no para de crecer en España. Además de las protestas ciudadanas que se multiplican por todo el territorio, en menos de diez meses ya casi 254.000 personas han firmado la petición de Greenpeace para acabar con las macrogranjas.