La política de gastos de Industria y Energía de los PGE sigue siendo un reflejo del objetivo de la Ley del Sector Eléctrico (cuya prioridad es cubrir los costes, sin cuestionarlos, de un sistema eléctrico que no internaliza los costes ambientales y sociales) dejando muy poco margen a las políticas para acompañar y guiar la transición energética.

Así, Industria y Energía cuenta en 2019 con un presupuesto de 5.803,26 millones que se destina principalmente a financiar parcialmente los costes del sistema eléctrico (un 65,80% de este presupuesto). Para ello se utilizan los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que este año han aumentado considerablemente (1.000 millones) y los ingresos tributarios derivados de las medidas fiscales para la sostenibilidad energética (1.998 millones) que se recaudan a través de la factura eléctrica y que este año se han visto reducidos por la supresión temporal del impuesto a la electricidad. De esta suma también se destinan 780,58 millones para compensar el sobrecoste en la generación eléctrica en los territorios extrapeninsulares, que en la actualidad representa una subvención a las ineficientes centrales de carbón y gasóleo de estos territorios.

Subvenciones a las industrias para seguir contaminando

El dinero dedicado a las políticas de gasto en Industria y Energía no va orientado a que la industria aumente su competitividad reduciendo su consumo energético y cubriendo su demanda con energías renovables y autoconsumo, sino que sigue el camino contrario: evitar que este sector asuma tanto el coste del CO2 como el incentivo a las renovables que generar la electricidad que consumen.

Así, dentro del programa de desarrollo industrial (54 millones), que ha mantenido su presupuesto este año, el Gobierno destina 11,35 millones de euros (casi el doble que en 2018) a compensar a determinadas industrias (metalúrgicas, papeleras, de fertilizantes, del plástico, del cuero, etc.) por los costes indirectos de CO2 : una subvención para reducir sus gastos y evitar que asuman el coste de las emisiones de CO2 que genera su consumo de electricidad.
Por el contrario, los 150 millones de euros que percibía en 2018 la industria que más electricidad consume para su producción (electrointensiva) como “compensación por determinados costes adicionales derivados del uso de la energía eléctrica” se han reducido este año a 31,9 millones.

Transición justa

El acuerdo para una transición justa de la minería del carbón alcanzado por el Gobierno con los sindicatos a finales de 2018 es un primer paso en la buena dirección y está alineado con el cumplimiento de la normativa europea. Este acuerdo es el cierre de una transición que está ya casi terminada, que lleva años y que ha sido solidaria y generosa por parte de todas las personas contribuyentes en el Estado.
El acuerdo de la minería da un señal clara para incentivar las inversiones en energías renovables y restauración ambiental, así como desincentivar las de la industria del carbón. También contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para personal del sector y la creación de una bolsa de trabajo para personas no prejubiladas, en la que también podrá participar personal de las subcontratas.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras cuenta con unos recursos de 241 millones de euros (incluidos dentro del programa de Explotación Minera) que se destinan principalmente a ayudas laborales (bajas indemnizadas de carácter voluntario y prejubilaciones). Además se dedican 43,4 millones (12,2 millones más que en 2018) a ayudas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras y 98 millones (48 millones más que en 2018) al programa de infraestructuras en las comarcas mineras, destinados a la reactivación económica de estas comarcas.

Este año se ha asignado una partida nueva a la Oficina de Cambio Climático procedente de los ingresos de la subasta de derechos de emisión que asciende a 32 millones de euros y que estará dirigida a frenar el cambio climático y a la transición justa.

Para abordar la transición energética al completo y que esta sea justa y ordenada se necesita un plan detallado que incluya las fechas de cierre de todas las centrales que usen energías sucias y peligrosas y su sustitución por un modelo 100% renovable, inteligente, eficiente y en manos de la ciudadanía.

El plan de transición justa debe contar con políticas y fuentes de financiación que faciliten y aceleren la transición hacia nuevas actividades productivas sostenibles con enfoque de género, para potenciar que las mujeres tengan un papel en la transición energética que no han tenido hasta ahora en el sector energético.

Investigación tecnológica

Para avanzar en el camino de la transición energética es necesario invertir en innovación tecnológica para favorecer el desarrollo de las renovables, el almacenamiento de energía, la electrificación y la inteligencia y eficiencia.

El programa I+D+i en materia medioambiental, energética y tecnológica, gestionado por la Secretaría de Estado de I+D+i, ha sufrido en estos 10 años un recorte de un 19% (tomando 2008 como referencia). En 2018 el presupuesto total de I+D+i experimentó un aumento del 8,3% con respecto al año anterior y en 2019 ha subido un 16% respecto a 2018. La mayor subida se encuentra en el capítulo de inversiones reales que pasa de 19,73 millones de euros a 27,08 millones.

Al analizar el total de programas destinados a Investigación y Desarrollo en 2019 la mayor subida ha sido para los programas de investigación y estudios sociológicos y constitucionales (28%) e investigación desarrollo tecnológico-industrial (14%). El programa dirigido a la investigación en materia medioambiental, energética y tecnológica, que representa solo el 1,4% del total de la inversión, es el tercer programa que más ha subido en 2019 (16,2%).