Principales recomendaciones y demandas

Recomendaciones para el sector empresarial:

• La información aportada debe evitar el enfoque comunicativo y propagandístico y tender hacia una perspectiva real de rendición de cuentas.
• Es necesario ir más allá de los compromisos voluntarios y las políticas genéricas, apostando por información precisa y rigurosa.
• Las empresas deben identificar los riesgos derivados de su actividad, por instalaciones y por países, y elaborar planes de acción que permitan mitigar sus impactos.
• Las empresas deben incluir en el EINF las carencias y fallos detectados en los procedimientos de evaluación de riesgo y daños al medio ambiente así como las medidas para paliarlos.
• Las empresas deben hacer una descripción completa de los impactos generados en cualquier país y evitar minimizar e infravalorar los impactos negativos.
• Se debe informar sobre las metodologías utilizadas para el cálculo de la huella de carbono de alcance 1, 2 y 3. Las empresas deben informar sobre sus objetivos de reducción de emisiones y avanzar hacia una información que incorpore no solamente la huella corporativa sino también la huella de producto.
• Debido a la fuerte externalización, se debe informar sobre la gestión de impactos ambientales a través de la cadena de suministro.
• Se debe avanzar hacia una información sobre economía circular que informe sobre reducción del consumo de materias primas, y no solo sobre reciclaje.
• Las entidades financieras y los seguros deben informar sobre los impactos derivados de las actividades que financian o aseguran, en especial en países de alto riesgo o donde la transición energética es una tarea pendiente.

Recomendaciones para el Gobierno de España:

1. Llevar a cabo un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018.
2. Fijar un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones de información establecidas en la ley.
3. Establecer un órgano de control que cuente con funciones de monitoreo y supervisión de la obligación de presentar la información no financiera.
4. Definir la figura del verificador independiente que asegure la independencia y capacidad de la entidad encargada de evaluar la información reportada.
5. Llevar al Congreso una propuesta de ley de diligencia debida que obligue a las grandes empresas españolas a practicar el deber de vigilancia y analizar el impacto de todas sus operaciones sobre el medio ambiente y los derechos humanos.
6. Apoyar en el seno de la Unión Europea y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la aprobación de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos como forma de velar y asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos frente a los impactos negativos de la actividad empresarial.