Ante la situación de emergencia climática, sea reconocida oficialmente o no, es urgente tomar medidas decisivas y ambiciosas para reducir las emisiones que causan el problema y acelerar la transición energética, dando el protagonismo necesario a las personas. Esta debe ser la legislatura de la respuesta a la emergencia climática, y así debe quedar reflejado en toda la acción política, tanto en los ámbitos europeo como estatal, autonómico y municipal, y muy en particular en la esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el Plan Nacional de Energía y Clima.
Estas son las prioridades para Greenpeace:
Ambición climática para alcanzar emisiones netas 0 en 2040 e incorporación de todos los sectores en la transición ecológica de la economía
👉 Objetivos de reducción de emisiones para el Estado español de al menos un 55% en 2030 respecto a 1990 y descarbonización completa para 2040.
👉 Establecer el marco regulatorio que dote de seguridad jurídica la transición a través de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y Ecológica que incluya el modelo económico en su conjunto y que establezca el marco legislativo necesario para la inclusión de otros sectores clave aparte del energético como agricultura, residuos, industria o turismo.
👉 Una reforma fiscal verde que incentive cambios de comportamientos, aplique el principio de quien contamina paga y dote de presupuesto la transición.
Transición acelerada hacia un modelo energético 100% renovable, eficiente, justo y en manos de la gente que garantice la equidad de género
👉 Acelerar la sustitución de las fuentes de energía sucias y peligrosas por renovables, con prioridad a la participación de la sociedad en la generación eléctrica renovable, el autoconsumo (tanto individual como compartido y de proximidad), el almacenamiento, el libre intercambio y la gestión de la demanda y poner fin a cualquier subvención o incentivo que fomente el uso de energías sucias o peligrosas, incluidos los pagos por capacidad.
👉 Frenar el crecimiento de la demanda energética y fomentar el ahorro, la eficiencia energética y la electrificación para la reducción de gases de efecto invernadero.Asegurar el fin de la comercialización de nuevos turismos de combustión interna en el año 2028 (incluidos híbridos y a gas) para lograr un parque automovilístico con cero emisiones en 2040 y definir 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y las nucleares.
👉 Democratizar el sistema energético, con medidas efectivas que acaben con el control oligopólico sobre el mismo. Resulta imprescindible asegurar la independencia total de los órganos reguladores impidiendo cualquier tipo de “puertas giratorias”, así como la separación completa de las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas (transporte y distribución) de las que hacen actividades liberalizadas (generación y comercialización).
👉 Garantizar el acceso universal y justo a la energía limpia mediante programas especiales para personas en situación de pobreza energética que potencien medidas estructurales frente a las coyunturales, con energías renovables, ahorro y eficiencia energética y reformas de las viviendas.
👉 Poner en marcha un plan para que la transición energética 100% renovable sea justa para todas las personas y regiones que incluya un análisis previo, presupuesto, fechas y participación que faciliten y aceleren la transición hacia nuevas actividades productivas sostenibles con enfoque de género. La transición debe efectuarse con urgencia tanto del lado de la producción como del consumo y en ningún caso se verá frenada o condicionada a medias irreales o imposibles.