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18-11-2020

Un caso de SLAPP en la campiña gallega

Manuel se ha visto atrapado en lo que se conoce como una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Se trata de demandas presentadas por actores poderosos, generalmente grandes empresas o despachos, para acosar y silenciar a quienes denuncian alguna irregularidad en relación a asuntos públicos. Las víctimas más habituales de estas demandas son activistas, periodistas independientes o investigadores, que desempeñan una función de vigilancia imprescindible en los sistemas democráticos.

Anti SLAPP. Ilustración de Electronic Frontier Foundation

Estas “demandas mordaza” son una forma de intimidación legal y acoso judicial, ya que utilizan sus poderosos medios para asfixiar a estas personas o a sus organizaciones a través complejos y costosos procesos judiciales, de tal manera que en ocasiones se ven obligados a abandonar su labor para centrarse durante años en la defensa de un proceso que les podría arruinar. El resultado final es lo menos importante para estos demandantes, porque su principal objetivo es la amenaza y la anulación de la capacidad de reacción de quienes exponen sus críticas. En definitiva, es una forma privada de limitar la libertad de expresión.

Las SLAPP, cada vez más frecuentes en Europa

El término SLAPP tiene sus raíces en Estados Unidos, donde en las últimas décadas ha resultado ser un fenómeno realmente preocupante para la libertad de expresión, tanto que actualmente algunos estados han implementado legislación para evitar este tipo de demandas. Así ha ocurrido también en Canadá y en Australia. Pero lo cierto es que esta práctica de acoso judicial está cada vez más extendida en Europa, donde no existe ninguna legislación a día de hoy que las regule.


Algunos de los casos más sonados en Europa
PORTUGAL. Celtejo, una empresa explotadora de eucalipto, demanda al activista medioambiental Arlindo Marquês por publicar vídeos en redes sociales evidenciando su relación con la contaminación del río Tajo.
FRANCIA. Las compañías de aceite de palma asociadas al Grupo Bolloré han presentado más de 20 demandas contra periodistas y varias ONG en respuesta a los artículos, informes o programas que han denunciado la vulneración de DDHH relacionadas con sus actividades en el continente africano.
ALEMANIA. El gigante del carbón RWE ha demandado a un activista climático de 24 años que había llamado a la desobediencia civil contra la crisis climática.
POLONIA. El profesor de derecho, Wojciech Sadurski, se enfrenta a tres demandas civiles y penales por difamación, a causa de sus críticas en Twitter al partido en el Gobierno, PiS, y la televisión nacional.
MALTA. La periodista Daphne Caruana Galizia tenía más de 47 SLAPP abiertas contra ella en el momento de su asesinato.
REINO UNIDO. El empresario pro-Brexit Arron Banks ha demandado a Carole Cadwalladr, una premiada periodista de investigación, por dos charlas y dos tuits sobre los “Papeles del Paraíso”. Le exige 1 millón de libras.
ITALIA. Solo en 2017 se presentaron más de 9.000 demandas penales contra periodistas, muchos de los cuales viven bajo protección policial.