Manuel se ha visto atrapado en lo que se conoce como una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Se trata de demandas presentadas por actores poderosos, generalmente grandes empresas o despachos, para acosar y silenciar a quienes denuncian alguna irregularidad en relación a asuntos públicos. Las víctimas más habituales de estas demandas son activistas, periodistas independientes o investigadores, que desempeñan una función de vigilancia imprescindible en los sistemas democráticos.
Anti SLAPP. Ilustración de Electronic Frontier Foundation
Estas “demandas mordaza” son una forma de intimidación legal y acoso judicial, ya que utilizan sus poderosos medios para asfixiar a estas personas o a sus organizaciones a través complejos y costosos procesos judiciales, de tal manera que en ocasiones se ven obligados a abandonar su labor para centrarse durante años en la defensa de un proceso que les podría arruinar. El resultado final es lo menos importante para estos demandantes, porque su principal objetivo es la amenaza y la anulación de la capacidad de reacción de quienes exponen sus críticas. En definitiva, es una forma privada de limitar la libertad de expresión.
Las SLAPP, cada vez más frecuentes en Europa
El término SLAPP tiene sus raíces en Estados Unidos, donde en las últimas décadas ha resultado ser un fenómeno realmente preocupante para la libertad de expresión, tanto que actualmente algunos estados han implementado legislación para evitar este tipo de demandas. Así ha ocurrido también en Canadá y en Australia. Pero lo cierto es que esta práctica de acoso judicial está cada vez más extendida en Europa, donde no existe ninguna legislación a día de hoy que las regule.