Algunas de las mayores empresas españolas ocultan o no cuentan toda la verdad sobre el impacto de su actividad sobre el medioambiente. En un momento de emergencia climática y crisis de biodiversidad como el actual, en Greenpeace hemos querido descifrar la distancia entre realidad y ficción, indagando en las carencias y omisiones, sacando a la luz lo que algunas empresas esconden bajo la alfombra, los pecados ocultos del daño real que la lógica empresarial provoca en el medio ambiente y en las personas: sus pecados capitalistas, pecados que tratan de encubrir viralizando sus buenas acciones y promesas.
La reducción de emisiones contaminantes y frenar la pérdida de biodiversidad es una necesidad incuestionable, por eso hemos querido analizar el comportamiento empresarial de algunas de las empresas más representativas del panorama económico español y sus esfuerzos por evitar la degradación ambiental del planeta.
Este grupo de 23 empresas, que bien podrían representar el concepto de “Marca España”, deberían ofrecer una muestra de cuán concienciada está la clase empresarial del país ante un problema que hay quien quiere ver como una responsabilidad del Gobierno o de la ciudadanía.
Cuando se habla de reducir emisiones y alcanzar el Acuerdo de París, el mayor esfuerzo de esta transición ecológica recae sobre los actores económicos pero ¿se está adaptando el sector económico español al cambio? ¿está analizando de verdad su contribución al problema?
Existe una casi desconocida Ley 11/2018 sobre Información no Financiera y Diversidad, aprobada en diciembre de 2018, que obliga a las grandes empresas a informar a sus accionistas y a la sociedad sobre aspectos no financieros pero relevantes a la hora de determinar el impacto de la empresa en temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el soborno o fiscalidad. A través del Estado de Información No Financiera (EINF) de estas empresas deberíamos poder saber cómo están respondiendo los actores económicos ante el reto ambiental.
Esta joven ley incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014 exige a empresas grandes que, de forma anual, publiquen los impactos y riesgos que sus actividades tienen para el medioambiente y qué hacen para corregirlos. Esta ley obliga a reportar a las empresas sobre un conjunto de aspectos relacionados, lo que debería dar una imagen real sobre las consecuencias de su negocio como, por ejemplo, el impacto de la producción de carne en la deforestación del planeta o el impacto de una entidad financiera cuando financia una central térmica de carbón.
La ley no solo busca información sobre las emisiones de los edificios, oficinas o vehículos de las empresas sino el impacto global de su actividad
El problema de una ley con apenas un año de vida es la falta de un desarrollo reglamentario que permite la ausencia de mecanismos sancionadores y verificadores, lo que provoca que la ley se cumpla poco y mal, y que cada empresa interprete a su libre albedrío qué es lo que se le pide y qué información ofrece.
Así las cosas, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha analizado para Greenpeace, con la escasa y poco homogénea información disponible, cómo el grupo de empresas seleccionado está cumpliendo o no con la ley y averiguar si se están tomando en serio la lucha contra el cambio climático, si han optado por el ecopostureo o si directamente no hacen nada.