El Gobierno acaba de aprobar la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030, aplazando el cierre que estaba previsto para 2027 (el primer reactor) y 2028 (el segundo reactor). Para evitar todo debate social, la orden se aprobó el viernes 14 de agosto. 

El Gobierno ha afirmado sin pudor que esta medida «no supone mayor coste a los ciudadanos». Esta declaración no es casual, ya que Pedro Sánchez se había comprometido a no romper el plan de cierre nuclear acordado, si esto iba a suponer un sobrecoste para la ciudadanía. Desmontamos esta falsedad con datos y te explicamos cómo esta cesión del Gobierno ante Iberdrola, Endesa y Naturgy la terminarás pagando de tu propio bolsillo.

«Esta cesión del Gobierno ante Iberdrola, Endesa y Naturgy la terminarás pagando de tu propio bolsillo»

Sobrecoste de 3.831 millones en las facturas

El argumento oficial de que la prórroga tiene «coste cero» porque no incluye ayudas públicas directas o rebajas fiscales a las nucleares es un espejismo. Según un riguroso informe técnico de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya, mantener Almaraz abierta provocará un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en las facturas de la luz de hogares y pymes para el año 2033. Aunque las eléctricas prometen un «alivio temporal» a corto plazo, el mercado mayorista se encarecerá de forma sostenida a partir de 2031. Para 2033, el precio de la electricidad alcanzará los 63,5 €/MWh, un 9,5% más caro que si se hubiera cumplido el calendario de cierre acordado en 2019.

«Para 2033, el precio de la electricidad alcanzará los 63,5 €/MWh, un 9,5% más caro que si se hubiera cumplido el calendario de cierre acordado en 2019»

La cara nuclear frena las renovables, más baratas

El motivo de este encarecimiento es que la prórroga actúa como un freno de mano para la transición ecológica. Al mantener operativos dos reactores inflexibles, se debilitan las señales de inversión en renovables y almacenamiento, lo que provocará la pérdida de hasta 26.130 millones de euros en nuevas instalaciones de aquí a 2033. 

Las grandes eléctricas han presionado para conseguir esta prórroga buscando maximizar sus beneficios corporativos, aprovechando que los precios de futuros de la electricidad son ahora un 23% más altos que cuando firmaron el acuerdo de cierre.

«Las eléctricas han pedido la prórroga ahora porque los precios de futuros de la electricidad son un 23% más altos que cuando firmaron el acuerdo de cierre»

La inflexible nuclear dependerá del gas: hasta 12 millones de t de CO2 más

Esta situación desencadena la llamada «Paradoja Nuclear»: mantener la vieja flota nuclear reduce a cero la probabilidad de cumplir con los objetivos climáticos nacionales para 2030. 

Debido a su rigidez técnica, los reactores colmatan la red eléctrica y actúan como un atasco que impide físicamente inyectar más energía eólica y solar en las redes. Sin esta inversión limpia, el sistema dependerá más del gas a medio plazo, emitiendo entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas de CO₂ adicionales que nos costarán hasta 984 millones de euros en derechos de emisión (que también acabarán encareciendo tu factura).

Las renovables han protegido a España de la inflación

Son las renovables las que han blindado a España frente al repunte del precio del gas tras la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, evitando a las personas consumidoras españolas mayores costes e inflación.

En lo que va de año España y Portugal, de media, han tenido el precio mayorista de la electricidad más bajo de la UE, incluso más que Francia. De hecho, los hogares en España pagarían hoy 10€ al mes más en la factura de la luz, por la crisis del gas, si tuviéramos la misma cantidad de renovables que en 2021. En Italia, más dependiente del gas, el precio de la electricidad es el doble que en España.

No podemos permitir que el beneficio cortoplacista del oligopolio hipoteque nuestro futuro y nuestro bolsillo. La verdadera resiliencia del sistema no reside en reactores amortizados de los años 80, sino en un modelo flexible, renovable y con almacenamiento. Desde Greenpeace exigimos al Gobierno que rectifique, respete el calendario de cierre acordado y priorice el interés común. No nos vamos a rendir: utilizaremos todas las vías posibles para frenar este error histórico y garantizar una transición energética suficiente, eficiente, justa, 100% renovable y respetuosa con la biodiversidad.