Los Presupuestos Generales, bajo la lupa verde de Greenpeace
Estas semanas estamos en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE). Necesitamos un fuerte impulso económico que venga de la mano de los próximos presupuestos para hacer frente al tremendo impacto social y económico de la COVID-19. Desde Greenpeace reconocemos grandes avances en la apuesta por la recuperación social y la reconstrucción verde con una inversión pública récord y un considerable aumento del gasto social.
El adelanto de los 27.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos nos sitúa ante una oportunidad única para avanzar en una verdadera transformación del sistema hacia uno más verde y más justo. Por ello es muy importante que, además de disponer de fondos, estos se destinen hacia políticas que puedan lograr esta transformación, generen empleo y dejen de subvencionar a las industrias y las energías contaminantes.
A continuación analizamos en detalle las partidas de los PGE que tienen que ver con la protección del medioambiente y la paz.
La crisis de biodiversidad va en serio y son necesarios más fondos
La protección de la biodiversidad y de los ecosistemas resilientes es una de las 10 palancas incorporadas en el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno y a la que se ha designado un total de 1.395 millones de euros en los PGE que se dedicarán a la conservación de los ecosistemas (601,44 millones), a las infraestructuras hidráulicas y depuración (149 millones), a la protección de la costa (144,03 millones) y a la economía circular (500 millones). Por ello, en 2021 el presupuesto dedicado a las actuaciones ambientales ha aumentado un 67,3% con respecto a los últimos PGE aprobados (2018), aunque no alcanza los niveles previos a la anterior crisis (2009).
Sin duda una cifra importante pero que aún consideramos insuficiente para abordar el problema de la crisis de biodiversidad. Además se está infravalorando el papel que juega la biodiversidad en el control de las pandemias presentes y futuras, especialmente teniendo en cuenta el último informe del IPBES, que indica cómo evitando la pérdida de biodiversidad podemos reducir el riesgo de una futura pandemia a solo el 2% del coste económico de la COVID.
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Por otra parte, llama la atención que, en 2021, dentro del programa para la protección de la costa e infraestructuras, se siga destinando casi la totalidad de las inversiones a paseos marítimos y reponer arenas de playas (casi un 96% del total frente al escaso 4% que se dirige a la protección de la costa). La alternativa a la destrucción costera no pasa por estas soluciones sino por el mantenimiento de los recursos naturales, el fomento de un turismo sostenible de calidad y un modelo económico que pivote sobre el desarrollo local.
El campo es clave para afrontar la crisis climática y de biodiversidad
Este año destaca como novedad en los PGE la creación de un programa para abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación que cuenta con una partida de 19,01 millones de euros, de la que 17 millones se van a transferir a comunidades autónomas y entidades locales para actuaciones destinadas principalmente a servicios y conexión.
El mundo rural, nuestros pueblos y su actividad productiva (sector primario) constituyen también una oportunidad para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Por ello es importante dar valor y relevancia a las buenas prácticas que se realizan en este ámbito y que contribuyen a abordar esta problemática. La lucha contra la despoblación tiene que tener en cuenta la mejora del territorio, de la gestión forestal y de las actividades sostenibles que refuerzan los bienes y servicios ambientales.
De forma muy ligada al mundo rural, la agricultura es una de las grandes asignaturas pendientes. No se puede frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la sequía, ni la “erosión” rural si no se actúa sobre el modelo agroalimentario. Para este fin el dinero que aportarán los fondos europeos no es muy elevado ni van dirigidos a la necesaria transformación del sector. Así se dedicarán 270,8 millones para dotar de sistemas para el ahorro del agua y la eficiencia energética a la red de regadíos, además de 118 millones de euros para abordar la transición ecológica de la agricultura y la ganadería y defensa de plagas y enfermedades emergentes.
La ganadería y agricultura intensiva está en la raíz del problema del modelo actual. No se trata sólo de mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos del proceso productivo, sino de apoyar las alternativas al modelo, potenciando la necesaria y urgente transición hacia la agroecología. España es el país de la UE con más superficie dedicada al cultivo ecológico y, sin embargo, este año el programa dedicado a la competitividad y a la calidad alimentaria para desarrollar la agricultura ecológica ha disminuido su presupuesto casi un 20% comparado con 2018, algo que no se entiende más aún cuando la Comisión Europea marcó un objetivo de alcanzar un 25% de superficie agrícola en ecológico para 2030. Como nota positiva, este mismo programa va a emplear una partida para el desperdicio alimentario de 283,45 millones de euros.
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El gran avance hacia la transición energética tiene una cruz: seguimos financiando la contaminación
Las políticas de industria y energía incorporan la mayor partida (5.622,8 millones) procedente de los Fondos Europeos dedicada principalmente a impulsar las renovables, la eficiencia, la movilidad sostenible y la transición justa. En 2021, el presupuesto destinado a las políticas de industria y energía se ha duplicado con respecto a 2018 gracias a la incorporación de los fondos europeos. Así el porcentaje que dedican a la transición energética verde y justa es de un 55% frente al 6% de los presupuestos de 2018. Además, se emplearán para la lucha contra la pobreza energética 109,32 millones destinados al bono térmico.
Pese a la lectura positiva de este proyecto de presupuestos, preocupan sobremanera algunas políticas de gasto para industria y energía, concretamente algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial sin que se especifiquen condicionantes ambientales, como es el caso de los 320 millones de euros dirigidos principalmente a compensar a determinadas industrias (metalúrgicas, papeleras, de fertilizantes, del plástico, del cuero, etc.) por los costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos (que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o aumento del uso o contratación directa de energía renovable). En la misma línea están los 250 millones de euros del Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove), que continuará subvencionando coches contaminantes. El 32% del presupuesto de estas políticas de gasto se sigue dedicando a cubrir los costes de un sistema eléctrico obsoleto, que no internaliza los costes ambientales y sociales.
Presupuesto para políticas de gasto de Industria y Energía 2021
█ Resto de partidas presupuestarias
Otra de las buenas noticias es la apuesta por la transición justa hacia un sistema energético 100% renovable que destinará 285,11 millones en el desarrollo económico de las comarcas mineras de carbón, 46,7 millones del Instituto de Transición Justa y los 90 millones del Fondo Europeo. Necesitamos abordar la transición energética al completo, asegurando que sea justa y ordenada.
La apuesta por el ferrocarril y rehabilitación de edificios es positiva. Ahora falta hacerlo bien
Los fondos europeos aportarán al desarrollo de infraestructuras de transporte y a la rehabilitación sostenible y social de edificios un total de 4.953 millones de euros, de los que casi el 67% se dedicará a movilidad.
En este sentido también destaca la apuesta por el transporte ferroviario, que aglutina el grueso de las inversiones en infraestructuras de movilidad (4.719 millones de euros). El tren será esencial para reducir las emisiones del transporte gracias a su mayor eficiencia y capacidad, y es necesario que capte a los viajeros en el ámbito urbano (con más y mejores servicios de cercanías y regionales) y de la aviación peninsular; así como elevar la cuota de mercancías por ferrocarril, de las más bajas de Europa. Por otra parte, también se valora positivamente que la inversión en carreteras priorice la conservación frente a la obra nueva, tras los años del ladrillo y el hormigón que convirtieron a España en el país europeo con más kilómetros de autopistas y autovías por habitante. Sin embargo, lamentamos que se siga apostando por ampliar la capacidad dotando de más carriles a las autopistas existentes, ignorando el hecho de que más oferta viaria solo consigue inducir más tráfico y más contaminación.
Acción «faltan trenes, sobran aviones» en Atocha, agosto de 2020. ©Greenpeace/Pablo Blázquez.
Aún falta valentía ¿Para cuándo una fiscalidad verde de verdad?
El proyecto de presupuestos incluye novedades para grabar más a los que más tienen e incluye medidas fiscales como los impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales. Sin embargo, sigue presentando cierta tibieza a la hora de abordar la fiscalidad verde. El abordaje de cambios en materia de fiscalidad debe conllevar el desarrollo de este tipo de fiscalidad. El principio “quien contamina, paga” está prácticamente ausente y España sigue estando en el furgón de cola de la Unión Europea en impuestos verdes.
El proyecto de presupuestos incluye novedades como la reducción de la bonificación del impuesto del diésel, que aún no iguala la fiscalidad de la gasolina y mantiene las exenciones al uso profesional y que tendrá un impacto de 450 millones de euros. El Gobierno cuenta con otras figuras como el impuesto sobre envases de plásticos de un solo uso que aún se está tramitando en el Congreso y con la que espera recaudar 491 millones de euros y el impuesto sobre la eliminación de residuos con 861 millones. A pesar de la inclusión de estas medidas, los impuestos denominados ambientales (incluidos los energéticos) tan solo representan un 5,8% de los ingresos del Estado.
La fiscalidad ambiental es una de las vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad, además de enviar una clara señal para inducir cambios de comportamiento más sostenibles entre los actores económicos y sociales. Por ello animamos al Gobierno a que siga asumiendo su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad verde y el principio de ‘quien contamina, paga’, como medidas indispensables dentro del paquete de reformas fiscales.
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La guerra no está en crisis. Defensa aumenta sus privilegios
Llama la atención muy negativamente el incremento del presupuesto de defensa. La seguridad humana no se garantiza incrementando año tras año las partidas de este presupuesto. El concepto clásico de seguridad se ha centrado en la defensa frente a amenazas militares del exterior y ha olvidado otras fuentes de inseguridad como las sanitarias, económicas y medioambientales.
La securitización de la vida pública cobra fuerza a través de una variedad de historias contadas a beneficio de los intereses de una élite. Se ha creado una cultura del miedo que llega a justificar la movilización de medidas extraordinarias y desproporcionadas respecto a mayores amenazas materiales. Así, hemos visto un incremento sistemático de la inversión en el sector armamentístico y del comercio de armas a nivel mundial. En la misma línea, en 2021 el presupuesto del Ministerio de Defensa seguirá en aumento, un 11% más comparado con los presupuestos de 2018.
La prioridad del gasto público continúa estando en Defensa, que supone más de un 32 % del gasto de inversión del presupuesto total del Estado. Estas inversiones del Ministerio de Defensa se cifran en 3.264 millones de euros, de los que casi un 75% se destinan a atender compromisos de pago correspondientes a programas especiales de armamento. La situación se agrava si se tienen en cuenta los análisis de algunos expertos que reflejan que el gasto militar real podría duplicar o, incluso, triplicar la partida del Ministerio de Defensa.
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¿De verdad son los presupuestos para la transición verde?
A pesar del gran aumento de los fondos que se va a emplear en políticas verdes, a lo largo de estos años necesitaremos mucho más esfuerzo presupuestario y un cambio de paradigma. La transición ecológica de la economía española debe situar el trabajo para frenar el cambio climático y revertir la crisis de biodiversidad como el eje en el que se articulen las políticas y partidas presupuestarias.
Sería deseable que todos los ministerios reflejaran las partidas presupuestarias necesarias para cumplir estos objetivos. El presupuesto actual todavía está lejos de dedicar al menos el 30% del presupuesto disponible en la lucha contra el cambio climático -tal y como refleja el Presupuesto Plurianual Europeo- y un 10% adicional para abordar la crisis de biodiversidad.
Desde Greenpeace esperamos que se aproveche la oportunidad que representan estos presupuestos y los fondos europeos para lograr una verdadera transformación del sistema que sea justa y verde. La verdadera transformación del país debe estar anclada en los recursos disponibles. Los existentes y los adicionales derivados de la situación que vive el mundo. Dinero hay, hace falta valor y voluntad política para respaldar las decisiones que garanticen el necesario viraje hacia un verdadero Green Deal transformador.
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Comentarios
Muy interesante e importante, gracias Alicia.
¿Qué capacidad de influencia tiene la opinión de GPE en este caso? ¿A través de los partidos? ¿Directamente?
Muchas gracias Ernest.
¡Me alegro que te parezca interesante!
La valoración aparte de difundirla en redes y medios de comunicación también se lo hacemos llegar a los grupos parlamentarios del Congreso. El proyecto de Presupuestos desde que se presenta en el Congreso hasta su aprobación final (en el caso de supere las enmiendas a la totalidad) tiene un recorrido de tres meses en el que los grupos pueden presentar enmiendas parciales y al articulado. Nuestro objetivo es que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar enmiendas que puedan mejorar en este sentido los presupuestos.