¿Quién no conoce a alguien que tarda más de una hora en llegar al trabajo? ¿O que necesita el coche para todo porque en su pueblo apenas pasa un autobús?¿O que evita volver tarde en transporte público porque no hay frecuencias suficientes o las paradas están mal iluminadas?

La movilidad es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. Es la condición que hace posible casi todos los demás derechos. Sin transporte no puedes llegar al trabajo, acudir a una cita médica, estudiar, cuidar a otras personas o participar activamente en la vida social.

«moverse de forma sostenible no debería ser un privilegio ni depender del lugar donde vives o del dinero que tienes»

Sin embargo, para millones de personas en España y en Europa se ha convertido en una carga económica, una fuente de estrés o incluso, una fuente de exclusión.

La pobreza en el transporte en España: datos reveladores

Un nuevo informe de Greenpeace confirma que estas experiencias no son casos aislados, sino  una realidad en toda Europa. En el 90 % de los países europeos, más de la mitad de la población no utiliza el transporte público de forma habitual. En España, el 61% de la población afirma que nunca o casi nunca lo usa. Lo que es más alarmante, un 10,2% de la población española, alrededor de 5 millones de personas, no usa el transporte público porque no hay en su zona, la frecuencia es baja o los horarios no encajan con su vida cotidiana. Detrás de estos datos hay un problema estructural: en demasiados lugares el transporte público no responde a las necesidades de la población.

1. La pobreza de transporte no es sólo no poder pagar el billete del metro. Es la incapacidad de alcanzar un nivel de movilidad socialmente necesario. Ocurre cuando no existe transporte donde vives, cuando los horarios no encajan con tu vida, cuando el trayecto es inaccesible o inseguro, o cuando desplazarte en tu vida cotidiana consume una parte desproporcionada de tus ingresos o de tu tiempo. ¿Y qué pasa cuando el sistema falla? Pues que el coche deja de ser una opción para convertirse en una obligación.
2. En España, millones de personas mantienen un vehículo privado aunque eso suponga renunciar a otros gastos esenciales. De hecho, España es el segundo país de Europa con mayor tasa de «propiedad forzosa» de vehículo: un 10,3% de la población está materialmente en situación de privación, pero se ve obligada a tener coche porque no existe otra alternativa de transporte adecuada. Solo Grecia lo hace peor y el problema no deja de crecer.
3. También la desigualdad territorial es especialmente evidente. Mientras que en las ciudades apenas un 3,3 % de la población afirma no usar el transporte público por falta de oferta, en las zonas rurales la cifra alcanza el 26,9 %. Es decir, 1 de cada 4 personas en áreas rurales y 1 de cada 7 en áreas metropolitanas no disponen de transporte público adecuado. Además, la movilidad tampoco se vive igual según el género. En la mayoría de los países europeos, las mujeres evitan el transporte público con mucha más frecuencia que los hombres por miedo al acoso y a la inseguridad.
4. Esto tiene consecuencias profundas sobre la calidad de vida, por ejemplo, en España, el 9,8 % de la población activa dedica más de una hora al trayecto de ida al trabajo. Esto son horas que desaparecen cada día de la vida personal, del descanso, de los cuidados o del ocio.

La pobreza en el transporte es reversible

La buena noticia es que las soluciones existen.

• Apostar de forma decidida por la proximidad. Invertir en transporte público es fundamental, pero también lo es recuperar escuelas, centros de salud, comercios y servicios públicos en barrios y municipios para evitar desplazamientos innecesarios. La mejor movilidad es también aquella que no obliga a recorrer grandes distancias para tener una vida digna. Aquí entra en juego el concepto de suficiencia: organizar nuestras ciudades, barrios y pueblos para que las necesidades básicas estén más cerca. Recuperar servicios públicos y comercios de proximidad. Apostar por la planificación urbana que pone a las personas en el centro: garantizar que la vida cotidiana pueda desarrollarse con menos desplazamientos y más tiempo para vivir. Necesitamos reducir la dependencia obligatoria del automóvil y construir territorios donde sea posible vivir bien sin recorrer decenas de kilómetros cada día.
• Garantizar un transporte público digno en todo el territorio. Greenpeace propone establecer estándares mínimos vinculantes de frecuencia, cobertura, horarios y accesibilidad para asegurar que cualquier persona, viva donde viva, pueda desplazarse de forma segura y asequible. Vivir en un pueblo no puede significar quedarse aislado.
• Avanzar hacia un verdadero abono único de transporte. España dio un paso importante con la puesta en marcha de un abono nacional en 2026, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Debe incluir a todas las comunidades autónomas, integrar todos los medios de transporte y garantizar tarifas realmente asequibles para personas con bajos ingresos y colectivos vulnerables. La experiencia de países como Alemania demuestra que es posible.
• Financiar el transporte público mediante fiscalidad justa: el reciclaje de recursos provenientes del principio de «quien contamina, paga», como los ingresos de los mercados de derechos de emisiones, tasas al combustible de la aviación  o los impuestos a los vuelos VIP.

El transporte público es necesario para el buen funcionamiento de un país

Un transporte público de calidad no es un gasto. Es una inversión social, climática y económica. Reduce emisiones, mejora la salud, disminuye la desigualdad y devuelve tiempo de vida a millones de personas.

Porque el transporte público no debería ser “la alternativa para quien no tiene coche”. Debe ser una opción cómoda, segura y atractiva para todo el mundo. Cuando las personas con más recursos también utilizan el autobús o el tren porque funcionan bien, el sistema mejora para todas: aumenta la financiación, crece la calidad del servicio y disminuye la dependencia del coche privado.