Desarme
La campaña de desarme este año se ha centrado en la exportación de armas por parte del Gobierno español, especialmente a la coalición saudí, que mantiene un bloqueo militar sobre Yemen desde 2015. Se trata de la mayor crisis humanitaria actual causada por el ser humano, según la ONU. Durante todo el año hemos seguido de cerca los movimientos del Gobierno, oponiéndonos a episodios como la firma del contrato de corbetas de Navantia, o las actuaciones del rey Felipe VI como facilitador de estas exportaciones.
En febrero publicamos el estudio Armas Marca España, el oscuro negocio de la guerra, donde explorábamos esta venta de armas y sus consecuencias en Yemen. También descubríamos el caso de Ignacio Robles, un bombero que se enfrenta a un expediente disciplinario por negarse a participar en una carga de bombas en el puerto de Bilbao.
Días más tarde después de la publicación del informe bloqueamos la carga de contenedores con armas fabricadas por Expal en Quintanilla de Sobresierra (Burgos) a un barco de la naviera saudí Bahri en el puerto de Bilbao.
En junio, el cambio de Gobierno del PP al PSOE supuso una oportunidad para que España abandonara la exportación de armas. El día 25 de ese mes, junto a la coalición Armas Bajo Control, presentamos un documento con el objetivo de trasladar al nuevo Ejecutivo la gravedad de las exportaciones y la necesidad de mejorar el sistema de control de exportaciones de armas, la evaluación de riesgo de las operaciones y la transparencia.
Sin embargo, el gobierno socialista no anunció la suspensión de las exportaciones. En septiembre publicamos una investigación que seguía el camino de las armas españolas exportadas irregularmente, desde los puntos de fabricación hasta su destino, pasando por los embarques en barcos o aviones.
En octubre salía a la luz pública cómo el Gobierno había autorizado la ezportación de 400 bombas de aviación. De nuevo junto a la coalición Armas Bajo Control, mostramos nuestra decepción hacia la continuidad de las exportaciones frente al Congreso de los Diputados, llevando a la cámara el mensaje #DecisionesQueMatan escrito sobre siluetas de bombas.
En el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) colgamos un «meme» gigante en el arco de Moncloa en Madrid, muy cercano a la sede del Gobierno, para mandar al presidente un mensaje: “Pedro, no te pases los derechos humanos por el arco del triunfo. No más armas para matar civiles”.
Justicia ambiental
Otra de las grandes áreas de esta campaña es la de control hacia las malas prácticas corporativas sobre el medio ambiente o quienes lo defienden. El año comenzó con la publicación, durante la celebración de la Cumbre de Davos, del informe Justicia para las personas y el planeta, que demanda un tratado vinculante sobre responsabilidad corporativa.
El 6 de julio, junto a la campaña No a los Acuerdos de Comercio e
Inversión, emitimos un comunicado de prensa indicando al Gobierno de Pedro Sánchez cómo el apoyo al JEFTA, el acuerdo comercial entre Japón y la UE, incumplía los principios que el Comité Federal del PSOE sobre acuerdos comerciales. Lamentablemente, la firma de este tratado se formalizó el 17 de julio.
A finales de año publicamos un informe que revelaba la tendencia de las grandes aseguradoras internacionales a dar la espalda a la industria del carbón. Sin embargo, la española Mapfre se resiste aún a desvincularse de esos proyectos.
Pero el gran proyecto en esta materia del año ha sido el seguimiento a la propuesta de construcción de grandes oleoductos que permitirían la extracción de petróleo de arenas bituminosas en Canadá. Para parar estos proyectos, que suponen la continuidad de un sistema energético obsoleto y la destrucción de grandes áreas de bosques, hemos pedido a los 12 grandes bancos internacionales que financiaban a las empresas constructoras que pusiesen fin a la financiación.
Entre esos bancos estaba el español BBVA. En junio lanzamos el informe El oscuro secreto del BBVA, en el que hacíamos pública esta financiación y los riesgos para el medio ambiente y las poblaciones indígenas de Canadá. El día 27 de ese mes llevamos esa protesta a la sede del BBVA, instalando en su puerta la réplica de unos oleoductos junto al lema «No más dinero para oleoductos peligrosos». Con esta acción comenzamos una recogida de firmas dirigida a los 12 bancos financiadores, que alcanzó los 400.000 apoyos a nivel mundial, y que entregamos al BBVA en noviembre.
Poco tiempo después la entidad bancaria se comprometió a acabar con la financiación y a incluirlo en su siguiente política de financiación, prevista para publicarse a principios de 2019.
Otra de las entidades españolas de las que hemos denunciado sus malas prácticas ha sido ACS. La empresa de Florentino Pérez participa en un proyecto hidoeléctrico en Guatemala que restringirá el acceso al agua de más de 29.000 indígenas quekchí. Por ello, el 13 de abril fuimos a su sede en Madrid y le cortamos el agua, para que la empresa se ponga en la piel de las personas afectadas aunque sea simbólicamente.
Durante los meses de septiembre y octubre seguimos el juicio a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, la activista que pagó son su vida la oposición a una megapresa en Honduras, apoyando a las organizaciones locales a conseguir un proceso justo.
Justicia social
En marzo se cumplían tres años de la aprobación de la Ley Mordaza y quisimos «celebrar» el aniversario con el lanzamiento de ProtestBox, unas «cajas de experiencias» falsas a través de las que mostrábamos los distintos tipos de protesta que sanciona la ley y la multa que puede acarrear.
Tras el cambio de gobierno organizamos, como parte de la plataforma No Somos Delito, una Jornada Parlamentaria en el Congreso para debatir sobre las reformas de la ley. En ellas presentamos una propuesta creada y consensuada por más de 40 organizaciones y colectivos, en la cual se recogían 10 puntos fundamentales para garantizar la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, el derecho de asilo, etc.
En marzo nos unimos a Fíltrala, un buzón en el que se puede enviar información relevante de forma segura, de manera que la ciudadanía pueda denunciar confidencialmente casos de malas prácticas con el medio ambiente por parte de empresas o instituciones .
En abril hicimos un intensivo análisis de los Presupuestos Generales del Estado desde el punto de vista medioambiental, que confirmaron el poco compromiso político del Gobierno en este tema.
En septiembre tuvo lugar un campamento de activistas, donde unimos a 300 jóvenes de toda Europa para compartir habilidades y conocimientos en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos a través de la noviolencia.
En diciembre, cuando se cumplían 40 años del aniversario de la Constitución, repasamos los movimientos ecologistas y pacifistas que han contribuido a la democracia en ese tiempo en la web Democracia y protesta pacífica 1978-2018. Recogemos los cuatro casos más relevantes de movimientos por el medio ambiente y otros tantos por la paz, además de un decálogo de ideas para avanzar en democracia en los próximos años.