Greenpeace exige que no se olviden de las zonas quemadas en 2025 y que se actúe en 2026 con prevención y gestión posincendios

Con la llegada oficial del verano e inmersos en la primera ola de calor, Greenpeace presenta su informe Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar. La organización analiza que ocurrió en 2025 y propone retos y demandas para abordar un problema social y ambiental que va en aumento y que supone una amenaza creciente para la población y los ecosistemas. Greenpeace exige que no se olviden de las zonas afectadas 2025 y que se actúe en 2026, poniendo el foco en los impactos postincendios y en la prevención.

La organización recuerda que se acaba de inaugurar el verano y que 2026 ya supera la media de los últimos diez años en superficie afectada, con nueve grandes incendios forestales. En 2026, la superficie quemada casi se ha triplicado con respecto a 2025 y los grandes incendios han pasado de 1 en 2025 a 9 en 2026. Y hay todo un periodo estival de riesgo por delante. 

“Los incendios de 2025, parecen algo del pasado pero sus consecuencias siguen muy presentes. La población de las zonas afectadas aún lidian con las secuelas del fuego. Debemos exigir medidas de restauración en las zonas devastadas, visibilizar los impactos que perduran tras las llamas y reforzar la prevención para evitar que en 2026 volvamos a perder tanto porque este año pinta ya muy mal”, explica Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.

En Galicia en estos días, las intensas lluvias en zonas quemadas como Valdeorras o Viana han intensificado los daños por arrastres de agua y cenizas provocando deslizamientos de tierra debido a la falta de vegetación.

2025: El año que evidenció el colapso del sistema
No fue un año “impredecible” o “sin precedentes”. Diversas entidades científicas, forestales y la propia Greenpeace llevan tiempo advirtiendo sobre la evolución de los incendios hacia eventos más grandes. Los años 2006, 2012, 2017, 2022 fueron terribles y en ellos se repitieron demandas consensuadas que no han llegado a implementarse. Y llegó el 2025, que será recordado por una intensidad sin precedentes y un comportamiento del fuego que desbordó la capacidad de respuesta. Algunos datos:

• A pesar de que el número total de incendios descendió, los Grandes Incendios Forestales (GIF) se triplicaron respecto a la media, alcanzando una capacidad destructiva cuatro veces superior.
  

• De los diez incendios más grandes de la historia de España, cinco ocurrieron en 2025 y tres de ellos en Galicia. Solo el 0,77% de los incendios fue responsable del 86% de la superficie quemada.
  
• En las zonas afectadas por los incendios habitan especies en peligro de extinción como el oso pardo, el urogallo o el desmán ibérico.
  
• Factura económica: Solo las labores de extinción supusieron un coste estimado de entre 3.548 y 6.741 millones de euros.

El año 2025 fue especialmente crítico para Galicia, concretamente para la provincia de Ourense, con incendios devastadores que forman parte de la historia de España, todos  marcados por una alta severidad y durante las olas de calor de agosto:

• Larouco – Quiroga – Oencia (Ourense, Lugo y León): Fue el mayor incendio forestal de España en 2025, afectando a 37.765 hectáreas. Se originó de forma intencionada (con tres focos iniciales) y presentó una severidad alta en el 62% de su superficie.
  
• Oímbra (Ourense): Considerado el segundo peor incendio de la historia de Galicia, calcinó 22.414 hectáreas. Tuvo un alto impacto humano con 24 heridos, entre ellos tres brigadistas jóvenes en estado grave. El origen fue una imprudencia durante trabajos de desbroce municipal.
  
• Carballeda de Valdeorras – Porto – Encinedo (Ourense, Zamora y León): Un incendio transprovincial que afectó a 21.373 hectáreas y provocó la mayor evacuación de la campaña (más de 9.000 personas).

El impacto ecológico de los incendios fue muy grave. Las llamas alcanzaron 37.819 hectáreas de la Red Natura 2000 en Galicia, una superficie equivalente al 10,8 % de todos los espacios protegidos de la comunidad y al 26% de la superficie total quemada. Resultaron afectados enclaves de extraordinario valor ambiental, como el Macizo Central de Ourense, Pena Trevinca y el Parque Natural de A Serra da Enciña da Lastra. Además, el incendio comprometió hábitats clave para especies amenazadas, incluyendo áreas de expansión del oso pardo y cursos fluviales que albergan poblaciones de desmán ibérico, catalogado en peligro de extinción.

Visita a las zonas afectadas en 2025
Diez meses después del vuelo que la organización realizó por zonas afectadas de Ourense, León y Zamora, el denominado “triángulo del fuego”, Greenpeace ha vuelto de nuevo para comprobar la severidad de los incendios, que se analiza mediante imágenes satelitales, trabajo de campo y comparaciones entre el estado previo y posterior al incendio, utilizando índices como el dNBR (Differenced or Delta Normalized Burn Ratio, por sus siglas en inglés), que mide el cambio producido por el fuego en la cubierta vegetal.  De la superficie quemada en 2025, el 47%  presentó una severidad alta, mientras que el 22% sufrió una severidad moderada-alta. Todos los incendios comparten una realidad clara: el alto grado de severidad. Es decir el daño producido y que es visible en la escasa o nula regeneración natural. 

“Hemos visitado las zonas arrasadas por los incendios de hace un año y hemos podido comprobar el actual nivel de destrucción”, explica Mónica Parrilla, ingeniera forestal y responsable de la campaña de Incendios. “El aspecto de algunos pueblos afectados sigue siendo desolador. En numerosas zonas la severidad ha sido tan alta que ni todas las abundantes lluvias del invierno han logrado hacer brotar una sola brizna de hierba. La “negrura” del suelo erosionado llega a apreciarse hasta casi 20 centímetros por debajo de la superficie y el olor a quemado todavía persiste en algunas laderas ¡casi un año después!”.

Otra de las realidades que se puso de manifiesto en la visita a las zonas fue la evidencia de la necesidad de protocolos de respuesta rápida tras apagarse las llamas (estabilización de la emergencia) para evaluar de forma temprana los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes para proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar los impactos sobre el agua y la biodiversidad. Tras las llamas, llegaron las lluvías tiñendo de negro los ríos con restricciones de agua potable. Y casi un año después los efectos de las llamas continúan. Las intensas tormentas de estos días han provocado de nuevo daños inmensos por arrastres de agua y cenizas en Valdeorras y otros lugares afectados por aquellos incendios. 

Las actuaciones tempranas son eficaces. La experiencia del incendio de Las Médulas demostró que técnicas como el acolchado con paja agrícola lograron reducir la erosión del suelo en un 85%, favoreciendo la recuperación del territorio. En la mayoría de las zonas visitadas había poca presencia de diques, acolchados y en todas las zonas hubo o hay restricciones de agua potable. Es lo que ya mismo debería hacerse en las zonas afectadas por el fuego este 2026 para evitar que el impacto de las llamas siga afectando. 

Otra realidad que bloquea la recuperación es la apertura de cotos de caza. La normativa gallega prohíbe la caza en terrenos quemados durante tres años. Sin embargo, sorprendentemente en 2025 la Xunta rechazó ampliar esta prohibición a las zonas limítrofes no quemadas, donde la fauna superviviente se había refugiado.

Causas que originan y causas que propagaron los incendios forestales 
Los cinco grandes incendios más destructivos de 2025 tuvieron orígenes diversos. Dos de ellos fueron provocados por rayos asociados a tormentas secas (Las Médulas y Valdeorras–Porto–Encinedo), uno tuvo un origen intencionado (Larouco–Quiroga–Oencia), otro se produjo por trabajos de desbroce con maquinaria agrícola (Oímbra) y en el caso de Molezuelas de la Carballeda la investigación apuntó a un posible origen humano sin conclusión definitiva. 

El 95% de los incendios son de causa humana. Uno de los principales retos es asumir que la mejor extinción es el fuego que no se produce: reducir las causas de ignición mediante prevención, vigilancia, formación, persecución de las conductas delictivas y una gestión responsable del uso del fuego resulta mucho más eficaz, seguro y económico que intentar combatir incendios cada vez más extremos una vez iniciados.

La eficacia de las medidas preventivas también quedó en entredicho en Galicia. En 2025, el Pladiga identificó únicamente 26 Parroquias de Alta Actividad Incendiaria (PAAI), pero al menos el 73% de ellas registraron incendios durante el año, incluida A Granxa, origen del gran incendio de Oímbra. Estos resultados evidencian las limitaciones de un enfoque centrado principalmente en la vigilancia y el control. Frente a ello, experiencias impulsadas desde el ámbito social, como los proyectos Roble y Batefogo, demuestran la importancia de abordar los incendios desde una perspectiva más amplia, basada en la participación local, el diálogo social, la dinamización económica del medio rural y una gestión activa del territorio que reduzca las causas estructurales del problema.

La enorme dispersión poblacional existente en Galicia y el régimen de propiedad de la tierra, casi toda privada, obliga tomar medidas específicas, pues complica la coordinación de actuaciones, favorece el abandono de terrenos y supone con mucha asiduidad el incumplimiento de las franjas de protección, convirtiéndose en uno de los principales retos para avanzar hacia una gestión forestal sostenible que prevenga el riesgo de incendio.

El cambio climático y el abandono rural están agravando la propagación y severidad de los incendios forestales. Los cinco grandes incendios analizados se produjeron en territorios afectados por la despoblación y durante una situación de vulnerabilidad extrema, marcada por la ola de calor más prolongada registrada en España. En 2025 se registraron 33 días de ola de calor y el 71,4% de los grandes incendios coincidieron con estos episodios. Los estudios de atribución indican además que el cambio climático hizo que las condiciones meteorológicas que favorecieron estos incendios fueran mucho más probables e intensas. A ello se suma el aumento de las tormentas secas y de los rayos, la única causa natural de ignición, lo que incrementa el riesgo de incendios en un contexto de calentamiento global.

Los incendios forestales son un problema complejo que requiere información rigurosa y soluciones basadas en la evidencia. La crisis de 2025 puso de manifiesto cómo la desinformación, la confusión sobre competencias y la politización del debate dificultaron la comprensión del problema y desviaron la atención de sus causas y soluciones reales. Convertir una emergencia de esta magnitud en un instrumento de confrontación política resulta irresponsable y perjudica la respuesta frente a una amenaza que exige coordinación y colaboración institucional.

Algunos avances
A raíz del impacto social provocado por los graves incendios de 2025, se lograron algunos avances significativos en prevención y coordinación institucional. Destacan la mayor exigencia legal por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente a respecto de los planes preventivos, la puesta en marcha de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática con medidas específicas en prevención de incendios y la aprobación de directrices estatales orientadas a la gestión activa del monte y una mejor cooperación, tanto entre comunidades autónomas como con Portugal. Sin embargo, a pesar de estos progresos y del aumento en la inversión, los expertos y organizaciones ambientales coinciden en que las medidas siguen siendo insuficientes, ya que los recursos se continúan concentrando mayoritariamente en la extinción en lugar de priorizar la prevención y resolver las causas estructurales del problema.

Demandas urgentes a las Administraciones
Los incendios forestales son un problema social y ambiental de gran escala. Muchas de las causas que explican los grandes incendios forestales son estructurales y requieren políticas sostenidas en el tiempo. Otras muchas medidas requieren aplicación de forma inmediata. 

1. Nueva Estrategia de Prevención: Recuperar campañas de sensibilización como el histórico “Todos contra el fuego” en un contexto de cambio climático y reforzar los medios de investigación de causas (Fiscalía, Seprona y Agentes Forestales).
2. Estabilidad en el operativo de extinción.
3. Inversión en Gestión Forestal: Destinar al menos 1.000 millones de euros anuales para gestionar el paisaje a escala nacional, preparando el territorio para el paso de las llamas.
4. Protección a la población Asegurar que todos los municipios en zonas de riesgo cuenten con planes de prevención y emergencia municipales efectivos.
5. Protección de la biodiversidad: Aplicar moratorias inmediatas a la actividad cinegética y al sobrepastoreo en zonas quemadas y adyacentes para facilitar la recuperación de la fauna superviviente.
6. Implementación de protocolos de respuesta rápida postincendio que incluyan la evaluación temprana, la priorización de las zonas más vulnerables y la ejecución inmediata de medidas de estabilización de emergencia para proteger el suelo, reducir la erosión e impactos sobre los recursos hídricos y la biodiversidad. 
7. Un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que garantice una política pública estable y ajena a los ciclos electorales.
8. La consolidación de la Alianza por la seguridad climática frente a los incendios forestales requiere el compromiso estable de los gobiernos de España y Portugal. La alianza debe apoyarse en cuatro ejes principales: la gestión coordinada del paisaje, la armonización de protocolos y recursos de emergencia, el desarrollo de investigación y bases de datos compartidas sobre comportamiento del fuego, y una acción conjunta ante la Unión Europea para impulsar financiación estable destinada a la prevención y la resiliencia territorial.