Greenpeace lamenta que el Gobierno no cierre el grifo a los combustibles fósiles que exponen la economía a más inflación e inseguridad

• En el nuevo decreto ley aprobado hoy, el Gobierno acaba de sumar casi dos mil millones de dinero de los contribuyentes para ahondar en la dependencia de los combustibles fósiles inestables, desoyendo la recomendación de organismos y expertos 
• Un reciente informe de Greenpeace denuncia que España es el país que más ha incidido en este tipo de medidas generalistas, regresivas y que dañan las cuentas públicas  
• La organización respalda las medidas para reducir la dependencia fósil y acelerar la eficiencia, la electrificación y la penetración de las renovables, pero se quedan cortas para responder a la mayor crisis energética de la historia   
• Frente al efecto de las olas de calor, se valora positivamente los 200 millones para el ahorro energético y adaptación de los centros educativos

Greenpeace considera que parte de las medidas aprobadas en el Consejo Extraordinario de Ministros celebrado hoy para hacer frente a las consecuencias inflacionarias de la guerra en Oriente Medio, siguen beneficiando a empresas de combustibles fósiles bajo la justificación de ayudar a la gente. Para la organización ecologista, el Gobierno vuelve a tropezar con la misma piedra de las ayudas indiscriminadas e ineficaces, como la rebajas fiscales del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Estas medidas ahondan en más dependencia fósil y siguen beneficiando en buena parte a las grandes empresas fósiles, como hemos visto estos meses y en la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

La organización ecologista sí valora positivamente las medidas estructurales que profundizan en las soluciones que protegen los hogares y la economía de la inflación fósil, pero pide garantías reales y transparencia para que el nuevo sello de excelencia ambiental social y territorial no se quede en papel mojado. También valora positivamente el que el Gobierno rebaje la fiscalidad de la electricidad de manera permanente, pero lamenta que lo haga solo de la mano de la patronal y no haya extendido las medidas fiscales que facilitan a la ciudadanía el invertir en rehabilitar sus viviendas, acceder a la movilidad eléctrica o participar de las energías renovables, más allá de 2026. 

También es una buena noticia que el Gobierno haya aprobado una partida de 200 millones de euros para rehabilitar energéticamente y adaptar los centros educativos. Greenpeace había denunciado la situación alarmante que vivió la comunidad educativa en las últimas olas de calor que han afectado al final de curso. 

“Aunque valoramos positivamente algunas medidas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y adaptarnos a la nueva realidad climática, éstas se quedan muy cortas cuando estamos apenas saliendo de la mayor crisis energética de la historia. España importa 22.000 millones de euros de combustibles fósiles, lo que es el pasaporte para la siguiente crisis y un cheque en blanco a la codicia fósil. Por ello, resulta injustificable que el país que mejor ha resistido el shock de Ormuz gracias a las renovables, siga destinando miles de millones de euros a subvencionar el consumo fósil a costa del bolsillo del contribuyente y del clima. Una vez más: ganan Trump y Repsol y pierde la ciudadanía”, señala Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace.

Tropezar con la misma piedra

Según un informe reciente de Greenpeace “Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz”, España ha dedicado casi la mitad del paquete de unos 5.000 millones de euros a incentivar el consumo fósil, un nivel de recursos que no ha realizado ningún país de la UE. Por ello, en el análisis de los planes de respuesta de 7 países de la UE, España ha obtenido el peor resultado en términos de dependencia de los combustibles fósiles. El análisis metodológico de Greenpeace explica que este despliegue de enormes recursos ha carecido de una dirección política coherente, priorizando al mismo tiempo medidas generalistas que han ahondado en la dependencia fósil por encima de las medidas positivas de protección de colectivos más vulnerables y de avance en la transición. Como han señalado entidades como Funcas, el Banco de España y la propia Comisión Europea, estas medidas tienen un elevado coste fiscal y una cuestionada eficacia, recomendando, en su lugar, priorizar soluciones específicas que atiendan públicos y sectores más vulnerables y que aceleren el cambio de modelo. 

Greenpeace ha planteado medidas radicales para salir de Ormuz, que estén a la altura de la mayor crisis energética de la historia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles y ganar en bienestar. Entre las que se encuentran impuestos a superricos, a las empresas fósiles y los vuelos VIP para financiar la transición ecológica y nutrir un Fondo Soberano Verde, rehabilitar 10 millones de hogares vulnerables antes de 2040 y una Reserva Estratégica de Almacenamiento Renovable. También, un abono de transporte único para todo el territorio, vetar la publicidad de combustibles fósiles y un «bono climático» para que las personas del campo salgan de la trampa de los fertilizantes y de la codicia del agronegocio.

“La guerra de Irán ha demostrado una vez más que depender del petróleo es la receta para vivir permanentemente en crisis. El Gobierno ha adolecido de falta de imaginación a la hora de formular algo más valiente y original que ayude a nuestra economía a salir de la dependencia fósil y construir nuestro bienestar y soberanía de forma duradera”, concluye García Paret.