El negocio de la venta de armas en nuestro país es tan oscuro que no nos permite percibir la realidad de la guerra en su total crudeza. Esta investigación sigue el camino que recorren las armas Marca España exportadas irregularmente.
España y la venta armas al margen de la ley
Decir que España exporta armamento no es nada nuevo. Somos el séptimo exportador mundial de armas 1 de los últimos diez años, por detrás de grandes potencias militares como Estados Unidos y Rusia.
Pero, ¿sabemos quiénes o qué lugares están involucrados en estas exportaciones; qué empresas se enriquecen vendiendo armas a países que pueden usarlas contra civiles; dónde se fabrican; qué armas son las que se envían; en qué cantidad; cómo viajan por nuestro territorio o cómo se envían a esos países?
A pesar de conocer los grandes números del comercio de armas españolas, se trata de un negocio tan oscuro y con tan evidentes intereses económicos para las grandes empresas que se sirven de las instituciones públicas para promocionar sus negocios en el extranjero, que es muy difícil dar respuesta a estas preguntas.
Greenpeace, como parte de la campaña Armas Bajo Control, en la que trabaja con Amnistía Internacional, FundiPau y Oxfam Intermón, analiza cada año estas exportaciones. En 2017 se han identificado un total de 25 operaciones: dos especialmente graves, a Arabia Saudí e Israel, que deben cesar de forma inmediata; operaciones preocupantes referidas a las exportaciones realizadas y/o autorizadas en 2017 de determinados tipos concretos de armas a 16 países y determinadas operaciones con seis países sobre las que se necesita más información.
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Es muy grave que el Gobierno español siga autorizando la venta de armas cuando existe un riesgo sustancial de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Sin embargo, esto es lo que ocurre en el caso de Arabia Saudí y otros países de la coalición internacional encabezada por los saudíes que opera en Yemen, que desde 2015 han llevado a cabo más de 18.000 bombardeos en ese país. Uno de cada tres de esos ataques ha sido a objetivos no militares como viviendas, hospitales, escuelas o mercados, como ha ocurrido en agosto de 2018, cuando un bombardeo de un autobús escolar en un mercado costó la vida a decenas de menores.
Algo similar ocurre con la exportación de munición española a Israel, donde las fuerzas israelíes cometen homicidios ilegítimos de civiles palestinos y los mantienen recluidos ilegalmente en los Territorios Palestinos Ocupados. Desde finales de marzo de 2018, decenas de personas han muerto y miles han resultado heridas como consecuencia de los disparos del ejército de Israel.
Además de éticamente reprobables, estas exportaciones de armas son ilegales. España ha firmado y ratificado un Tratado Internacional que las prohíbe y tiene su propia ley que, si se aplicase correctamente, el Gobierno no debería autorizarlas. Todo agravado por el hecho de que el Gobierno no tiene mecanismos efectivos de control que verifiquen el uso final y se limita a confiar en la palabra del país receptor de estas armas.
El sistema de control del comercio de armas en España se escuda en clasificar esta información como “secreto oficial”, lo que permite al Ejecutivo no tener que rendir cuentas e impide al Parlamento y a las ONG saber las razones por las cuales autoriza o deniega una venta de armas. En definitiva, no nos deja comprobar si se está cumpliendo la ley lo que, en algunos casos, supone que el Gobierno español pueda ser cómplice de cometer atrocidades.
Todo este oscurantismo y falta de transparencia no nos permite percibir la realidad en su total crudeza. Con la poca información a la que se puede acceder, hemos elaborado estas rutas 2 que nos describen cómo se operan en España estas exportaciones ilegales de armas.