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03-06-2020

Rescates públicos

Estamos ante un momento crucial para impulsar la transformación del sistema y, por ello es importante conocer dónde y a quién se van a destinar las inversiones públicas y los rescates para dar salida a la crisis económica y social derivada de la actual crisis sanitaria.

Tradicionalmente los rescates han servido para salvar las cuentas de resultados de las grandes empresas antes que para velar por el bienestar social. Una característica que ya se observó en la crisis económica de 2008 y que no debe repetirse en los rescates que se produzcan ahora. El dinero público se tiene que destinar a fines comunes que fortalezcan el tejido económico sostenible y local, y no a las cuentas bancarias de los accionistas de las grandes corporaciones.

No podemos repetir errores. Las inversiones públicas deben promover la transición ecológica para evitar crisis futuras y por ello es preciso no retomar la financiación pública de aquellas actividades que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y destruyen los recursos naturales, en especial los sectores de los combustibles fósiles, la energía nuclear, la agricultura y ganadería industrial, y los sectores del ladrillo y del hormigón.

Resulta imprescindible que cualquier intervención estatal sobre una compañía vaya acompañada de un plan de negocio que asegure su neutralidad climática y su desarrollo dentro de los límites de los recursos del planeta. Las empresas que no han hecho los deberes a tiempo no pueden utilizar la crisis de la Covid-19 como pretexto para infringir las ‘normas del juego’ que ya eran conocidas y se aprobaron mediante mecanismos democráticos. La ambición climática debe aumentar y las normativas ambientales deben respetarse y endurecerse para hacer frente a la crisis ambiental.

Vivimos una época muy complicada donde la sociedad debe asumir un importante esfuerzo para seguir adelante, por eso hay más condicionantes que se deberían cumplir en estos rescates. En este contexto, las empresas rescatadas no deberían poder emitir dividendos, aprobar bonos variables, ni declarar beneficios en su cuenta de resultados. No podemos repetir la vergonzosa imagen de directivos de empresas rescatadas cobrando bonos millonarios mientras la población más desfavorecida asumía la peor parte de la crisis. Del mismo modo, cualquier empresa o filial beneficiada por los planes de rescate no podrá operar en paraísos fiscales y deberá estar sujeta a estrictas regulaciones públicas, las cuales deberían permanecer más allá del periodo de rescate. Solo mediante un sistema transparente podemos verificar que el dinero público cumple su función de beneficiar a la sociedad en su conjunto y no solo a las grandes empresas rescatadas.

Es el momento de despedir las recetas de austeridad que trajeron recortes sobre los servicios públicos para invertir en el desarrollo de capacidades que favorezcan el bienestar del conjunto de la población, en sectores útiles para el cuidado de la vida y de las comunidades. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que cualquier intervención estatal debe servir para garantizar los derechos fundamentales como son la sanidad, la educación, la vivienda, la alimentación y los suministros básicos (electricidad, comunicaciones, agua adecuada para el consumo…), en especial para los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

Por último, la salvaguarda de las personas debe ser una de las principales metas de los rescates públicos, por lo que garantizar sus condiciones de empleabilidad y salario es requisito imprescindible. La transformación ecológica es una oportunidad para crear empleos dignos y sostenibles. La OIT estima para España que se crearían 550.000 empleos al año en la próxima década con esta transformación.

En definitiva no se trata de elegir entre salud o economía. La disyuntiva es elegir entre una economía centrada en la dignidad para todas las personas y en el medioambiente, o una economía especulativa con beneficios para una exigua minoría.