Se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, con la que el Gobierno de entonces respondió al ciclo de protestas iniciado en la crisis económica de 2008, y que supuso el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país. 

Redactada en un contexto de fuerte contestación social frente a las políticas de austeridad y los rescates a la banca, la ley mordaza entró en vigor definiendo un modelo de seguridad ciudadana inspirada en el viejo sueño del orden público, que consideraba la protesta pacífica como una amenaza y no como una parte consustancial a la convivencia democrática. Por ejemplo, algunos de los artículos parecían haberse redactado a medida para castigar duramente las acciones de protesta pacífica que en Greenpeace solemos llevar a cabo, como el escalamiento de edificios o las protestas en algunas infraestructuras contaminantes. 

A pesar de las repetidas promesas de derogación plasmadas en sucesivas campañas y numerosos programas electorales desde 2015, lo cierto es que cinco años y más de 400 millones de euros en sanciones después, la ley mordaza continúa intacta. Y no solo eso, sino que ante la reciente crisis sanitaria, ha resultado ser el soporte legal utilizado de forma masiva para garantizar la “seguridad” de la población frente al virus a base de multas, precisamente por los mismos que prometieron derogarla. 

Esta crisis nos ha demostrado, sin embargo, que en los momentos difíciles la auténtica seguridad ciudadana tiene más que ver con otros aspectos, como poder acceder a servicios públicos de calidad o tener cubiertas las necesidades básicas. Por ello resultan tan necesarias las voces críticas que salen a las calles a señalar las debilidades de nuestro actual sistema y a exigir medidas de justicia social y ambiental. 

El futuro que tenemos por delante no es sencillo y necesitamos construir entre todos y todas una sociedad más resiliente ante los retos que se derivan, por ejemplo, de la actual emergencia climática. En este contexto, una ley de seguridad ciudadana diseñada para silenciar las calles resulta contraproducente, porque son precisamente las grandes movilizaciones las que han servido de acicate para los mayores avances sociales de la historia. 

Por ello, hemos impulsado el manifiesto 5 años de mordazas ¡Basta!, con el que unimos nuestras fuerzas a cerca de 200 organizaciones para exigir la sustitución de la ley mordaza por un una legislación que proteja y promueva el ejercicio de los derechos fundamentales en democracia, como son la libertad de expresión o el derecho de reunión y manifestación. Si todavía no lo has hecho, ¡suma a tu colectivo o asociación, y nos vemos en las calles!