¡Hoy hemos hecho historia! Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, hemos dado un paso decisivo en el procedimiento judicial contra la inacción climática del Gobierno, que iniciamos el pasado 1 de octubre: hemos presentado la demanda, que es la pieza fundamental de un proceso judicial de estas características; el documento en el que hemos esgrimido todos los argumentos científicos y jurídicos que tenemos, para tratar de convencer al Tribunal Supremo de que obligue al Gobierno de España a incrementar su ambición en la lucha contra el cambio climático.

Hasta ahora sólo habíamos presentado un recurso, en el que de forma somera, expusimos al Tribunal cuáles eran nuestros motivos para demandar al Gobierno, que el Tribunal Supremo aceptó, dándonos un plazo de un mes para presentar la demanda.

Tras unas semanas frenéticas de trabajo a contrarreloj, hoy hemos presentado 187 páginas llenas de evidencias científicas sobre el cambio climático, y de argumentos jurídicos de vanguardia, que se están empleando en el entorno comparado europeo e internacional, en los más de 150 litigios climáticos contra la inacción de los gobiernos que existen ahora mismo en todo el mundo. Al cuerpo de la demanda hemos acompañado también más de 25 informes sobre los impactos del cambio climático a modo de prueba documental, además de dos informes periciales de una profesora y un catedrático, expertas en la materia, que han elaborado para presentarlos ante el Tribunal, como prueba de los impactos que el cambio climático tiene en España y el resto del mundo, tanto sobre la sostenibilidad del medio ambiente, como sobre la salud y la vida, como sobre la pobreza y la desigualdad material.

Nuestra demanda cuenta, además, con el apoyo de más de 55 organizaciones de la sociedad civil, y más de 24.000 ciudadanos y ciudadanas que nos han prestado apoyo con su firma. Contar con un respaldo tan importante de la sociedad civil, es decisivo para el buen éxito del proceso, para que también la justicia sepa que, una vez más, la sociedad va por delante del Derecho. 

Los diferentes Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático, dejándonos a la merced de las consecuencias del mismo con gran irresponsabilidad. España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Por este motivo, solicitamos al Tribunal Supremo que obligue al Gobierno a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990, en línea con lo que recomienda la comunidad científica que debemos hacer para no superar el 1,5ºC de aumento global de la temperatura, por encima del cual los impactos del cambio climático podrán ser devastadores. La semana pasada, la Unión Europea (UE) aumentó el objetivo de reducción de emisiones del 40% al 55% netas para 2030, para estar mejor alineado con el compromiso adquirido con la firma del Acuerdo de París, aunque todavía es insuficiente. Mientras tanto, el Ejecutivo español propone reducir las emisiones sólo un 23% para 2030, una cifra muy alejada de las recomendaciones de la comunidad científica.

La demanda que presentamos evidencia que las sequías, las inundaciones y los incendios son cada vez más devastadores en España; y que el cambio climático impacta de manera decisiva en la pobreza y profundiza la la desigualdad, en particular la brecha de género, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos.

El Gobierno prevé que en 2030, nuestro país continúe teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético. Un modelo energético basado en los combustibles fósiles, además de ser responsable del cambio climático, contamina gravemente el aire, lo que, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año. El abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire. 

La falta de ambición climática del Gobierno español es más que evidente: no hablamos de fríos números, sino de la posibilidad de contar con un hábitat sostenible en el que desarrollar una vida digna y saludable, para las generaciones presentes y futuras; de nuestras hijas e hijos, de nuestros nietos y nietas. Por ellas y por ellos, mientras los Gobiernos sigan sin cumplir con su obligación de protegernos, nosotras no cejaremos en el empeño.

Nos va la vida en ello.

Escrito por Lorena Ruiz, abogada de Greenpeace España.