Ahora más que nunca, los mecanismos democráticos son un eje vital para articular este proceso de transformación del sistema, nuestro GND. Es innegable que la evolución democrática de nuestra sociedad en estas últimas cuatro décadas ha sentado las bases de una próspera convivencia hasta nuestros días. Sin embargo, los avances políticos y sociales alcanzados en este período están en una situación de claro retroceso, en el marco de un contexto global de progresivo debilitamiento de los mecanismos democráticos nacionales e internacionales.
La salida de las crisis de 2008, la Gran Recesión, no solo implicó austeridad económica y un incremento de las desigualdades sociales, sino que vinieron acompañadas de recortes de derechos y libertades con la intención de aplacar las críticas y protestas contra las medidas que se estaban implementando. Un ejemplo paradigmático de ello fue la promulgación en 2015 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como “Ley Mordaza” por su impacto sobre las libertades democráticas, como el derecho de reunión y manifestación, y que ha sido objeto de preocupación por parte de diferentes organismos internacionales por este motivo. A pesar de las promesas de derogación por parte de la mayoría de partidos políticos durante estos cinco años, todavía sigue siendo una asignatura pendiente y paradójicamente, ha resultado ser el marco legal empleado durante el estado de alarma como régimen sancionador, con más de un millón de propuestas de sanción.
La participación ciudadana, la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información son claves para asegurar una democracia de calidad.
Cada vez es más habitual que grandes empresas presenten demandas judiciales millonarias contra periodistas, activistas o ciudadanos que escriben artículos, realizan críticas o ponen en marcha campañas para denunciar posibles malas prácticas. Estas demandas tienen una clara intención de intimidar y hacer desistir a estas personas de su objetivo o de su crítica, y resultan por tanto una amenaza para la libertad de expresión y la participación ciudadana.
La libertad de expresión comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas o poderes económicos. En este sentido, la transparencia y el derecho de acceso a la información tienen que estar asegurados. Se deben eliminar todas aquellas trabas y limitaciones excesivas o no convenientemente justificadas al ejercicio de este derecho.
Un caso flagrante de cómo la falta de transparencia y las limitaciones excesivas al derecho de acceso a la información están horadando nuestra calidad democrática es el excesivo secretismo del comercio de armas que tanto preocupa a Greenpeace como organización pacifista. A pesar de que se autorizan sistemáticamente exportaciones de armas a países envueltos en conflictos en los se están cometiendo graves violaciones del derecho internacional, no hay rendición de cuentas por parte del Gobierno, no hay control posible al Ejecutivo por parte de Parlamento ni de la sociedad. Esto genera una situación de impunidad que no se ajusta a los estándares democráticos básicos.
Por otro lado, durante la pandemia ha aumentado de forma sustancial de la desinformación, con la difusión de bulos con carácter estratégico y de forma programada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta dinámica de confusión con el objeto de generar odio y miedo está provocando la polarización de la sociedad y es una grave amenaza para la convivencia democrática. Por la influencia creciente de las redes sociales en la generación de opinión pública y el debate social, urge la elaboración de un plan integral contra la desinformación, que ponga el acento en la pedagogía sobre el uso de las redes sociales y en la promoción de la cultura de diálogo social, que promocione la existencia de mecanismos independientes de verificación y que promueva la colaboración de las grandes plataformas de comunicación digital, cuidando escrupulosamente el derecho a emitir opiniones libremente.