Para poder combatir con éxito el cambio climático y la amenaza nuclear necesitamos poner a las personas y el planeta en el centro de cómo producimos, consumimos y distribuimos la energía. Necesitamos un sistema energético 100% renovable, eficiente, inteligente y participado por la gente.
El problema
Aunque se está produciendo un cambio en el sistema energético, su ritmo es demasiado lento para no superar el aumento de 1,5ºC que nos indica la ciencia. Detrás de este retraso se encuentran principalmente los intereses de un oligopolio energético con otros negocios sucios que rentabilizar en cartera y cuya presión de lobby sobre nuestro sistema económico, político, legislativo y social queda patente a través de las puertas giratorias, o la publicidad y patrocinio de combustibles fósiles, entre otras.
Para que la transformación del modelo energético ocurra a la velocidad necesaria para salvar el clima es imprescindible que millones de personas participen en ella produciendo, intercambiando, almacenando y gestionando energías renovables, tanto de forma individual como colectiva. Por ello, y gracias a que los cambios en la legislación europea y nacional ya lo permiten, es hora de activarnos como ciudadanía, empresas y gobiernos y acelerar esos cambios en escalón que necesita nuestro planeta.
España, que encabezaba el desarrollo renovable y fue líder mundial en energía fotovoltaica en 2008, vio truncado su éxito por las diferentes legislaciones que imperaron desde 2010 al 2018, destruyendo así un futuro prometedor en un país privilegiado en recursos, tecnología, conocimientos técnicos e industria renovable, perdiéndose decenas de miles de empleos en pocos años —cuando en todo el mundo se han triplicado—. Pero ahora, tras años de lucha y batallas ganadas en Europa por parte de instituciones y sociedad civil para acelerar la descarbonización que salve el clima y recuperar nuestros derechos perdidos sobre la energía, toca recuperar también el tiempo perdido con urgencia para ganar la carrera al cambio climático y a nuestra dependencia por los combustibles fósiles y nuclear que, además de condenar nuestro planeta y vidas, importamos en un 90,4%.
Mientras las formas de producción, distribución y comercialización colectiva de energía renovable en manos de la ciudadanía emergen como una tendencia clave en el sector renovable en muchos países, las personas que quieren producir energía en nuestro país se han enfrentado a continuas barreras económicas, administrativas y legales, como el famoso ‘impuesto al sol’, derogado por fin en octubre del 2018, a pesar de que el 30% de la ciudadanía se declaraba entonces altamente predispuesta a participar en la transición energética.
Ahora el 89% de la población en España se declara interesada en el autoconsumo y por ello debemos aprovechar esta gran oportunidad para adueñarnos de esta transición energética que es de y para todas las personas.
La solución
La solución pasa por construir un nuevo sistema energético en el que se reemplacen los combustibles sucios (carbón, petróleo, gas y uranio) por energías renovables y se apueste por la eficiencia, el ahorro y las soluciones tecnológicas inteligentes que aseguren una transición justa para las personas que trabajan en estos sectores y las comunidades que actualmente dependen de las energías sucias.
Pero además estas renovables deben ser respetuosas con la biodiversidad y las personas, generando el mayor impacto positivo al territorio y participado al máximo por la sociedad.
Se trata de un modelo en el que el control sobre la energía no es un privilegio de las grandes empresas energéticas, sino un derecho ciudadano, donde cada hogar pueda ser dueño de su energía, producir, consumir, acumular e intercambiar en su justo valor y en libertad.
Esta transición energética que ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo, en España por fin comienza a despegar tras la derogación del Impuesto al sol en 2018 (Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores) y su posterior desarrollo normativo (Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica), en el que se desarrolla el autoconsumo compartido, individual y de proximidad y se reconoce el derecho a la remuneración de los excedentes. Por eso es obligación de todos los gobiernos impulsarla, facilitarla y agilizarla, priorizando así el interés general, la lucha contra el cambio climático y el abandono de las energías sucias.
Por otro lado, la apuesta total por las energías renovables no solo es la opción más segura para el planeta, sino también para la economía y la justicia social. Un modelo basado mayoritariamente en energías renovables y ahorro energético crearía más de 3 millones de puestos de trabajo en el Estado español, incrementaría nuestro PIB y disminuiría considerablemente la factura energética de los hogares, incluidos aquellos que sufren vulnerabilidad energética (entre un 10%-17% de la población según los últimos datos de 2021). Todo esto se conseguiría para el año 2030.
Para lograrlo hace falta voluntad política.
Desde Greenpeace proponemos que en 2030 casi el 100% de la electricidad sea renovable. El Gobierno planea llegar solo al 74%, pero actualmente no se instala todo lo necesario para lograrlo. Si queremos frenar el cambio climático, además de apostar por la eficiencia y el ahorro, es urgente un despliegue renovable masivo con la máxima participación social y la correcta protección medioambiental.
Qué está haciendo Greenpeace
Greenpeace ha sido pionera en demostrar, mediante la elaboración de una serie de informes, que la revolución energética no solo es posible sino que es viable en pocas décadas. Los informes ‘Renovables 2050’, ‘Renovables 100%’, ‘Energía 3.0’ y ‘Canarias 100% renovable’ aclaran que en España existen soluciones para satisfacer todas nuestras necesidades energéticas y que es posible ponerlas en marcha con la celeridad que requiere un problema de la magnitud del cambio climático. Para ello hemos reivindicado tanto la necesidad y urgencia de un despliegue masivo de renovables participado por la ciudadanía, como la protección y respeto de la biodiversidad y el territorio.
Además, en el informe ‘Energía colaborativa’ y la web Alternativas de energía ciudadana contra el cambio climático se recogen por primera vez la elevada predisposición y revolución ciudadana a ser parte del cambio. Esto nos anima a seguir presionando a políticos y empresas para que se reconozca el derecho y la necesidad de reemplazar el actual sistema centralizado, corporativo y especulativo (basado en combustibles fósiles y la energía nuclear y en un crecimiento constante de oferta y demanda y ausencia de democratización) por uno que pone a las personas, a la justicia económica y al planeta a la vanguardia de la transición, con un sistema energético 100% renovable, distribuido, eficiente, inteligente y democrático, con nuevos actores y servicios, como exige Europa. Y a catalizar las soluciones ciudadanas que permitan el cambio que queremos ver para salvar el clima.
Como parte de esta lucha, en Greenpeace seguiremos presionando para que el desarrollo normativo que falta en España para esta participación masiva de la sociedad en las renovables a través de herramientas como el autoconsumo o las comunidades energéticas vea reconocidos todos los derechos y garantías ciudadanas, tal como recoge la normativa europea.