Para poder combatir con éxito el cambio climático y la amenaza nuclear necesitamos poner a las personas y el planeta en el centro de cómo producimos, consumimos y distribuimos la energía: 100% renovable, eficiente, inteligente y en manos de la gente.

España cuenta con un potencial renovable suficiente para abastecer más de
56 veces
la demanda eléctrica peninsular para 2050.
Un sistema eléctrico basado al
100%
en renovables es técnicamente posible y económicamente asequible.
Con un modelo energético basado en renovables, España podría ahorrar más de
200.000 millones de euros
al año de media.

El problema

Si bien se está produciendo un cambio en el sistema energético con la reactivación en la instalación de energías renovables tras las subastas del 2016 y 2017, su ritmo es demasiado lento, pues viene marcado principalmente por los intereses de un oligopolio energético con otros negocios sucios en cartera. Para que la transformación del modelo energético ocurra a la velocidad necesaria para salvar el clima es imprescindible que millones de personas participen en ella produciendo, intercambiando, almacenando y gestionando energías renovables, tanto de forma individual como colectiva.

España fue líder mundial en energía fotovoltaica en 2008, pero la legislación que imperó desde 2010 fue destruyendo un futuro prometedor en un país privilegiado en recursos, tecnología, conocimientos técnicos e industria renovable, perdiéndose decenas de miles de empleos en pocos años —cuando en todo el mundo se han triplicado— y sembrando serias dudas en la Comisión Europea sobre el cumplimiento español de los compromisos internacionales en el año 2020. Un cumplimiento que ahora debemos recuperar.

Mientras las formas de producción, distribución y comercialización colectiva de energía renovable en manos de la ciudadanía emergen como una tendencia clave en el sector renovable en muchos países, las personas que quieren producir energía en nuestro país se han enfrentado a continuas barreras económicas, administrativas y legales, como el famoso ‘impuesto al sol’ -derogado por fin en octubre del 2018- a pesar de que el 30% de la ciudadanía se declaraba altamente predispuesta a participar en la transición energética.

Greenpeace propone que en 2030 casi el 100% de la electricidad sea renovable. El Gobierno planea llegar al 74%, pero actualmente se instala solo un tercio de lo necesario para lograrlo.
Paneles solares en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla Torre solar en Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla

La solución

La solución pasa por construir un nuevo sistema energético en el que se reemplacen los combustibles sucios (carbón, petróleo, gas y uranio) por energías renovables y se apueste por la eficiencia y las soluciones tecnológicas inteligentes que aseguren una transición justa para las personas que trabajan en estos sectores y las comunidades que actualmente dependen de las energías sucias.

Se trata de un modelo en el que el control sobre la energía no es un privilegio de las grandes empresas energéticas, sino un derecho ciudadano, donde cada hogar podría ser dueño de su energía, que pueda producir, consumir, acumular e intercambiar a su justo valor y en libertad. Esta transición energética que ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo, en España por fin comienza a despegar tras la derogación del Impuesto al sol (Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores) en 2018 y su posterior desarrollo normativo (Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica), en el que se desarrolla el autoconsumo compartido, individual y de proximidad y se reconoce el derecho a la remuneración de los excedentes. Es obligación de todos los Gobiernos impulsarla, priorizando así el interés general, la lucha contra el cambio climático y el abandono de las energías sucias.

Por otro lado, la apuesta total por las energías renovables no solo es la opción más segura para el planeta, sino también para la economía. Un modelo basado mayoritariamente en energías renovables y ahorro energético crearía más de 3 millones de puestos de trabajo en el Estado español, incrementaría en dos puntos anuales el PIB y disminuiría la factura energética en un 34% con respecto a 2012, todo esto se conseguiría para el año 2030.

Para lograrlo hace falta voluntad política.

Qué está haciendo Greenpeace

Greenpeace ha sido pionera en demostrar, mediante la elaboración de una serie de informes, que la revolución energética no solo es posible sino que es viable en pocas décadas. Los informes ‘Renovables 2050’, ‘Renovables 100%’, ‘Energía 3.0’ y ‘Canarias 100% renovable’ aclaran que en España existen soluciones para satisfacer nuestras necesidades energéticas y que es posible ponerlas en marcha con la urgencia que requiere un problema de la magnitud del cambio climático.

Además, en el informe ‘Energía colaborativa’ y la web Alternativas de energía ciudadana contra el cambio climático se recogen por primera vez la elevada predisposición y revolución ciudadana a ser parte del cambio. Esto nos anima a seguir presionando a políticos y empresas para que se reconozca el derecho y la necesidad de reemplazar el actual sistema corporativo, basado en combustibles fósiles y la energía nuclear, por uno que pone a las personas, a la justicia económica y al planeta a la vanguardia de la transición, con un sistema energético 100% renovable, eficiente e inteligente. Y a catalizar las soluciones ciudadanas que permitan el cambio que queremos ver para salvar el clima.

Como parte de esta lucha, en Greenpeace seguiremos presionando para que el desarrollo normativo que falta sobre el autoconsumo en España vea reconocidos todos los derechos y garantías ciudadanas, tal como reconoce la normativa europea.